Observador Urbano

Vergüenza e indignación, el día que no vamos a olvidar

Ha pasado un poco más de una semana de un hecho que nos conmocionó como ciudadanos: en todo el país, cientos de miles de ancianos fueron librados a su suerte y empujados a romper su cuarentena, salir masivamente a la calle y apiñarse a las puertas de los bancos para intentar cobrar sus jubilaciones.

Hay en este hecho una cadena concurrente de responsabilidades, por negligencia, por acción y omisión. Esta cadena se distribuye fluidamente entre las competencias de varios organismos y entidades públicas y privadas; entre competencias nacionales, provinciales y locales; entre funcionarios, gerentes, autoridades y hasta representantes sindicales y sectoriales. Responsabilidades que involucran al Ejecutivo Nacional, al Provincial, Municipal, a la ANSeS, al BCRA, a los representantes en los Poderes Legislativos de cada jurisdicción -autolicenciados “con goce de haberes” apenas se perfiló la Cuarentena-, a un Poder Judicial incapaz de actuar de oficio, al Ministerio Público, al Defensor de la Tercera Edad y a las fuerzas policiales, entre otros.

Y también hay causas objetivas, en algunos casos, de larga data.

En efecto, lo acontecido parte también de un problema de origen cultural, principalmente entre las personas de mayor edad, y según el ambiente sociocultural en el que se han desenvuelto a lo largo de su vida.

Y se suma, además, un déficit en materia logística y tecnológica.

Parece ser éste un tema que no se considera, ni desde el Gobierno Nacional, ni mucho menos a nivel de organismos e instituciones, como AFIP, ANSES, o el Banco Central: Una cosa es el comercio, la economía y la cultura en los grandes centros urbanos, y otra muy distinta en barrios, en pueblos o en el ámbito rural. A eso, agreguémosle la capacidad de la gente adulta mayor para adaptarse a la tecnología, y que guarda relación directa con el ambiente sociocultural en el que vive.

Aquí en Salta Capital se empieza a desarrollar el comercio con pago electrónico hace escasos 3 o 4 años, sobre todo gracias a la aparición del posnet y la aplicación de una empresa privada de e-commerce, casualmente muy combatida por el kirchnerismo. Las terminales portátiles de algún banco (el más presente en la Provincia, por ejemplo), eran idóneas desde lo tecnológico, pero no así en las condiciones comerciales en las que ofrecían el producto, que se volvían inadecuadas y gravosas para pequeños comerciantes.

Los sistemas de lecturas de tarjetas convencionales, dependientes de conexión a líneas telefónicas (los lectores “posnet” clásicos), además de las condiciones contractuales adversas para los pequeños comerciantes, chocan con los problemas de conectividad. Esto es un enorme obstáculo para instalar la cultura del uso de las tarjetas de débito y crédito. En este período, eso ha ido cambiando, pero aún en los barrios de la propia ciudad va a costar encontrar un almacén que trabaje con estos sistemas.

Ahora, trasladémonos a tan sólo 30 kilómetros de esta ciudad. No existe otra cosa que no sea el pago en efectivo. Pensemos entonces en Rivadavia, San Antonio de los Cobres, entonces. (Dato: Cafayate es muy importante turísticamente hablando, pero hasta hace un año, era imposible comunicarse a través de los servicios de alguna de las empresas de telefonía celular).

El viernes pasado, en el centro de Salta se vieron escenas alarmantes. Y son los jubilados de esta ciudad. Imaginemos una septuagenaria de Iruya, donde sólo hay una sucursal del Banco Macro. En épocas normales (ignoro qué pasará ahora), personal de la casa central tenía que viajar a esas localidades remotas, en las fechas de pago de jubilaciones, en apoyo de la dotación local, para asistir a las personas mayores a cobrar por los ATM.

En Iruya, alumnos de un sistema de educación virtual que implementa desde hace años la provincia tenían hasta hace poco que bajar una vez a la semana a Humahuaca (Jujuy) para conectarse.

Y a muchos, con edades que en promedio nos andan por los 45-55, también nos llevó su tiempo pasar del simple uso del plástico para sacar plata del cajero a operaciones más remotas como el comercio electrónico o las gestiones de banca electrónica.

Como si fuera poco, a todo esto sumémosle la escasez de cajeros ATM, lo que lleva a que esté instalada la costumbre de hacerse de suficiente efectivo cuando viene el fin de semana o varios días inhábiles. De hecho, cualquier viernes por la tarde los cajeros se vacían. ¿Cómo entonces no puede pensarse que en estas circunstancias un jubilado no quiera desesperadamente hacerse de los pocos pesos que se le asignan?

Que conste que los empleados de las entidades bancarias que deben seguir trabajando, lo están haciendo al límite, con las mismas preocupaciones, incertidumbres y angustias que cualquiera. No son ellos los responsables de las decisiones, y son también afectados. Están entre la espada y la pared, empujados por los empleadores y por las propias circunstancias (cumplir con la necesidad de brindar a los jubilados su subsistencia dineraria). Las responsabilidades y las decisiones pasan por otros niveles. En este caso, por la dirigencia nacional de los representantes de los trabajadores, que en modo alguno fueron totalmente ajenos ni pueden alegar desconocimiento de la decisión de proceder a la apertura de las entidades para el cobro de haberes jubilatorios.

Entonces, ¿cómo es posible que todas las partes involucradas, a nivel nacional y provincial no hayan advertido que esto podía pasar?

La respuesta está en todos y cada uno de los responsables: en su falta de empatía, su indolencia, su absoluta carencia de solidaridad, la incapacidad que tienen de ver más allá de la especulación política o sectorial, para pensar en aquellos que menos tienen, fuera de la permanente instrumentalización a la que los someten. Una dirigencia donde los pobres, los desocupados, los jubilados, los aborígenes, los menores en riesgo, los marginados y excluidos son convertidos en un simple medio, cuando no en una invocación vacía, con el solo propósito de construir y conservar el poder. Un mal endémico que resulta más devastador y mortífero que el propio coronavirus. Una patología dirigencial que deja secuelas de miseria, desnutrición y mortandad infantil, clientelismo, negociados y corrupción, como lo hemos visto esta misma semana, con las compras directas con sobreprecios, que desde el propio gobierno y a sabiendas se llevaron a cabo, al módico precio de hacer saltar -eventualmente- a algunos fusibles de segunda línea para preservar a las cabezas.

Todos ellos, deben saber que cuando todo esto pase, habrá muchas cuentas que saldar.

Por Roberto, un ciudadano común                                                                    12/04/2020

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