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Salta en “código rojo”: pobreza y desocupación

La pandemia generada por la covid-19 ya causó más de 20.000 contagios y un millar de muertes en la provincia, pero sobre todo agudizó las diferencias sociales imperantes en este rincón del país. Las estadísticas indican que Salta ostenta números alarmantes, sin embargo hay toda una clase política que parece desentendida del asunto.

Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares, que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos, analizaron 181.055 hogares en Salta, que comprenden a unas 638.285 personas. A partir de ese análisis se conoció que el conglomerado urbano de Salta -conformado por Capital y alrededores- tuvo una baja en los índices de pobreza e indigencia, que alcanzan ahora un 41,7%. Esta tendencia fue a contramano del incremento general que hubo en el país. Lo mismo se dio con la indigencia, ya que el número salteño llegó a 10,3%, mientras que el promedio en Argentina es de 10,5.

En este análisis Salta también presenta otra particularidad. No registró vaivenes como consecuencia de la pandemia. El pico de pobreza lo alcanzó en el segundo semestre de 2019 con 45,5%, y esa cifra se repite en primer semestre de 2020.

Actualmente, son 248.748 los pobres en el área metropolitana salteña, 22.766 menos que en la primera mitad del año pasado, cuando el total ascendía a 265.982 Con baja y todo, sigue siendo una cifra elevada, que se agrava con los 66.012 indigentes. Los hogares debajo de la línea de la pobreza llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).

La merma en las cifras no da margen a celebraciones. A pesar de esto la respuesta política es escasa o mejor dicho nula. En un mes de trabajo ordinario, los 21 concejales de la ciudad no dijeron nada al respecto. Tampoco trataron Ordenanzas en relación al tema. El silencio replicó en ambas cámaras de la Legislatura y en el Centro Cívico Grand Bourg.

Trabajo no hay

Al finalizar el 2019 había 270.000 salteños ocupados en un trabajo, mientras que al concluir el 2020 ese número se redujo a 260.000. Estas cifras del Indec resultan paradójicas porque el índice de desempleo también bajó en un año de 10,3% a 9%.

Hasta 2019, en Salta se registraban unos 31.000 desocupados, mientras que en el ocaso de 2020 los desocupados en la provincia se ubicaban en 26.000. La caída de la cantidad de personas empleadas y el menor número de desempleados, radica, según el organismo oficial, en que habría un abandono de por lo menos 10.000 personas en la búsqueda activa de trabajo.

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Para el INDEC, en Salta capital y alrededores hoy viven 639.000 personas en total, de las cuales 286.000 son económicamente activas, 260.000 tienen trabajo y 26.000 están desocupados. Un dato no menor es que también hay 66.000 personas que ya tienen un trabajo, pero se encuentran buscando otro.

En tanto en el 2019 había 632.000 habitantes en Salta, 301.000 eran económicamente activos, 270.000 ocupados, 31.000 desocupados y 48.000 personas estaban subocupadas.

A nivel regional la desocupación de Salta es la segunda, solo por detrás de la que se registra en Tucumán, que llega al 9,5%. En promedio, las provincias del NOA tienen un 7,2% de desocupados.

Estos números, tan fríos como reales por las historias que esconden atrás, todavía esperan ser tenidos en cuenta.

Por Nahuel Toledo – Periodista 18/03/21

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América Latina: Crisis y efecto dominó

América Latina atraviesa por un conjunto de crisis especialmente graves. Las economías de la región están estancadas, la política atraviesa por un quiebre y, sobre todo, la salud de los ciudadanos continúa expuesta a los peligros de la pandemia por Coronavirus como consecuencia de la falta de acceso a las vacunas.

A pesar de representar un poco más del 8% de la población mundial, América Latina registra más del 30% de muertes confirmadas por Covid-19. Con algunas excepciones, la vacunación en la región, avanza lentamente. En Perú, que posee una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más altas del mundo, sólo alrededor del 20% de la población ha recibido al menos, una dosis de vacuna.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía de la región se contrajo un 7% en 2020 producto de la pandemia, sin embargo, los países de la región ya venían experimentando un desempeño anémico desde hace 5 años. Asimismo, éstos se encuentran entre los países más desiguales del mundo, creando un caldo de cultivo ideal tanto para el Covid-19 como para el virus de la inestabilidad política.

En ese marco, no se pueden dejar de lado los factores históricos y estructurales detrás de la modernización tardía de la región, ni su tendencia a la volatilidad social y política, como lo demuestra su trayectoria en los últimos 30 años.

Al observar las protestas en Cuba, Guatemala, Colombia y, el asesinato del presidente de Haití (por citar sólo algunos casos y, salvando las distancias particulares de cada país), el problema de fondo es la frustración de los ciudadanos con la habilidad de los gobiernos para brindar los servicios básicos.

Así, los problemas de la región deben ser atendidos por sus respectivos líderes, apelando a una gobernanza efectiva para de esa manera ganar nuevamente la confianza de la población a las instituciones democráticas y, sobre todo, cuando se le requiere a ésta de un esfuerzo mayor que a la clase política.

Del mismo modo, los líderes latinoamericanos deberán reimpulsar la integración regional con el objetivo de fortalecer, sobre todo, el comercio intrarregional, un aspecto crucial para la recuperación económica.

Al mismo tiempo, los abundantes recursos minerales, energéticos y agrícolas de América Latina, continúan atrayendo la atención de las principales potencias del mundo, lo cual se refleja en la creciente cooperación comercial, de inversión y financiera de la región con China.

Todo ello, en un marco caracterizado por la transición energética y el futuro rol de las nuevas fuentes de energía que se afianzará en un período de 10 a 20 años.

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Planteándose la cuestión relativa a la dependencia exclusiva hacia el gigante asiático, país que comprende la importancia de la región –sobre todo de América del Sur– a escala geopolítica.

Ante dicha presencia, otra de las cuestiones que se debe definir es el rol de los Estados Unidos para con lo que acontece en su “patio trasero”.

Recordamos que desde la asunción de Joe Biden como presidente, su agenda externa se ha centrado hasta el momento en retomar los vínculos con países de Europa y Asia, como también hacer frente a los desafíos que plantea China para su economía y seguridad nacional. Sin embargo, no debe olvidar que la presencia de éste en el sur del continente también le plantea enormes desafíos, sobre todo para una agenda climática que desde el inicio de su campaña ha sido uno de sus grandes ejes.

Apelar a mecanismos de cooperación multilateral beneficiarán y ayudarán a una mejor y más rápida recuperación económica de la región. Por su parte, los cuestionamientos hacia los gobiernos de distintos tintes de la región, deberán resolverse a través de mecanismos democráticos (elecciones) y, en aquellos casos en donde esta posibilidad se ve obstaculizada, apelar también a las principales organizaciones multilaterales para que actúen en consecuencia y puedan ofrecer una solución para quienes se encuentran sumidos en regímenes que impiden el efectivo ejercicio de los derechos civiles.

Por María Agustina Martínez —– 25/07/21

Nota: Gran parte de este artículo recoge la visión plasmada por Javier Solana y Enrique Iglesias en su artículo titulado “Latinoamérica ante la tormenta perfecta”: https://www.project-syndicate.org/commentary/political-economic-health-crisis-in-latin-america-by-javier-solana-and-enrique-v-iglesias-2021-07

Fuentes: www.project-syndicate.org – www.brinknews.com

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Del desacuerdo político al litigio judicial: límite y judicialización del diálogo político argentino

El Poder Ejecutivo Nacional, ante el incremento de casos de Covid 19, “la segunda ola de contagios”, decidió promulgar el decreto de necesidad y urgencia 241/21. En este señala que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del cincuenta por ciento (50 %) de los nuevos casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); ya que los casos registrados en ésta es mayor y sostenido a la que se viene registrando en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad, si no se adoptan medidas para prevenir estas consecuencias. Textualmente, indica que esto lleva a que se considere necesario incrementar las medidas ya adoptadas, en forma temporaria e intensiva, que serán focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus (Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación). Entre dichas medidas, se encuentra la que estipula el artículo No2 del decreto (que sustituye el artículo 10 del Decreto N° 235/21):

Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”. (Ídem.)

Esta medida generó un desacuerdo político entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Presidente Alberto Fernández, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Dado que, ante la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad se reusó a adherirse a la misma.

El argumento que el Gobierno de la Ciudad esgrimió, para fundamentar su rechazo a la norma, fue centralmente la inconstitucionalidad de la misma, ya que estima que transgrede la autonomía política de la Ciudad en materia de educación y sanidad, al mismo tiempo que quebranta el Derecho a la Educación. En razón a esto, el Gobierno de la Ciudad presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, en la que especifica los motivos por los que juzga inconstitucional el artículo No2 del decreto. Estos son:

a) vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal; b) el principio de razonabilidad, en razón de que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la mera voluntad del Poder Ejecutivo Nacional; c) el principio de supremacía federal, por contravenir lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, que declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino. (Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021)

De esta manera, se puede observar, como el desacuerdo político de las voluntades de ambos gobiernos, de la Nación y Ciudad, con respecto a esta medida sanitaria con implicancias en educación, devino en un litigio judicial que tiene como principal interventor jurídico a la Corte Suprema de Justicia.

El 4 de mayo del 2021, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, juzgando inconstitucional la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta situación, pone de manifiesto dos peculiaridades de la política argentina: la oposición de intereses como el límite del diálogo político, que impide llegar a acuerdos consistentes, y la judicialización del mismo, que exige un interventor judicial como sustituto de la voluntad política.

La presencia de oposición de intereses políticos, es propia de toda sociedad que se estime democrática. Sin embargo, cuando dicha oposición no presenta carácter político pero aparece como tal, se constituye como el límite del diálogo político. Esto significa, que estos intereses, tan solo en apariencia persiguen el bien común social, propio de toda acción política, en concreto se rigen por beneficios particulares, es decir, anhelan el poder no en vistas comunitarias, sino en pos de particulares. De forma que, en lugar de ser apertura de diálogo, la oposición política se degrada en negación de la postura de la otra parte, hasta el punto de buscar su silenciamiento. Esto lleva a que todo diálogo que se plantee se vea truncado desde su inicio, dado que, al ser los intereses de ambas partes particulares, estas no se tienen como incluidas en los intereses políticos que una y la otra propugnan; sino que todo lo contrario, se perciben negadas y silenciadas de tal manera que se genera una escisión política que impide el diálogo y acuerdos consistentes que beneficien a toda la comunidad.

La judicialización del diálogo político, se presenta como el fenómeno por el cual los desacuerdos políticos asumen carácter judicial para su resolución. Al asumir carácter judicial, las partes en oposición ceden su voluntad política al órgano interventor judicial. Esto suscita una alteración de las lógicas que rigen la solución de desacuerdos políticos. Dado que del principio de oportunidad política, en el que prima la regla de las mayorías y la legitimación democrática, se pasa a la esfera judicial, gobernada por el principio de legalidad, dentro de un contexto institucional cuya legitimación consiste en la imparcialidad y la competencia técnica del que resuelve la disputa. De este modo, el interventor judicial sustituye la voluntad política de las partes resolviendo el desacuerdo con base a criterios jurídicos-técnicos, pero a su vez, el interventor judicial, al tener la responsabilidad de fallar en torno a un desacuerdo político, se ve sometido en su accionar a tensiones políticas; por lo que la judicialización de lo político implica la politización de lo judicial. Esto lleva a inferir, que el fallo emitido por el interventor judicial, en lugar de jurídico, se constituya como político.

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En síntesis, se puede advertir que en nuestro país se presenta la tendencia de recurrir a un interventor judicial que supla la voluntad política en caso de desacuerdos, que en apariencia se muestran como políticos, pero que responden al interés de personas o partidos particulares. De tal manera, que cabe la pregunta ¿los fallos verdaderamente observan el bien común social o urden el criterio técnico- jurídico en bienes particulares?

Por Bruno Leandro Ponferrada —– 20/06/ 21

Profesor en Filosofía y Técnico en la Gestión de Recursos Humanos

Fuentes:

Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021). Recuperado de: https://www.diariojudicial.com/nota/89025

Castillo O. P. (2021); Judicialización, Cuando los actores políticos instrumentalizan la justicia al servicio de sus intereses, los actores judiciales pueden verse atrapados en situaciones penosas, Diario El País; recuperado de: Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243058/20210416

Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa CSJ 567/2021 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

Recuperado de: https://www.cij.gov.ar/nota-38481-Resoluci-n-de-la-Corte-Suprema- de-Justicia-de-la-Naci-n-en-causa-CSJ-567-2021–Gobierno-de-la-Ciudad-de-Buenos- Aires-c–Estado-Nacional–Poder-Ejecutivo-Nacional–s–acci-n-declarativa-de- inconstituci.html

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Reforma Constitucional en Salta: ¿Y la educación?

El contexto de pandemia develó una serie de falencias que deberían obligar a los salteños a reconocer sus verdaderas prioridades y actuar al respecto.

El Gobierno desea avanzar este año con la reforma de la Constitución Provincial, y más allá del debate originado relacionado principalmente con la ocasión de hacerlo, plantea la oportunidad de un debate histórico sobre el futuro de la provincia y el rol de la Educación para alcanzar cualquier meta de crecimiento y desarrollo que se proponga.

Hasta ahora el debate y el interés de las autoridades expresadas a la sociedad están centrados en la duración de los mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces, el mandato de los concejales y la composición de los organismos de control.

¿Y la educación?

Los inconvenientes que está originando la “bimodalidad” en los establecimientos educativos, principalmente de gestión estatal, este año (por no mencionar lo ocurrido en el 2020) y la complicada reconexión de los niños y jóvenes con la escolaridad presencial actual demuestra con crudeza qué poca importancia estratégica le otorga la sociedad y las autoridades públicas a la educación.

Hasta ahora todo indica que nuestros dirigentes involucrados con la reforma estarían pasando por alto el drama educativo que afecta especialmente a los salteños y que se agravó con la COVID-19, como si la educación no fuera un derecho esencial.

No pareciera estar contemplado como punto clave de la reforma cuáles son los aspectos y las perspectivas que refieren a la proyección de las necesidades y soluciones educativas que impone el siglo XXI.

La actual Constitución que se pretende reformar fue sancionada el 2 de junio de 1986, reformada parcialmente, concordada y sancionada por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 y jurada el día 8 del mismo mes y año. Desde ese entonces a hoy hubo cambios normativos y de contexto que afectaron sustancialmente a la cuestión educativa a nivel nacional y que la Constitución local aún no refleja explícitamente.

Una oportunidad histórica

Podría ser una oportunidad histórica, que impone el tiempo actual, para actualizar las bases sobre la que se asienta el sistema educativo salteño; personalmente incluiría primordialmente en el debate al actual art. 49, que habla de las bases del sistema educativo local y el art. 76 relacionado al mismo, para destacar la importancia de la educación en el Desarrollo Económico y Social de la provincia. Algo semejante a lo que ocurrió en la última reforma de la Constitución nacional cuando se incorpora la “cláusula de progreso” y la relaciona directamente con los aspectos educativos.

Si bien es cierto, la ley de Educación 26206 contempla varios aspectos de los mencionados, estableciendo el derecho de los alumnos a desarrollar sus aprendizajes con instalaciones y equipamiento adecuados, que aseguren su calidad (art. 126, inciso j), sabemos por experiencia que el principal factor de incumplimiento de este derecho es la insuficiencia de recursos estatales para garantizar la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Esto genera en muchas provincias diversos problemas: falta de aulas y de conectividad en las escuelas y espacios educativos adecuados, falta de instalaciones dignas, calefacción, equipamiento, entre otros.

Otro problema que se debe poner en la mesa de debate es el relacionado con la necesidad de contar con datos del sistema educativo en general y en particular sobre el nivel socioeconómico de los alumnos de cada escuela para la toma de decisiones, además de ser un factor que promueve condiciones poco justas y equitativas de distribución de los recursos estatales para la infraestructura escolar.

La actualización de la Constitución podría sentar las bases para que estos temas sean objeto de posterior legislación provincial.

Me refiero específicamente a las cuestiones relacionadas con la calidad educativa y la educación y formación profesional de los trabajadores a lo largo de la vida, que posibiliten el desarrollo de las personas y la región, además de permitirles el acceso a un trabajo digno e inclusivo que permita reducir brechas y desigualdades. Cabe destacar que la calidad de la vida humana depende cada vez más de propuestas educativas que abran acceso al conocimiento, incorporen las nuevas tecnologías, se integre al mundo y consoliden valores fundamentales.

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Un tema crucial, que dejó al desnudo la pandemia y que debería destacarse, son los relacionados con las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento que garanticen a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación; pero que no solo esté relacionado con las condiciones edilicias, sino de conectividad y recursos que se deben disponer para la bimodalidad.

Calidad Educativa

Es evidente que la pandemia profundizó la desigualdad por muchos motivos.

Fue desesperante la baja capacidad operativa y de gestión que han demostrado la administración provincial y el propio Gobierno nacional ante la pandemia, inclusive a la hora de planificar y poner en marcha acciones que ayuden a paliar los efectos de COVID-19. Un tema no menos importante y que prácticamente no está contemplado es el de la calidad y debería incorporarse.

El derecho a la educación con materiales pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas entre los/as alumnos/as y escuelas y un Estado presente que tenga la obligación de distribuir materiales y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y de calidad para todos los alumnos es fundamental.

Un ejemplo de esto, computadoras con acceso a internet y materiales de consulta para docentes y padres. Es importante considerar que estos materiales forman parte del eje de la calidad educativa, dado que tienen claros fines pedagógicos y deben ser elaborados por equipos profesionales de especialistas.

La Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) establece la obligación del Estado de dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad (incluyendo equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas y demás recursos pedagógicos), dando prioridad a aquellos establecimientos que atienden población en situación económica desfavorable (art. 85).

Asimismo, la mencionada ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y su creación en aquellas escuelas donde aún no se hayan desarrollado (art. 91). Por otra parte, dedica un apartado a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, haciendo hincapié en la incorporación de estas herramientas en el proceso de enseñanza – aprendizaje (arts. 94 a 99). La Constitución local debería contemplar este aspecto explícitamente para que se garantice este derecho.

Contemplar la calidad educativa expresamente también implica velar por el derecho a la educación, con docentes bien preparados y actualizados permanentemente, capaces de desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas y significativas, ya que la formación y capacitación de los docentes es un aspecto central de la calidad educativa, ya que el cuerpo docente es el principal determinante de los procesos de enseñanza.

Sentar las bases para el derecho a una educación de calidad que garantice altos niveles de conocimientos básicos comunes y capacidad para el aprendizaje autónomo y socialmente significativo a lo largo de toda la vida es clave. Los aprendizajes de los alumnos deben ser adecuados, actualizados y significativos, para que se cumpla plenamente su derecho a la educación. El Estado es el garante de este derecho y debe generar las condiciones necesarias para su cumplimiento.

Animarse a poner en agenda y meterse en el debate profundo de la educación que necesitamos que propicie el progreso de Salta para salir de la pobreza es la oportunidad y el desafío que se podría poner en agenda.

Por Silvia Alvarez                                                                                                                 23/03/21

* Silvia Álvarez coordinó los encuentros virtuales “Desafíos de la educación digital que viene” (Ucasal)

Fuente: www.eltribuno.info

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