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Vergüenza e indignación, el día que no vamos a olvidar

Ha pasado un poco más de una semana de un hecho que nos conmocionó como ciudadanos: en todo el país, cientos de miles de ancianos fueron librados a su suerte y empujados a romper su cuarentena, salir masivamente a la calle y apiñarse a las puertas de los bancos para intentar cobrar sus jubilaciones.

Hay en este hecho una cadena concurrente de responsabilidades, por negligencia, por acción y omisión. Esta cadena se distribuye fluidamente entre las competencias de varios organismos y entidades públicas y privadas; entre competencias nacionales, provinciales y locales; entre funcionarios, gerentes, autoridades y hasta representantes sindicales y sectoriales. Responsabilidades que involucran al Ejecutivo Nacional, al Provincial, Municipal, a la ANSeS, al BCRA, a los representantes en los Poderes Legislativos de cada jurisdicción -autolicenciados “con goce de haberes” apenas se perfiló la Cuarentena-, a un Poder Judicial incapaz de actuar de oficio, al Ministerio Público, al Defensor de la Tercera Edad y a las fuerzas policiales, entre otros.

Y también hay causas objetivas, en algunos casos, de larga data.

En efecto, lo acontecido parte también de un problema de origen cultural, principalmente entre las personas de mayor edad, y según el ambiente sociocultural en el que se han desenvuelto a lo largo de su vida.

Y se suma, además, un déficit en materia logística y tecnológica.

Parece ser éste un tema que no se considera, ni desde el Gobierno Nacional, ni mucho menos a nivel de organismos e instituciones, como AFIP, ANSES, o el Banco Central: Una cosa es el comercio, la economía y la cultura en los grandes centros urbanos, y otra muy distinta en barrios, en pueblos o en el ámbito rural. A eso, agreguémosle la capacidad de la gente adulta mayor para adaptarse a la tecnología, y que guarda relación directa con el ambiente sociocultural en el que vive.

Aquí en Salta Capital se empieza a desarrollar el comercio con pago electrónico hace escasos 3 o 4 años, sobre todo gracias a la aparición del posnet y la aplicación de una empresa privada de e-commerce, casualmente muy combatida por el kirchnerismo. Las terminales portátiles de algún banco (el más presente en la Provincia, por ejemplo), eran idóneas desde lo tecnológico, pero no así en las condiciones comerciales en las que ofrecían el producto, que se volvían inadecuadas y gravosas para pequeños comerciantes.

Los sistemas de lecturas de tarjetas convencionales, dependientes de conexión a líneas telefónicas (los lectores “posnet” clásicos), además de las condiciones contractuales adversas para los pequeños comerciantes, chocan con los problemas de conectividad. Esto es un enorme obstáculo para instalar la cultura del uso de las tarjetas de débito y crédito. En este período, eso ha ido cambiando, pero aún en los barrios de la propia ciudad va a costar encontrar un almacén que trabaje con estos sistemas.

Ahora, trasladémonos a tan sólo 30 kilómetros de esta ciudad. No existe otra cosa que no sea el pago en efectivo. Pensemos entonces en Rivadavia, San Antonio de los Cobres, entonces. (Dato: Cafayate es muy importante turísticamente hablando, pero hasta hace un año, era imposible comunicarse a través de los servicios de alguna de las empresas de telefonía celular).

El viernes pasado, en el centro de Salta se vieron escenas alarmantes. Y son los jubilados de esta ciudad. Imaginemos una septuagenaria de Iruya, donde sólo hay una sucursal del Banco Macro. En épocas normales (ignoro qué pasará ahora), personal de la casa central tenía que viajar a esas localidades remotas, en las fechas de pago de jubilaciones, en apoyo de la dotación local, para asistir a las personas mayores a cobrar por los ATM.

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En Iruya, alumnos de un sistema de educación virtual que implementa desde hace años la provincia tenían hasta hace poco que bajar una vez a la semana a Humahuaca (Jujuy) para conectarse.

Y a muchos, con edades que en promedio nos andan por los 45-55, también nos llevó su tiempo pasar del simple uso del plástico para sacar plata del cajero a operaciones más remotas como el comercio electrónico o las gestiones de banca electrónica.

Como si fuera poco, a todo esto sumémosle la escasez de cajeros ATM, lo que lleva a que esté instalada la costumbre de hacerse de suficiente efectivo cuando viene el fin de semana o varios días inhábiles. De hecho, cualquier viernes por la tarde los cajeros se vacían. ¿Cómo entonces no puede pensarse que en estas circunstancias un jubilado no quiera desesperadamente hacerse de los pocos pesos que se le asignan?

Que conste que los empleados de las entidades bancarias que deben seguir trabajando, lo están haciendo al límite, con las mismas preocupaciones, incertidumbres y angustias que cualquiera. No son ellos los responsables de las decisiones, y son también afectados. Están entre la espada y la pared, empujados por los empleadores y por las propias circunstancias (cumplir con la necesidad de brindar a los jubilados su subsistencia dineraria). Las responsabilidades y las decisiones pasan por otros niveles. En este caso, por la dirigencia nacional de los representantes de los trabajadores, que en modo alguno fueron totalmente ajenos ni pueden alegar desconocimiento de la decisión de proceder a la apertura de las entidades para el cobro de haberes jubilatorios.

Entonces, ¿cómo es posible que todas las partes involucradas, a nivel nacional y provincial no hayan advertido que esto podía pasar?

La respuesta está en todos y cada uno de los responsables: en su falta de empatía, su indolencia, su absoluta carencia de solidaridad, la incapacidad que tienen de ver más allá de la especulación política o sectorial, para pensar en aquellos que menos tienen, fuera de la permanente instrumentalización a la que los someten. Una dirigencia donde los pobres, los desocupados, los jubilados, los aborígenes, los menores en riesgo, los marginados y excluidos son convertidos en un simple medio, cuando no en una invocación vacía, con el solo propósito de construir y conservar el poder. Un mal endémico que resulta más devastador y mortífero que el propio coronavirus. Una patología dirigencial que deja secuelas de miseria, desnutrición y mortandad infantil, clientelismo, negociados y corrupción, como lo hemos visto esta misma semana, con las compras directas con sobreprecios, que desde el propio gobierno y a sabiendas se llevaron a cabo, al módico precio de hacer saltar -eventualmente- a algunos fusibles de segunda línea para preservar a las cabezas.

Todos ellos, deben saber que cuando todo esto pase, habrá muchas cuentas que saldar.

Por Roberto, un ciudadano común                                                                    12/04/2020

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Salta en “código rojo”: pobreza y desocupación

La pandemia generada por la covid-19 ya causó más de 20.000 contagios y un millar de muertes en la provincia, pero sobre todo agudizó las diferencias sociales imperantes en este rincón del país. Las estadísticas indican que Salta ostenta números alarmantes, sin embargo hay toda una clase política que parece desentendida del asunto.

Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares, que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos, analizaron 181.055 hogares en Salta, que comprenden a unas 638.285 personas. A partir de ese análisis se conoció que el conglomerado urbano de Salta -conformado por Capital y alrededores- tuvo una baja en los índices de pobreza e indigencia, que alcanzan ahora un 41,7%. Esta tendencia fue a contramano del incremento general que hubo en el país. Lo mismo se dio con la indigencia, ya que el número salteño llegó a 10,3%, mientras que el promedio en Argentina es de 10,5.

En este análisis Salta también presenta otra particularidad. No registró vaivenes como consecuencia de la pandemia. El pico de pobreza lo alcanzó en el segundo semestre de 2019 con 45,5%, y esa cifra se repite en primer semestre de 2020.

Actualmente, son 248.748 los pobres en el área metropolitana salteña, 22.766 menos que en la primera mitad del año pasado, cuando el total ascendía a 265.982 Con baja y todo, sigue siendo una cifra elevada, que se agrava con los 66.012 indigentes. Los hogares debajo de la línea de la pobreza llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).

La merma en las cifras no da margen a celebraciones. A pesar de esto la respuesta política es escasa o mejor dicho nula. En un mes de trabajo ordinario, los 21 concejales de la ciudad no dijeron nada al respecto. Tampoco trataron Ordenanzas en relación al tema. El silencio replicó en ambas cámaras de la Legislatura y en el Centro Cívico Grand Bourg.

Trabajo no hay

Al finalizar el 2019 había 270.000 salteños ocupados en un trabajo, mientras que al concluir el 2020 ese número se redujo a 260.000. Estas cifras del Indec resultan paradójicas porque el índice de desempleo también bajó en un año de 10,3% a 9%.

Hasta 2019, en Salta se registraban unos 31.000 desocupados, mientras que en el ocaso de 2020 los desocupados en la provincia se ubicaban en 26.000. La caída de la cantidad de personas empleadas y el menor número de desempleados, radica, según el organismo oficial, en que habría un abandono de por lo menos 10.000 personas en la búsqueda activa de trabajo.

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Para el INDEC, en Salta capital y alrededores hoy viven 639.000 personas en total, de las cuales 286.000 son económicamente activas, 260.000 tienen trabajo y 26.000 están desocupados. Un dato no menor es que también hay 66.000 personas que ya tienen un trabajo, pero se encuentran buscando otro.

En tanto en el 2019 había 632.000 habitantes en Salta, 301.000 eran económicamente activos, 270.000 ocupados, 31.000 desocupados y 48.000 personas estaban subocupadas.

A nivel regional la desocupación de Salta es la segunda, solo por detrás de la que se registra en Tucumán, que llega al 9,5%. En promedio, las provincias del NOA tienen un 7,2% de desocupados.

Estos números, tan fríos como reales por las historias que esconden atrás, todavía esperan ser tenidos en cuenta.

Por Nahuel Toledo – Periodista 18/03/21

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Reforma Constitucional en Salta: ¿Y la educación?

El contexto de pandemia develó una serie de falencias que deberían obligar a los salteños a reconocer sus verdaderas prioridades y actuar al respecto.

El Gobierno desea avanzar este año con la reforma de la Constitución Provincial, y más allá del debate originado relacionado principalmente con la ocasión de hacerlo, plantea la oportunidad de un debate histórico sobre el futuro de la provincia y el rol de la Educación para alcanzar cualquier meta de crecimiento y desarrollo que se proponga.

Hasta ahora el debate y el interés de las autoridades expresadas a la sociedad están centrados en la duración de los mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces, el mandato de los concejales y la composición de los organismos de control.

¿Y la educación?

Los inconvenientes que está originando la “bimodalidad” en los establecimientos educativos, principalmente de gestión estatal, este año (por no mencionar lo ocurrido en el 2020) y la complicada reconexión de los niños y jóvenes con la escolaridad presencial actual demuestra con crudeza qué poca importancia estratégica le otorga la sociedad y las autoridades públicas a la educación.

Hasta ahora todo indica que nuestros dirigentes involucrados con la reforma estarían pasando por alto el drama educativo que afecta especialmente a los salteños y que se agravó con la COVID-19, como si la educación no fuera un derecho esencial.

No pareciera estar contemplado como punto clave de la reforma cuáles son los aspectos y las perspectivas que refieren a la proyección de las necesidades y soluciones educativas que impone el siglo XXI.

La actual Constitución que se pretende reformar fue sancionada el 2 de junio de 1986, reformada parcialmente, concordada y sancionada por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 y jurada el día 8 del mismo mes y año. Desde ese entonces a hoy hubo cambios normativos y de contexto que afectaron sustancialmente a la cuestión educativa a nivel nacional y que la Constitución local aún no refleja explícitamente.

Una oportunidad histórica

Podría ser una oportunidad histórica, que impone el tiempo actual, para actualizar las bases sobre la que se asienta el sistema educativo salteño; personalmente incluiría primordialmente en el debate al actual art. 49, que habla de las bases del sistema educativo local y el art. 76 relacionado al mismo, para destacar la importancia de la educación en el Desarrollo Económico y Social de la provincia. Algo semejante a lo que ocurrió en la última reforma de la Constitución nacional cuando se incorpora la “cláusula de progreso” y la relaciona directamente con los aspectos educativos.

Si bien es cierto, la ley de Educación 26206 contempla varios aspectos de los mencionados, estableciendo el derecho de los alumnos a desarrollar sus aprendizajes con instalaciones y equipamiento adecuados, que aseguren su calidad (art. 126, inciso j), sabemos por experiencia que el principal factor de incumplimiento de este derecho es la insuficiencia de recursos estatales para garantizar la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Esto genera en muchas provincias diversos problemas: falta de aulas y de conectividad en las escuelas y espacios educativos adecuados, falta de instalaciones dignas, calefacción, equipamiento, entre otros.

Otro problema que se debe poner en la mesa de debate es el relacionado con la necesidad de contar con datos del sistema educativo en general y en particular sobre el nivel socioeconómico de los alumnos de cada escuela para la toma de decisiones, además de ser un factor que promueve condiciones poco justas y equitativas de distribución de los recursos estatales para la infraestructura escolar.

La actualización de la Constitución podría sentar las bases para que estos temas sean objeto de posterior legislación provincial.

Me refiero específicamente a las cuestiones relacionadas con la calidad educativa y la educación y formación profesional de los trabajadores a lo largo de la vida, que posibiliten el desarrollo de las personas y la región, además de permitirles el acceso a un trabajo digno e inclusivo que permita reducir brechas y desigualdades. Cabe destacar que la calidad de la vida humana depende cada vez más de propuestas educativas que abran acceso al conocimiento, incorporen las nuevas tecnologías, se integre al mundo y consoliden valores fundamentales.

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Un tema crucial, que dejó al desnudo la pandemia y que debería destacarse, son los relacionados con las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento que garanticen a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación; pero que no solo esté relacionado con las condiciones edilicias, sino de conectividad y recursos que se deben disponer para la bimodalidad.

Calidad Educativa

Es evidente que la pandemia profundizó la desigualdad por muchos motivos.

Fue desesperante la baja capacidad operativa y de gestión que han demostrado la administración provincial y el propio Gobierno nacional ante la pandemia, inclusive a la hora de planificar y poner en marcha acciones que ayuden a paliar los efectos de COVID-19. Un tema no menos importante y que prácticamente no está contemplado es el de la calidad y debería incorporarse.

El derecho a la educación con materiales pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas entre los/as alumnos/as y escuelas y un Estado presente que tenga la obligación de distribuir materiales y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y de calidad para todos los alumnos es fundamental.

Un ejemplo de esto, computadoras con acceso a internet y materiales de consulta para docentes y padres. Es importante considerar que estos materiales forman parte del eje de la calidad educativa, dado que tienen claros fines pedagógicos y deben ser elaborados por equipos profesionales de especialistas.

La Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) establece la obligación del Estado de dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad (incluyendo equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas y demás recursos pedagógicos), dando prioridad a aquellos establecimientos que atienden población en situación económica desfavorable (art. 85).

Asimismo, la mencionada ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y su creación en aquellas escuelas donde aún no se hayan desarrollado (art. 91). Por otra parte, dedica un apartado a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, haciendo hincapié en la incorporación de estas herramientas en el proceso de enseñanza – aprendizaje (arts. 94 a 99). La Constitución local debería contemplar este aspecto explícitamente para que se garantice este derecho.

Contemplar la calidad educativa expresamente también implica velar por el derecho a la educación, con docentes bien preparados y actualizados permanentemente, capaces de desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas y significativas, ya que la formación y capacitación de los docentes es un aspecto central de la calidad educativa, ya que el cuerpo docente es el principal determinante de los procesos de enseñanza.

Sentar las bases para el derecho a una educación de calidad que garantice altos niveles de conocimientos básicos comunes y capacidad para el aprendizaje autónomo y socialmente significativo a lo largo de toda la vida es clave. Los aprendizajes de los alumnos deben ser adecuados, actualizados y significativos, para que se cumpla plenamente su derecho a la educación. El Estado es el garante de este derecho y debe generar las condiciones necesarias para su cumplimiento.

Animarse a poner en agenda y meterse en el debate profundo de la educación que necesitamos que propicie el progreso de Salta para salir de la pobreza es la oportunidad y el desafío que se podría poner en agenda.

Por Silvia Alvarez                                                                                                                 23/03/21

* Silvia Álvarez coordinó los encuentros virtuales “Desafíos de la educación digital que viene” (Ucasal)

Fuente: www.eltribuno.info

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Vacunación en Latinoamérica: entre la necesidad y el escándalo

El hecho de que se han logrado crear vacunas para enfrentar el Coronavirus, ha generado esperanzas de lograr superar la enfermedad y evitar mas muertes de seres humanos. Una serie de laboratorios, algunos privados y otros estatales, las comenzaron ha desarrollar y a vender a escala mundial.

Uno de los problemas que se han presentado, desde el comienzo, ha sido la imposibilidad de cubrir la enorme demanda, dado lo extendido de la enfermedad y el surgimiento, de nuevas olas de contagio. Por eso, en la mayoría de los países se dio prioridad en el acceso a la vacunación a personas vinculadas a los servicios de salud y seguridad. Además de los grupos de riesgo.

Pero a estas dificultades, se han agregado, una serie de casos y situaciones que muestran, graves irregularidades a la hora de aplicarlas a las personas que lógicamente eran prioritarias.

Argentina y Perú

Hemos vistos que en estos dos países han sucedido algunos de los casos mas graves. En nuestro país se ha llegado a destituir al Ministro de Salud, por haberse comprobado que gestionó de manera personal, el suministro de vacunas a amigos y parientes. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia, aún cuando el funcionario era, uno de sus más cercanos y confiables colaboradores.

Pero a partir de esta situación se conocieron muchos más casos, en los que quedó en evidencia no sólo la falta de organización, sino también, evidentes actos de corrupción, como la falsificación de documentación para acceder a la vacuna por parte de personas cercanas al gobierno. Esto también se dio con administraciones provinciales y municipales.

En Perú al menos 487 personas entre los que se cuentan el ex presidente Martín Vizcarra, varios miembros de su gabinete y también funcionarios del actual gobierno de Francisco Sagasti, fueron vacunadas de forma que se sospecha irregular a finales de 2020.

Los involucrados recibieron dos dosis de la vacuna que llegó a Perú como un cargamento extra cuando el país era parte de la fase III del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, que ya mostraba resultados prometedores.

Así este grupo de casi 500 personas -que también incluía a familiares y amigos de funcionarios, ministros y otros políticos peruanos- tuvo acceso privilegiado y secreto a la vacuna a finales de 2020.

Paraguay

Paraguay inició el pasado lunes 22 de febrero la campaña de vacunación contra el coronavirus con 2.000 trabajadores de la salud que recibieron la vacuna Sputnik V durante esta primera etapa. En tanto, horas antes de empezar la campaña de vacunación, el ministro de salud del país, Julio Mazzoleni había lanzado una advertencia desde su cuenta de Twitter: “A quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas se lo va a destituir”.

De todas formas, Paraguay solo dispone de 4.000 dosis de Sputnik V, que arribaron al país como parte de un lote de un millón de vacunas adquiridas al Fondo Ruso de Inversión Directa. Se espera recibir 4,3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, una coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud que busca brindar un acceso global equitativo a las vacunas.

Chile

En Chile para el 25 de febrero se habían vacunado 3.125.171 lo que representa el 16% de la población, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Es decir, más del 20% de la población objetivo (15,2 millones) ha recibido al menos una de las dos dosis. Y aunque si bien solo 55.500 personas han recibido la doble dosis –un 0,4% del total–, es el país de América Latina que se encuentra a la cabeza de las inmunizaciones y está entre los más destacados del mundo. Puesto que las estadísticas de Our World in Data de la Universidad de Oxford sitúan a Chile como el quinto país con más dosis puestas por cada 100 habitantes, solo por detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

Hasta el momento, Chile ha firmado acuerdos para vacunas con los laboratorios de Pfizer /BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson y del mecanismo COVAX. Y espera entonces recibir más de 10 millones de dosis de Sinovac (4 millones llegarán antes que inicie marzo), 10 millones de Pfizer/BioNtTech (se espera que se complete una carga de 2 millones de dosis para antes de marzo) y 11 millones de dosis de AstraZeneca (5 millones de dosis para abril o mayo), Johnson & Johnson (ha comprometido 4 millones) y la alianza Covax. Las autoridades sanitarias estudian, además, la posibilidad de comprar ocho millones de dosis de Sputnik V a los rusos.

Uruguay

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Uruguay es el último país de Sudamérica al que le han llegado vacunas, ya que se espera que para el fin de semana de publicación de este artículo arriben las primeras dosis de la vacuna del mecanismo COVAX a las que se sumarán más de tres millones de dosis de Pfizer (que empezarán a llegar a los primeros días de marzo) para alcanzar las 700.000 vacunados por mes según planes del Gobierno. La “demora” en el arribo de vacunas ha generado críticas junto a pedidos de explicaciones por parte de la oposición al Gobierno de Lacalle Pou. 

Brasil

Hasta el 25 de febrero, Brasil ha inoculado a 6.002.050 personas lo que representa casi el 3% de su población de 210 millones de personas, aunque el Ministerio de Salud puso como población objetivo a 170 millones excluyendo a menores de 18 años, mujeres embarazas y personas contraindicadas para recibir la dosis. En tanto, el Ejecutivo firmó un acuerdo con la farmacéutica india Bharat Biotech para adquirir 20 millones de dosis de Covaxin, que aún no ha sido aprobada en el país.

El Gobierno ha dicho que tendrán prioridad los trabajadores de la salud y del sector educación, la población indígena, mayores de 60 y hasta 74 años, comunidades ribereñas, desamparados, personas con antecedentes de salud de riesgo, fuerzas de seguridad, transporte y reclusos. Las vacunas se distribuyen a los estados y municipios, que son los encargados de establecer mecanismos de aplicación de la vacuna.

Por lo tanto, las vacunas ya incluidas en los acuerdos previos son AstraZeneca /Oxford y Sinovac (China) de las cuales esperan recibir 46 millones de dosis de la vacuna (6 millones listas para aplicar y la materia prima para crear 40 millones más).

Venezuela

El país se encuentra como es sabido, en una situación extremadamente excepcional, tanto en lo político como en lo sanitario. Desde el comienzo de la crisis provocada por la Pandemia, además, el acceso a información independiente y confiable sobre la situación del país ha sido casi nula.

Lo que se ha conocido, porque además, el mismo Nicolás Maduro y miembros de su fuerza política lo dieron a conocer, es que se dio prioridad a militantes y partidarios, convirtiéndose en uno de los casos mas flagrantes de desigualdad y corrupción.

La desigualdad y la falta de confianza

Mucho se ha hablado sobre qué cambiaría en la humanidad a partir de la Pandemia. Ciertamente, en ámbitos como los tecnológicos, comunicacionales y económicos, las transformaciones parecen mas evidentes y hasta obvias. Pero en lo político y social, no. Claramente no.

Varias administraciones están haciendo las cosas bien, pero la desconfianza, nos parece, ha crecido a raíz de que son muchos los casos que muestran irregularidades. Estamos en el momento justo para revertir la situación.

Los ciudadanos debemos estar más atentos que nunca, a la hora de exigir que se cumplan las normas y las leyes que permitan una distribución justa y equilibrada de las vacunas. Es un tarea en la que, las redes sociales, con todos sus límites, pueden servir de instrumento, para mostrar y denunciar irregularidades.

Las fallas de nuestras democracias en Latinoamérica particularmente, aparecen en toda de su magnitud en situaciones como una Pandemia. Cierta corrupción estructural sigue siendo un drama, nos referimos sobre todo al rol y modo de acción del funcionario público. Los actos contrarios a la ley, que se reflejan en el continuo aprovechamiento de la función pública para beneficio personal, generan una constante desconfianza en el sistema político.

Queda mucho por hacer, para mejorar en nuestras democracias, sobre todo en materia del control de la corrupción en el ejercicio de la función pública. Pero en esta situación de emergencia en la que está en juego la vida de millones de personas, estamos más obligados a evitar de manera firme, todo tipo de injusticia en la distribución de las vacunas. Una tarea, reiteramos, en la que los ciudadanos todos, debemos participar.

Por Bruno Iriarte y Fernando González                                                                 28/02/2021

Fuentes: www.bbc.com/mundo – www.elmundo.es – www.ourworldindata.com – www.cnnespanol.com

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