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Vergüenza e indignación, el día que no vamos a olvidar

Ha pasado un poco más de una semana de un hecho que nos conmocionó como ciudadanos: en todo el país, cientos de miles de ancianos fueron librados a su suerte y empujados a romper su cuarentena, salir masivamente a la calle y apiñarse a las puertas de los bancos para intentar cobrar sus jubilaciones.

Hay en este hecho una cadena concurrente de responsabilidades, por negligencia, por acción y omisión. Esta cadena se distribuye fluidamente entre las competencias de varios organismos y entidades públicas y privadas; entre competencias nacionales, provinciales y locales; entre funcionarios, gerentes, autoridades y hasta representantes sindicales y sectoriales. Responsabilidades que involucran al Ejecutivo Nacional, al Provincial, Municipal, a la ANSeS, al BCRA, a los representantes en los Poderes Legislativos de cada jurisdicción -autolicenciados “con goce de haberes” apenas se perfiló la Cuarentena-, a un Poder Judicial incapaz de actuar de oficio, al Ministerio Público, al Defensor de la Tercera Edad y a las fuerzas policiales, entre otros.

Y también hay causas objetivas, en algunos casos, de larga data.

En efecto, lo acontecido parte también de un problema de origen cultural, principalmente entre las personas de mayor edad, y según el ambiente sociocultural en el que se han desenvuelto a lo largo de su vida.

Y se suma, además, un déficit en materia logística y tecnológica.

Parece ser éste un tema que no se considera, ni desde el Gobierno Nacional, ni mucho menos a nivel de organismos e instituciones, como AFIP, ANSES, o el Banco Central: Una cosa es el comercio, la economía y la cultura en los grandes centros urbanos, y otra muy distinta en barrios, en pueblos o en el ámbito rural. A eso, agreguémosle la capacidad de la gente adulta mayor para adaptarse a la tecnología, y que guarda relación directa con el ambiente sociocultural en el que vive.

Aquí en Salta Capital se empieza a desarrollar el comercio con pago electrónico hace escasos 3 o 4 años, sobre todo gracias a la aparición del posnet y la aplicación de una empresa privada de e-commerce, casualmente muy combatida por el kirchnerismo. Las terminales portátiles de algún banco (el más presente en la Provincia, por ejemplo), eran idóneas desde lo tecnológico, pero no así en las condiciones comerciales en las que ofrecían el producto, que se volvían inadecuadas y gravosas para pequeños comerciantes.

Los sistemas de lecturas de tarjetas convencionales, dependientes de conexión a líneas telefónicas (los lectores “posnet” clásicos), además de las condiciones contractuales adversas para los pequeños comerciantes, chocan con los problemas de conectividad. Esto es un enorme obstáculo para instalar la cultura del uso de las tarjetas de débito y crédito. En este período, eso ha ido cambiando, pero aún en los barrios de la propia ciudad va a costar encontrar un almacén que trabaje con estos sistemas.

Ahora, trasladémonos a tan sólo 30 kilómetros de esta ciudad. No existe otra cosa que no sea el pago en efectivo. Pensemos entonces en Rivadavia, San Antonio de los Cobres, entonces. (Dato: Cafayate es muy importante turísticamente hablando, pero hasta hace un año, era imposible comunicarse a través de los servicios de alguna de las empresas de telefonía celular).

El viernes pasado, en el centro de Salta se vieron escenas alarmantes. Y son los jubilados de esta ciudad. Imaginemos una septuagenaria de Iruya, donde sólo hay una sucursal del Banco Macro. En épocas normales (ignoro qué pasará ahora), personal de la casa central tenía que viajar a esas localidades remotas, en las fechas de pago de jubilaciones, en apoyo de la dotación local, para asistir a las personas mayores a cobrar por los ATM.

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En Iruya, alumnos de un sistema de educación virtual que implementa desde hace años la provincia tenían hasta hace poco que bajar una vez a la semana a Humahuaca (Jujuy) para conectarse.

Y a muchos, con edades que en promedio nos andan por los 45-55, también nos llevó su tiempo pasar del simple uso del plástico para sacar plata del cajero a operaciones más remotas como el comercio electrónico o las gestiones de banca electrónica.

Como si fuera poco, a todo esto sumémosle la escasez de cajeros ATM, lo que lleva a que esté instalada la costumbre de hacerse de suficiente efectivo cuando viene el fin de semana o varios días inhábiles. De hecho, cualquier viernes por la tarde los cajeros se vacían. ¿Cómo entonces no puede pensarse que en estas circunstancias un jubilado no quiera desesperadamente hacerse de los pocos pesos que se le asignan?

Que conste que los empleados de las entidades bancarias que deben seguir trabajando, lo están haciendo al límite, con las mismas preocupaciones, incertidumbres y angustias que cualquiera. No son ellos los responsables de las decisiones, y son también afectados. Están entre la espada y la pared, empujados por los empleadores y por las propias circunstancias (cumplir con la necesidad de brindar a los jubilados su subsistencia dineraria). Las responsabilidades y las decisiones pasan por otros niveles. En este caso, por la dirigencia nacional de los representantes de los trabajadores, que en modo alguno fueron totalmente ajenos ni pueden alegar desconocimiento de la decisión de proceder a la apertura de las entidades para el cobro de haberes jubilatorios.

Entonces, ¿cómo es posible que todas las partes involucradas, a nivel nacional y provincial no hayan advertido que esto podía pasar?

La respuesta está en todos y cada uno de los responsables: en su falta de empatía, su indolencia, su absoluta carencia de solidaridad, la incapacidad que tienen de ver más allá de la especulación política o sectorial, para pensar en aquellos que menos tienen, fuera de la permanente instrumentalización a la que los someten. Una dirigencia donde los pobres, los desocupados, los jubilados, los aborígenes, los menores en riesgo, los marginados y excluidos son convertidos en un simple medio, cuando no en una invocación vacía, con el solo propósito de construir y conservar el poder. Un mal endémico que resulta más devastador y mortífero que el propio coronavirus. Una patología dirigencial que deja secuelas de miseria, desnutrición y mortandad infantil, clientelismo, negociados y corrupción, como lo hemos visto esta misma semana, con las compras directas con sobreprecios, que desde el propio gobierno y a sabiendas se llevaron a cabo, al módico precio de hacer saltar -eventualmente- a algunos fusibles de segunda línea para preservar a las cabezas.

Todos ellos, deben saber que cuando todo esto pase, habrá muchas cuentas que saldar.

Por Roberto, un ciudadano común                                                                    12/04/2020

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Apple y su responsabilidad empresarial: ¿Moda o compromiso efectivo?

A principios del 2021 Apple presentó su sitio web sobre ética empresarial y de negocios, que ha denominado “Ética y Cumplimiento”. A mediados de agosto del mismo año, anunció un sistema de escaneo de archivos para combatir el abuso infantil, el “neuralMatch”. Ambos proyectos pueden ser considerados como un ejercicio concreto de Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo, nada quita que también puedan ser juzgados por algunos como parte de una nueva moda gerencial, que se hará obsoleta prontamente como ha sucedido con otras (gerencia participativa, equipos multifuncionales y organizaciones planas, etc.). Hay quienes interpretan que es un ejercicio actualizado de relaciones públicas. De manera que, para identificar si estas acciones emprendidas por Apple integran un compromiso efectivo dirigido a responder las demandas sociales o tan solo responde a una moda o actualización gerencial, es necesario clarificar el concepto de Responsabilidad Empresarial y de moda gerencial. Para que, a partir de esta base conceptual, abordar los proyectos de carácter social aplicados por Apple e identificar, en la medida de lo posible, si responden a una moda o a un compromiso asumido con la sociedad.

Ahora bien, en atención al concepto de moda gerencial, es conveniente tratar, en primer lugar, el sentido conceptual lato de moda. Por este sentido amplio, se entiende que moda consiste en un fenómeno que se manifiesta a través de un modo de comportamiento o costumbre que está en boga durante algún tiempo entre los miembros de la sociedad. Una vez que trascurre este tiempo, el fenómeno deja de reproducirse socialmente, es decir, deja de imitarse y difundirse, a tal punto que caduca, “pasa de moda”. Teniendo en cuenta esto y aplicándolo a la administración y gestión gerencial de organizaciones humanas, se puede hablar, en un sentido restringido, de moda gerencial. Una moda gerencial se define como una creencia colectiva, difundida y relativamente transitoria, según la cual ciertas técnicas, y quienes las utilizan, están a la vanguardia de la gerencia (Cfr. Armas y Malavé, pp. 1). Con base en ambos sentidos, se puede identificar que el aspecto esencial del concepto de moda es el carácter “transitorio” del fenómeno que se reproduce colectivamente. Dado que este no surge de convicciones personales que llevan a un compromiso efectivo que se prolongue en el tiempo, sino al deseo esporádico de imitar el fenómeno que se difunde socialmente. Esto es más evidente en el ámbito gerencial, en el cual el fenómeno de moda consiste en técnicas que dependen de aspectos funcionales, las cuales una vez dejan de dar los resultados esperados se vuelven obsoletas, pasan de moda.

En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, se puede decir que es lo opuesto de una moda. Bernardo Kliksberg, especialista en ética empresarial, afirma que es parte de un proceso de evolución de la concepción misma de la empresa privada; el cual, a su vez, está movilizado por poderosas demandas sociales (Cfr. Kliksberg, pp. 2). Estas demandas parten del reconocimiento de que la empresa privada es un impulsor esencial de la economía, y que sus actividades deben ser promovidas y facilitadas pero que, precisamente por eso, por su enorme incidencia en la vida de los ciudadanos, tiene que ser considerada como una institución social con responsabilidades calificadas, y debe autoconsiderarse de este modo.

Kliksberg señala que el proceso que lleva a la Responsabilidad Social Empresarial se podría esquematizar en varias etapas (Cfr. ídem. pp. 3). La primera de ellas fue la etapa en que dominaba la idea de que la empresa tiene como única obligación generar beneficios a sus accionistas. En esta se dejaba de lado, claramente, los beneficios dirigidos a la mejora de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la sociedad en general. De allí se pasó a la filantropía empresarial con donaciones en aumento a una rama variada de actividades en muchos casos culturales y educativos. Kliksberg menciona que esos aportes son sin duda valiosos, pero las demandas sociales piden mucho más que eso. Elucida que la empresa además de aportar dinero, se espera que ayude a grandes causas de interés público con su denso caudal de alta gerencia, tecnologías de punta, canales de distribución, conocimientos financieros. La Responsabilidad Social Empresarial, considera Kliksberg, es la etapa actual y por la cual se le pide a las empresas un buen gobierno corporativo, buena relación con su personal, juego limpio con el consumidor, preservación del medio ambiente pero, junto a ello, compromiso social efectivo. Por el que se supere la mera filantropía con proyectos que respondan concretamente a las demandas sociales. Bernardo Kliksberg también indica, que se pide a las empresas globales de países desarrollados el ejercicio de un liderazgo global responsable y que practiquen en sus inversiones en países en desarrollo el mismo código de buen comportamiento que aplican en sus exigentes medios nacionales (Cfr. ídem. 4).

Con base en este marco conceptual, se puede abordar el historial de proyectos de carácter social desarrollados por Apple, para identificar si esta proyección social de la empresa se ajusta a una moda o a un compromiso efectivo.

En el sitio web “Ética y Cumplimiento”, Apple expone los principios éticos que guían su conducta en su relación con clientes, empleados, hasta socios comerciales y personas en cada nivel de su cadena de suministro, producción y comercialización. Estos son: la honestidad, respeto, confidencialidad y cumplimiento. De acuerdo con estos principios, detalla que su compromiso de tratar a todos con dignidad y respeto no termina ahí; sino que creen en el poder de la tecnología para empoderar y conectar a personas de todo el mundo y que las empresas pueden y deben ser una fuerza positiva en servicio a los demás (Cfr. Apple; Our Commitment to Human Rights; pp. 1). Esto condujo a la empresa a presentar y aplicar proyectos que respondan a demandas sociales; así se tienen los mencionados en líneas anteriores y también aquellos que Apple viene aplicando hace unos años atrás, como son: el código de conducta para proveedores en 2005; la realización de auditorías en 2006 en fábrica de proveedores y dentro de la misma empresa; aplicación del modelo “Multistakeholder”, por el cual se trata de reunir a las partes interesadas para que participen en el diálogo y la adopción de decisiones; en 2011 inició con el programa de donaciones de Apple, hasta la fecha ha recaudado casi 600 millones de dólares en donaciones totales; en 2012 se convierte en la primera compañía del sector de la electrónica en incorporarse a la “Fair Labor Association” (FLA), una asociación sin ánimo de lucro con sede en Washington que agrupa a empresas, escuelas y universidades socialmente responsables y organizaciones de la sociedad civil; el programa de donaciones de un porcentaje de las ventas de los productos “Product (Red)”, que tienen el distintivo color rojo, al Fondo Mundial para la investigación y ayuda contra el VHI, y en el 2020 aplicó el mismo programa al Fondo Mundial de respuesta a la COVID-19, entre otros proyectos.

Se puede observar que Apple manifiesta un interés creciente por responder a las demandas sociales, sirviendo como fundamento su código de conducta que se sustenta en la honestidad, respeto, confidencialidad y cumplimiento. Esto lleva a inferir que los proyectos de Apple responden a una Responsabilidad Social Empresarial que se efectiviza en programas y acciones concretas. No obstante, el tiempo que Apple lleva aplicando políticas de Responsabilidad Social es breve, desde el 2005 hasta el 2021 son 15 años. Asimismo hay que mencionar que el inicio e incremento de la aplicación de estas políticas se debió a los materiales nocivos para los empleados y el medio ambiente que utilizaban sus proveedores, así como los suicidios y trabajo infantil detectados en la fábrica de “Foxconn Taiwán”, proveedor que Apple tiene en la ciudad de Shenzhen en el sur de China. Por lo que, lo más acertado es afirmar que Apple manifiesta un compromiso creciente con las necesidades de la sociedad, pero se deberá esperar de uno a dos lustros para definir si este compromiso se mantiene y crece, o decrece hasta el punto de desaparecer, es decir, pasar de moda.

Por Bruno Ponferrada —— 05/09/21

Fuentes:

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Apple (2021); Ethics and Compliance, Recuperado de: https://www.apple.com/compliance/

Apple (2020); Our Commitment to Human Rights; Recuperado de: https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_downloads/gov_docs/Apple-Human-Rights- Policy.pdf

Applesfera (2021); Apple donará parte del precio del iPhone SE (PRODUCT)RED al fondo de ayuda a la respuesta ante la COVID-19; Recuperado de: https://www.applesfera.com/apple- 1/apple-donara-parte-precio-iphone-se-product-red-al-fondo-ayuda-a-respuesta-covid-19

Armas V. y Malavé J.; Modas Gerenciales: ¿Qué son? ¿Por qué se difunden?; Recuperado de:

iProfesional (2021); Empleo infantil y suicidios: siguen los dolores de cabeza para Apple; https://www.iprofesional.com/management/111747-empleo-infantil-y- suicidios-siguen-los-dolores-de-cabeza-para-apple

Klilsberg B. (2006); Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?; Fundación Carolina; Washington DC, Recuperado de: http://cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/rse/334_as_etica_moda.pdf

Lemonche P. (2012); Apple y sus proveedores. Cuando gestionar con responsabilidad no es suficiente; Revistas Compromiso Empresarial; Recuperado de: https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2012/05/apple-y-sus-proveedores-cuando- gestionar-con-responsabilidad-no-es-suficiente/

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América Latina: Crisis y efecto dominó

América Latina atraviesa por un conjunto de crisis especialmente graves. Las economías de la región están estancadas, la política atraviesa por un quiebre y, sobre todo, la salud de los ciudadanos continúa expuesta a los peligros de la pandemia por Coronavirus como consecuencia de la falta de acceso a las vacunas.

A pesar de representar un poco más del 8% de la población mundial, América Latina registra más del 30% de muertes confirmadas por Covid-19. Con algunas excepciones, la vacunación en la región, avanza lentamente. En Perú, que posee una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más altas del mundo, sólo alrededor del 20% de la población ha recibido al menos, una dosis de vacuna.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía de la región se contrajo un 7% en 2020 producto de la pandemia, sin embargo, los países de la región ya venían experimentando un desempeño anémico desde hace 5 años. Asimismo, éstos se encuentran entre los países más desiguales del mundo, creando un caldo de cultivo ideal tanto para el Covid-19 como para el virus de la inestabilidad política.

En ese marco, no se pueden dejar de lado los factores históricos y estructurales detrás de la modernización tardía de la región, ni su tendencia a la volatilidad social y política, como lo demuestra su trayectoria en los últimos 30 años.

Al observar las protestas en Cuba, Guatemala, Colombia y, el asesinato del presidente de Haití (por citar sólo algunos casos y, salvando las distancias particulares de cada país), el problema de fondo es la frustración de los ciudadanos con la habilidad de los gobiernos para brindar los servicios básicos.

Así, los problemas de la región deben ser atendidos por sus respectivos líderes, apelando a una gobernanza efectiva para de esa manera ganar nuevamente la confianza de la población a las instituciones democráticas y, sobre todo, cuando se le requiere a ésta de un esfuerzo mayor que a la clase política.

Del mismo modo, los líderes latinoamericanos deberán reimpulsar la integración regional con el objetivo de fortalecer, sobre todo, el comercio intrarregional, un aspecto crucial para la recuperación económica.

Al mismo tiempo, los abundantes recursos minerales, energéticos y agrícolas de América Latina, continúan atrayendo la atención de las principales potencias del mundo, lo cual se refleja en la creciente cooperación comercial, de inversión y financiera de la región con China.

Todo ello, en un marco caracterizado por la transición energética y el futuro rol de las nuevas fuentes de energía que se afianzará en un período de 10 a 20 años.

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Planteándose la cuestión relativa a la dependencia exclusiva hacia el gigante asiático, país que comprende la importancia de la región –sobre todo de América del Sur– a escala geopolítica.

Ante dicha presencia, otra de las cuestiones que se debe definir es el rol de los Estados Unidos para con lo que acontece en su “patio trasero”.

Recordamos que desde la asunción de Joe Biden como presidente, su agenda externa se ha centrado hasta el momento en retomar los vínculos con países de Europa y Asia, como también hacer frente a los desafíos que plantea China para su economía y seguridad nacional. Sin embargo, no debe olvidar que la presencia de éste en el sur del continente también le plantea enormes desafíos, sobre todo para una agenda climática que desde el inicio de su campaña ha sido uno de sus grandes ejes.

Apelar a mecanismos de cooperación multilateral beneficiarán y ayudarán a una mejor y más rápida recuperación económica de la región. Por su parte, los cuestionamientos hacia los gobiernos de distintos tintes de la región, deberán resolverse a través de mecanismos democráticos (elecciones) y, en aquellos casos en donde esta posibilidad se ve obstaculizada, apelar también a las principales organizaciones multilaterales para que actúen en consecuencia y puedan ofrecer una solución para quienes se encuentran sumidos en regímenes que impiden el efectivo ejercicio de los derechos civiles.

Por María Agustina Martínez —– 25/07/21

Nota: Gran parte de este artículo recoge la visión plasmada por Javier Solana y Enrique Iglesias en su artículo titulado “Latinoamérica ante la tormenta perfecta”: https://www.project-syndicate.org/commentary/political-economic-health-crisis-in-latin-america-by-javier-solana-and-enrique-v-iglesias-2021-07

Fuentes: www.project-syndicate.org – www.brinknews.com

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Del desacuerdo político al litigio judicial: límite y judicialización del diálogo político argentino

El Poder Ejecutivo Nacional, ante el incremento de casos de Covid 19, “la segunda ola de contagios”, decidió promulgar el decreto de necesidad y urgencia 241/21. En este señala que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del cincuenta por ciento (50 %) de los nuevos casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); ya que los casos registrados en ésta es mayor y sostenido a la que se viene registrando en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad, si no se adoptan medidas para prevenir estas consecuencias. Textualmente, indica que esto lleva a que se considere necesario incrementar las medidas ya adoptadas, en forma temporaria e intensiva, que serán focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus (Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación). Entre dichas medidas, se encuentra la que estipula el artículo No2 del decreto (que sustituye el artículo 10 del Decreto N° 235/21):

Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”. (Ídem.)

Esta medida generó un desacuerdo político entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Presidente Alberto Fernández, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Dado que, ante la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad se reusó a adherirse a la misma.

El argumento que el Gobierno de la Ciudad esgrimió, para fundamentar su rechazo a la norma, fue centralmente la inconstitucionalidad de la misma, ya que estima que transgrede la autonomía política de la Ciudad en materia de educación y sanidad, al mismo tiempo que quebranta el Derecho a la Educación. En razón a esto, el Gobierno de la Ciudad presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, en la que especifica los motivos por los que juzga inconstitucional el artículo No2 del decreto. Estos son:

a) vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal; b) el principio de razonabilidad, en razón de que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la mera voluntad del Poder Ejecutivo Nacional; c) el principio de supremacía federal, por contravenir lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, que declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino. (Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021)

De esta manera, se puede observar, como el desacuerdo político de las voluntades de ambos gobiernos, de la Nación y Ciudad, con respecto a esta medida sanitaria con implicancias en educación, devino en un litigio judicial que tiene como principal interventor jurídico a la Corte Suprema de Justicia.

El 4 de mayo del 2021, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, juzgando inconstitucional la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta situación, pone de manifiesto dos peculiaridades de la política argentina: la oposición de intereses como el límite del diálogo político, que impide llegar a acuerdos consistentes, y la judicialización del mismo, que exige un interventor judicial como sustituto de la voluntad política.

La presencia de oposición de intereses políticos, es propia de toda sociedad que se estime democrática. Sin embargo, cuando dicha oposición no presenta carácter político pero aparece como tal, se constituye como el límite del diálogo político. Esto significa, que estos intereses, tan solo en apariencia persiguen el bien común social, propio de toda acción política, en concreto se rigen por beneficios particulares, es decir, anhelan el poder no en vistas comunitarias, sino en pos de particulares. De forma que, en lugar de ser apertura de diálogo, la oposición política se degrada en negación de la postura de la otra parte, hasta el punto de buscar su silenciamiento. Esto lleva a que todo diálogo que se plantee se vea truncado desde su inicio, dado que, al ser los intereses de ambas partes particulares, estas no se tienen como incluidas en los intereses políticos que una y la otra propugnan; sino que todo lo contrario, se perciben negadas y silenciadas de tal manera que se genera una escisión política que impide el diálogo y acuerdos consistentes que beneficien a toda la comunidad.

La judicialización del diálogo político, se presenta como el fenómeno por el cual los desacuerdos políticos asumen carácter judicial para su resolución. Al asumir carácter judicial, las partes en oposición ceden su voluntad política al órgano interventor judicial. Esto suscita una alteración de las lógicas que rigen la solución de desacuerdos políticos. Dado que del principio de oportunidad política, en el que prima la regla de las mayorías y la legitimación democrática, se pasa a la esfera judicial, gobernada por el principio de legalidad, dentro de un contexto institucional cuya legitimación consiste en la imparcialidad y la competencia técnica del que resuelve la disputa. De este modo, el interventor judicial sustituye la voluntad política de las partes resolviendo el desacuerdo con base a criterios jurídicos-técnicos, pero a su vez, el interventor judicial, al tener la responsabilidad de fallar en torno a un desacuerdo político, se ve sometido en su accionar a tensiones políticas; por lo que la judicialización de lo político implica la politización de lo judicial. Esto lleva a inferir, que el fallo emitido por el interventor judicial, en lugar de jurídico, se constituya como político.

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En síntesis, se puede advertir que en nuestro país se presenta la tendencia de recurrir a un interventor judicial que supla la voluntad política en caso de desacuerdos, que en apariencia se muestran como políticos, pero que responden al interés de personas o partidos particulares. De tal manera, que cabe la pregunta ¿los fallos verdaderamente observan el bien común social o urden el criterio técnico- jurídico en bienes particulares?

Por Bruno Leandro Ponferrada —– 20/06/ 21

Profesor en Filosofía y Técnico en la Gestión de Recursos Humanos

Fuentes:

Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021). Recuperado de: https://www.diariojudicial.com/nota/89025

Castillo O. P. (2021); Judicialización, Cuando los actores políticos instrumentalizan la justicia al servicio de sus intereses, los actores judiciales pueden verse atrapados en situaciones penosas, Diario El País; recuperado de: Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243058/20210416

Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa CSJ 567/2021 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

Recuperado de: https://www.cij.gov.ar/nota-38481-Resoluci-n-de-la-Corte-Suprema- de-Justicia-de-la-Naci-n-en-causa-CSJ-567-2021–Gobierno-de-la-Ciudad-de-Buenos- Aires-c–Estado-Nacional–Poder-Ejecutivo-Nacional–s–acci-n-declarativa-de- inconstituci.html

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