Observador Urbano

Trapitos: el riesgo de un camino sin retorno

Hace tiempo que los trapitos son una realidad en Salta. No hablamos de quienes cobran el estacionamiento otorgando el correspondiente comprobante municipal. Hablamos de quienes fuera de las zonas u horarios establecidos “marcan territorio” y pretenden cobrar por el supuesto “cuidado” del coche. Se los ve todos los días, generalmente en las zonas de establecimientos gastronómicos. 

La primera reflexión tiene que ver con la llamativa ausencia de control de los organismos competentes, desentendiéndose de un fenómeno que no pueden desconocer. Ni la Municipalidad, ni Tránsito, ni la Policía parecen tomar cartas en el asunto. Y los Trapitos siguen, inconmovibles, creciendo en su número y extensión. Pero es un hecho que estamos ante una actividad ilegal, y aun así tolerada por el Estado y sus órganos de control, ante la mirada impotente de todos los ciudadanos que, además de pagar impuestos, debemos erogar este “servicio” paraestatal.

La segunda, tiene que ver con el sentido común y la experiencia. Todos sabemos que un límite que no se pone a tiempo, luego es más difícil de plantear, pues las acciones y situaciones se consolidan en el tiempo. El esfuerzo necesario para retrotraer la situación será mucho mayor. La experiencia nos habla de lo difícil que es, sino erradicar, al menos controlar esta actividad ilegal, y cómo en algunos casos se ha salido tanto de cauce hasta llegar a ser una verdadera conducta extorsiva, en la que no acceder a las exigencias supone el riesgo de hallar dañado el vehículo o sufrir los embates de prepotencia, violencia verbal o física de quien “se nos ofrece” a cuidar nuestro auto. 

Un tercer aspecto a tener en cuenta es que se trata de una actividad absolutamente marginal, y lo que abonamos no va al erario público, como ocurre con el derecho de estacionamiento que regula la Municipalidad, sino que va al bolsillo del cuidacoches, cuando no también a los bolsillos de quienes brindan la cobertura necesaria para que este negocio se desarrolle. Por otro lado, es sabido que detrás de este tipo de actividad suele haber “cadenas de favores” que involucran a punteros, cuando no también a funcionarios.

A la administración municipal correspondería, a través de sus órganos de control, poner freno a esta práctica.

Podría alegarse que en tiempos de crisis esta práctica brinda la posibilidad de llevar dinero al hogar. Si bien esta posición es plausible, no quita el hecho de estar frente a una práctica reñida con las normas y también frente a un estado ausente e indolente, que no sale ni en defensa de quienes se hallan en ese estado de necesidad ni en defensa de los propietarios de vehículos, quedando en la cómoda e irresponsable situación de mirar para otro lado y no hacer nada. Frente a este planteo, una posible alternativa sería evaluar su incorporación a la zona de legalidad, asignándoles como permisionarios el cobro del estacionamiento tarifado, en iguales condiciones a las que hoy rigen para quienes lo hacen en regla en nombre de la Municipalidad, debidamente identificados y con el correspondiente control. De esta manera aseguramos que el esfuerzo del contribuyente corresponda a una causa legítima y llegue al erario público y al mismo tiempo se le da al autorizado la posibilidad de obtener digna y legalmente una fuente de ingreso.

Pero lo que jamás puede hacer el gobierno es desentenderse del problema y dejar a los contribuyentes a merced de esta extorsión cotidiana a la que nos vemos sometidos.

Por Enzo Lo Pranzo

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Autor

Enzo Lo Pranzo

Viajante. Heredero de los conocimientos gastronómicos de mi abuela. Pasando por un buen momento.