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Opinión

¿Podrá sobrevivir el hombre?

El Licenciado en Relaciones Internacionales, Víctor Toledo, docente de la Universidad Católica de Salta, nos presenta una aproximación a los profundos desafíos que nos plantea la crisis provocada por la expansión mundial del Coronavirus. Una momento en el que se entrecruzan, cuestiones antropológicas, políticas y económicas. Un aporte para seguir profundizando en la comprensión de lo que estamos viviendo como humanidad.

“El título de este artículo es la reproducción textual de una obra de Erich Fromm, escrita en 1961, cuando las cuestiones de género no estaban todavía en la agenda.

En la actualidad, la pregunta bien podría ser: ¿podrán sobrevivir los seres humanos?

Infinidad de artículos que se escribieron sobre el COVID-19 y los desafíos que ha planteado a escala mundial, replican con insistencia de lo inédito de esta situación, que para muchos es el mayor desafío que tienen los seres humanos desde la segunda guerra mundial.

Memoria selectiva

La memoria colectiva suele ser frágil y, en no pocas ocasiones, selectiva.

En la década de 1960 Fromm recogía el guante sobre lo que, en ese entonces era considerado el “mayor desafío” al que se enfrentaban los seres humanos: una guerra nuclear.

Ese contexto era, como el de ahora, un escenario incierto, pues si bien se experimentaron las calamidades que estas armas pueden provocar en una población, nunca se había dado un enfrentamiento entre dos potencias nucleares.

La letalidad de las armas desarrolladas en esos años eran muy superiores a las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki quince años atrás, y la Destrucción Mutua Asegurada o MAD (loco en inglés), ponía en vilo a todo el mundo, aún en tiempos en los que la globalización no se había acelerado.

Frente a esa atmósfera de incertidumbre, análisis prospectivos y predicciones apocalípticas, no es de extrañar que varios países se aventuraran a desarrollar sus propias armas nucleares como medidas preventivas; a fortalecer sus sistemas de defensa y a redefinir sus alianzas y enemistades.

Los particulares no quedaron al margen. Algunos dotados de recursos económicos suficientes construyeron refugios antinucleares, mientras que otros migraron hacia zonas “excéntricas” a la guerra fría. También aumentaron las muestras de desconfianza y rechazo hacia extranjeros de ciertas nacionalidades.

Guerra y razón

Es en ese marco en el que Fromm reflexionaba sobre qué tan racional era pensar en una guerra nuclear y planteaba la necesidad de racionalizar la toma de decisiones y no guiarse por comportamientos “patológicos”.

Para él, en materia política interna e internacional- hay tres tipos de este comportamiento: el paranoico, el proyectivo y el fanático.

El pensamiento paranoico es propio de quien se siente perseguido por “”todo el mundo” y ve enemigos en todos lados.

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Este pensamiento conserva – a diferencia del de un esquizofrénico – el requisito de la posibilidad lógica; es decir, la posibilidad de que un determinado acontecimiento suceda. Sin embargo, el paranoico renuncia a otro aspecto: la probabilidad realista de que tal acontecimiento le suceda.

La proyección, a su vez, es una forma de pensamiento que hace que el otro nos parezca la encarnación de todo lo malo, porque todo lo malo que se siente es proyectado sobre él. Una vez que esto ha ocurrido, el proyectivo se considera como la encarnación de todo lo bueno y por lo tanto proclive a la autoglorificación y a la falta de crítica.

Finalmente está el pensamiento fanático, mucho más narcisista que el anterior y que está desvinculado del mundo exterior. El fanático ha construido para sí mismo un ídolo, un absoluto, al cual se entrega completamente y por tal motivo tiene la ilusión de pensar, actuar y sentir en nombre de ese ídolo.

La propagación del coronavirus por todo el mundo ha dado pie a estos tipos de pensamientos, que tienen la particularidad de ser colectivos, y que redundan en prácticas cada vez más irracionales, fanáticas y proyectivas.

Los nacionalismos extremos se han fortificado y el miedo al “extranjero”, sea éste oriental, occidental o inclusive simples vecinos de la ciudad, se tradujeron en amenazas y hasta en actos vandálicos en contra de quienes cometieron el imperdonable error de haberse contagiado, o estar en contacto con contagiados, o simplemente haber tenido la posibilidad de contactarse con contagiados del COVD-19. La cooperación e integración, hasta hace pocos meses glorificadas casi hasta el hartazgo, parecieran haber desaparecido de la esfera política, cuando los países unilateralmente y sin planes de contingencia decidieron cerrar sus aeropuertos y restringir así el ingreso y egreso de ciudadanos dispersos por distintas regiones del mundo o hacia dentro de las fronteras. En esta contingencia vemos a la OMS, que tiene entre sus finalidades “suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud”, titubear a la hora de exponer ante la comunidad internacional todas las decisiones que en su conjunto podrían explicar esta pandemia y a la vez al presidente de EEUU suspenderle el financiamiento porque ésta no le da la razón. Observamos cómo ciertos líderes políticos se aferran a sus estrategias de enfrentar al virus sin permitir la más mínima crítica.

Cualquier crítica suele ser considerada producto de opiniones de quienes por alguna enigmática razón desean, según los casos, destruir la economía o destruir vidas.

Asistimos a una competencia irracional por ver qué país, región o provincia tiene menos contagios; o menor tasa de contagios; o menor cantidad de muertos; o tasas de mortalidad por habitantes o por contagiados más baja; o realiza más testeos; o posee más recuperados; etc., todo según la conveniencia del momento.

Mientras tanto, al momento de escribir este artículo, del total de testeados a nivel mundial, la cantidad de infectados se acerca a las 5,5 millones de personas, y las muertes a las 350 mil. Los números en bruto asustan, pero puestos en perspectivas implican que aproximadamente el 0,73% de los habitantes del mundo se contagiaron y el 0,0046% de la población mundial o el 6,36% del total de infectados fallecieron.

Ahora, si se analiza la película y la tasa de crecimiento de contagios y muertes a nivel mundial, se puede observar que se tardaron 84 días para llegar a la cifra del primer millón de contagiados y 15 días para el segundo millón. La cantidad de muertos por Coronavirus a nivel mundial alcanzó la cifra de 100.00 personas en alrededor de 81 días y la cifra de 200.000 en 15. Sólo en EEUU se prevén entre 150 y 200 millones de contagiados al finalizar la pandemia y una cifra de muertos que podría llegar al millón y medio de personas. Para actuar racionalmente en un mundo que es irracional, hay que tener en cuenta ambas miradas.

Paralelamente, la ciencia ha logrado descifrar en tiempo récord muchas incógnitas sobre este virus y algunos científicos aseguran que la virulencia del COVID-19 está disminuyendo, anticipando que para la primavera austral o el otoño boreal podría inclusive desaparecer.

A su vez, algunos laboratorios anunciaron que la vacuna estaría disponible en julio o septiembre, lo que de concretarse sería un logro inédito en la historia de la ciencia.

En definitiva, es probable que el “hombre” sobreviva, pero en el camino, ¿podrá sobrevivir la humanidad?

Por Víctor Toledo – Lic. en Relaciones Internacionales –                31/05/2020

Artículo publicado en la sección opinión del Diario El Tribuno – www.eltribuno.com

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Opinión

Salta en “código rojo”: pobreza y desocupación

La pandemia generada por la covid-19 ya causó más de 20.000 contagios y un millar de muertes en la provincia, pero sobre todo agudizó las diferencias sociales imperantes en este rincón del país. Las estadísticas indican que Salta ostenta números alarmantes, sin embargo hay toda una clase política que parece desentendida del asunto.

Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares, que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos, analizaron 181.055 hogares en Salta, que comprenden a unas 638.285 personas. A partir de ese análisis se conoció que el conglomerado urbano de Salta -conformado por Capital y alrededores- tuvo una baja en los índices de pobreza e indigencia, que alcanzan ahora un 41,7%. Esta tendencia fue a contramano del incremento general que hubo en el país. Lo mismo se dio con la indigencia, ya que el número salteño llegó a 10,3%, mientras que el promedio en Argentina es de 10,5.

En este análisis Salta también presenta otra particularidad. No registró vaivenes como consecuencia de la pandemia. El pico de pobreza lo alcanzó en el segundo semestre de 2019 con 45,5%, y esa cifra se repite en primer semestre de 2020.

Actualmente, son 248.748 los pobres en el área metropolitana salteña, 22.766 menos que en la primera mitad del año pasado, cuando el total ascendía a 265.982 Con baja y todo, sigue siendo una cifra elevada, que se agrava con los 66.012 indigentes. Los hogares debajo de la línea de la pobreza llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).

La merma en las cifras no da margen a celebraciones. A pesar de esto la respuesta política es escasa o mejor dicho nula. En un mes de trabajo ordinario, los 21 concejales de la ciudad no dijeron nada al respecto. Tampoco trataron Ordenanzas en relación al tema. El silencio replicó en ambas cámaras de la Legislatura y en el Centro Cívico Grand Bourg.

Trabajo no hay

Al finalizar el 2019 había 270.000 salteños ocupados en un trabajo, mientras que al concluir el 2020 ese número se redujo a 260.000. Estas cifras del Indec resultan paradójicas porque el índice de desempleo también bajó en un año de 10,3% a 9%.

Hasta 2019, en Salta se registraban unos 31.000 desocupados, mientras que en el ocaso de 2020 los desocupados en la provincia se ubicaban en 26.000. La caída de la cantidad de personas empleadas y el menor número de desempleados, radica, según el organismo oficial, en que habría un abandono de por lo menos 10.000 personas en la búsqueda activa de trabajo.

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Para el INDEC, en Salta capital y alrededores hoy viven 639.000 personas en total, de las cuales 286.000 son económicamente activas, 260.000 tienen trabajo y 26.000 están desocupados. Un dato no menor es que también hay 66.000 personas que ya tienen un trabajo, pero se encuentran buscando otro.

En tanto en el 2019 había 632.000 habitantes en Salta, 301.000 eran económicamente activos, 270.000 ocupados, 31.000 desocupados y 48.000 personas estaban subocupadas.

A nivel regional la desocupación de Salta es la segunda, solo por detrás de la que se registra en Tucumán, que llega al 9,5%. En promedio, las provincias del NOA tienen un 7,2% de desocupados.

Estos números, tan fríos como reales por las historias que esconden atrás, todavía esperan ser tenidos en cuenta.

Por Nahuel Toledo – Periodista 18/03/21

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Opinión

Reforma Constitucional en Salta: ¿Y la educación?

El contexto de pandemia develó una serie de falencias que deberían obligar a los salteños a reconocer sus verdaderas prioridades y actuar al respecto.

El Gobierno desea avanzar este año con la reforma de la Constitución Provincial, y más allá del debate originado relacionado principalmente con la ocasión de hacerlo, plantea la oportunidad de un debate histórico sobre el futuro de la provincia y el rol de la Educación para alcanzar cualquier meta de crecimiento y desarrollo que se proponga.

Hasta ahora el debate y el interés de las autoridades expresadas a la sociedad están centrados en la duración de los mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces, el mandato de los concejales y la composición de los organismos de control.

¿Y la educación?

Los inconvenientes que está originando la “bimodalidad” en los establecimientos educativos, principalmente de gestión estatal, este año (por no mencionar lo ocurrido en el 2020) y la complicada reconexión de los niños y jóvenes con la escolaridad presencial actual demuestra con crudeza qué poca importancia estratégica le otorga la sociedad y las autoridades públicas a la educación.

Hasta ahora todo indica que nuestros dirigentes involucrados con la reforma estarían pasando por alto el drama educativo que afecta especialmente a los salteños y que se agravó con la COVID-19, como si la educación no fuera un derecho esencial.

No pareciera estar contemplado como punto clave de la reforma cuáles son los aspectos y las perspectivas que refieren a la proyección de las necesidades y soluciones educativas que impone el siglo XXI.

La actual Constitución que se pretende reformar fue sancionada el 2 de junio de 1986, reformada parcialmente, concordada y sancionada por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 y jurada el día 8 del mismo mes y año. Desde ese entonces a hoy hubo cambios normativos y de contexto que afectaron sustancialmente a la cuestión educativa a nivel nacional y que la Constitución local aún no refleja explícitamente.

Una oportunidad histórica

Podría ser una oportunidad histórica, que impone el tiempo actual, para actualizar las bases sobre la que se asienta el sistema educativo salteño; personalmente incluiría primordialmente en el debate al actual art. 49, que habla de las bases del sistema educativo local y el art. 76 relacionado al mismo, para destacar la importancia de la educación en el Desarrollo Económico y Social de la provincia. Algo semejante a lo que ocurrió en la última reforma de la Constitución nacional cuando se incorpora la “cláusula de progreso” y la relaciona directamente con los aspectos educativos.

Si bien es cierto, la ley de Educación 26206 contempla varios aspectos de los mencionados, estableciendo el derecho de los alumnos a desarrollar sus aprendizajes con instalaciones y equipamiento adecuados, que aseguren su calidad (art. 126, inciso j), sabemos por experiencia que el principal factor de incumplimiento de este derecho es la insuficiencia de recursos estatales para garantizar la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Esto genera en muchas provincias diversos problemas: falta de aulas y de conectividad en las escuelas y espacios educativos adecuados, falta de instalaciones dignas, calefacción, equipamiento, entre otros.

Otro problema que se debe poner en la mesa de debate es el relacionado con la necesidad de contar con datos del sistema educativo en general y en particular sobre el nivel socioeconómico de los alumnos de cada escuela para la toma de decisiones, además de ser un factor que promueve condiciones poco justas y equitativas de distribución de los recursos estatales para la infraestructura escolar.

La actualización de la Constitución podría sentar las bases para que estos temas sean objeto de posterior legislación provincial.

Me refiero específicamente a las cuestiones relacionadas con la calidad educativa y la educación y formación profesional de los trabajadores a lo largo de la vida, que posibiliten el desarrollo de las personas y la región, además de permitirles el acceso a un trabajo digno e inclusivo que permita reducir brechas y desigualdades. Cabe destacar que la calidad de la vida humana depende cada vez más de propuestas educativas que abran acceso al conocimiento, incorporen las nuevas tecnologías, se integre al mundo y consoliden valores fundamentales.

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Un tema crucial, que dejó al desnudo la pandemia y que debería destacarse, son los relacionados con las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento que garanticen a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación; pero que no solo esté relacionado con las condiciones edilicias, sino de conectividad y recursos que se deben disponer para la bimodalidad.

Calidad Educativa

Es evidente que la pandemia profundizó la desigualdad por muchos motivos.

Fue desesperante la baja capacidad operativa y de gestión que han demostrado la administración provincial y el propio Gobierno nacional ante la pandemia, inclusive a la hora de planificar y poner en marcha acciones que ayuden a paliar los efectos de COVID-19. Un tema no menos importante y que prácticamente no está contemplado es el de la calidad y debería incorporarse.

El derecho a la educación con materiales pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas entre los/as alumnos/as y escuelas y un Estado presente que tenga la obligación de distribuir materiales y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y de calidad para todos los alumnos es fundamental.

Un ejemplo de esto, computadoras con acceso a internet y materiales de consulta para docentes y padres. Es importante considerar que estos materiales forman parte del eje de la calidad educativa, dado que tienen claros fines pedagógicos y deben ser elaborados por equipos profesionales de especialistas.

La Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) establece la obligación del Estado de dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad (incluyendo equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas y demás recursos pedagógicos), dando prioridad a aquellos establecimientos que atienden población en situación económica desfavorable (art. 85).

Asimismo, la mencionada ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y su creación en aquellas escuelas donde aún no se hayan desarrollado (art. 91). Por otra parte, dedica un apartado a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, haciendo hincapié en la incorporación de estas herramientas en el proceso de enseñanza – aprendizaje (arts. 94 a 99). La Constitución local debería contemplar este aspecto explícitamente para que se garantice este derecho.

Contemplar la calidad educativa expresamente también implica velar por el derecho a la educación, con docentes bien preparados y actualizados permanentemente, capaces de desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas y significativas, ya que la formación y capacitación de los docentes es un aspecto central de la calidad educativa, ya que el cuerpo docente es el principal determinante de los procesos de enseñanza.

Sentar las bases para el derecho a una educación de calidad que garantice altos niveles de conocimientos básicos comunes y capacidad para el aprendizaje autónomo y socialmente significativo a lo largo de toda la vida es clave. Los aprendizajes de los alumnos deben ser adecuados, actualizados y significativos, para que se cumpla plenamente su derecho a la educación. El Estado es el garante de este derecho y debe generar las condiciones necesarias para su cumplimiento.

Animarse a poner en agenda y meterse en el debate profundo de la educación que necesitamos que propicie el progreso de Salta para salir de la pobreza es la oportunidad y el desafío que se podría poner en agenda.

Por Silvia Alvarez                                                                                                                 23/03/21

* Silvia Álvarez coordinó los encuentros virtuales “Desafíos de la educación digital que viene” (Ucasal)

Fuente: www.eltribuno.info

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Opinión

Vacunación en Latinoamérica: entre la necesidad y el escándalo

El hecho de que se han logrado crear vacunas para enfrentar el Coronavirus, ha generado esperanzas de lograr superar la enfermedad y evitar mas muertes de seres humanos. Una serie de laboratorios, algunos privados y otros estatales, las comenzaron ha desarrollar y a vender a escala mundial.

Uno de los problemas que se han presentado, desde el comienzo, ha sido la imposibilidad de cubrir la enorme demanda, dado lo extendido de la enfermedad y el surgimiento, de nuevas olas de contagio. Por eso, en la mayoría de los países se dio prioridad en el acceso a la vacunación a personas vinculadas a los servicios de salud y seguridad. Además de los grupos de riesgo.

Pero a estas dificultades, se han agregado, una serie de casos y situaciones que muestran, graves irregularidades a la hora de aplicarlas a las personas que lógicamente eran prioritarias.

Argentina y Perú

Hemos vistos que en estos dos países han sucedido algunos de los casos mas graves. En nuestro país se ha llegado a destituir al Ministro de Salud, por haberse comprobado que gestionó de manera personal, el suministro de vacunas a amigos y parientes. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia, aún cuando el funcionario era, uno de sus más cercanos y confiables colaboradores.

Pero a partir de esta situación se conocieron muchos más casos, en los que quedó en evidencia no sólo la falta de organización, sino también, evidentes actos de corrupción, como la falsificación de documentación para acceder a la vacuna por parte de personas cercanas al gobierno. Esto también se dio con administraciones provinciales y municipales.

En Perú al menos 487 personas entre los que se cuentan el ex presidente Martín Vizcarra, varios miembros de su gabinete y también funcionarios del actual gobierno de Francisco Sagasti, fueron vacunadas de forma que se sospecha irregular a finales de 2020.

Los involucrados recibieron dos dosis de la vacuna que llegó a Perú como un cargamento extra cuando el país era parte de la fase III del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, que ya mostraba resultados prometedores.

Así este grupo de casi 500 personas -que también incluía a familiares y amigos de funcionarios, ministros y otros políticos peruanos- tuvo acceso privilegiado y secreto a la vacuna a finales de 2020.

Paraguay

Paraguay inició el pasado lunes 22 de febrero la campaña de vacunación contra el coronavirus con 2.000 trabajadores de la salud que recibieron la vacuna Sputnik V durante esta primera etapa. En tanto, horas antes de empezar la campaña de vacunación, el ministro de salud del país, Julio Mazzoleni había lanzado una advertencia desde su cuenta de Twitter: “A quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas se lo va a destituir”.

De todas formas, Paraguay solo dispone de 4.000 dosis de Sputnik V, que arribaron al país como parte de un lote de un millón de vacunas adquiridas al Fondo Ruso de Inversión Directa. Se espera recibir 4,3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, una coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud que busca brindar un acceso global equitativo a las vacunas.

Chile

En Chile para el 25 de febrero se habían vacunado 3.125.171 lo que representa el 16% de la población, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Es decir, más del 20% de la población objetivo (15,2 millones) ha recibido al menos una de las dos dosis. Y aunque si bien solo 55.500 personas han recibido la doble dosis –un 0,4% del total–, es el país de América Latina que se encuentra a la cabeza de las inmunizaciones y está entre los más destacados del mundo. Puesto que las estadísticas de Our World in Data de la Universidad de Oxford sitúan a Chile como el quinto país con más dosis puestas por cada 100 habitantes, solo por detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

Hasta el momento, Chile ha firmado acuerdos para vacunas con los laboratorios de Pfizer /BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson y del mecanismo COVAX. Y espera entonces recibir más de 10 millones de dosis de Sinovac (4 millones llegarán antes que inicie marzo), 10 millones de Pfizer/BioNtTech (se espera que se complete una carga de 2 millones de dosis para antes de marzo) y 11 millones de dosis de AstraZeneca (5 millones de dosis para abril o mayo), Johnson & Johnson (ha comprometido 4 millones) y la alianza Covax. Las autoridades sanitarias estudian, además, la posibilidad de comprar ocho millones de dosis de Sputnik V a los rusos.

Uruguay

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Uruguay es el último país de Sudamérica al que le han llegado vacunas, ya que se espera que para el fin de semana de publicación de este artículo arriben las primeras dosis de la vacuna del mecanismo COVAX a las que se sumarán más de tres millones de dosis de Pfizer (que empezarán a llegar a los primeros días de marzo) para alcanzar las 700.000 vacunados por mes según planes del Gobierno. La “demora” en el arribo de vacunas ha generado críticas junto a pedidos de explicaciones por parte de la oposición al Gobierno de Lacalle Pou. 

Brasil

Hasta el 25 de febrero, Brasil ha inoculado a 6.002.050 personas lo que representa casi el 3% de su población de 210 millones de personas, aunque el Ministerio de Salud puso como población objetivo a 170 millones excluyendo a menores de 18 años, mujeres embarazas y personas contraindicadas para recibir la dosis. En tanto, el Ejecutivo firmó un acuerdo con la farmacéutica india Bharat Biotech para adquirir 20 millones de dosis de Covaxin, que aún no ha sido aprobada en el país.

El Gobierno ha dicho que tendrán prioridad los trabajadores de la salud y del sector educación, la población indígena, mayores de 60 y hasta 74 años, comunidades ribereñas, desamparados, personas con antecedentes de salud de riesgo, fuerzas de seguridad, transporte y reclusos. Las vacunas se distribuyen a los estados y municipios, que son los encargados de establecer mecanismos de aplicación de la vacuna.

Por lo tanto, las vacunas ya incluidas en los acuerdos previos son AstraZeneca /Oxford y Sinovac (China) de las cuales esperan recibir 46 millones de dosis de la vacuna (6 millones listas para aplicar y la materia prima para crear 40 millones más).

Venezuela

El país se encuentra como es sabido, en una situación extremadamente excepcional, tanto en lo político como en lo sanitario. Desde el comienzo de la crisis provocada por la Pandemia, además, el acceso a información independiente y confiable sobre la situación del país ha sido casi nula.

Lo que se ha conocido, porque además, el mismo Nicolás Maduro y miembros de su fuerza política lo dieron a conocer, es que se dio prioridad a militantes y partidarios, convirtiéndose en uno de los casos mas flagrantes de desigualdad y corrupción.

La desigualdad y la falta de confianza

Mucho se ha hablado sobre qué cambiaría en la humanidad a partir de la Pandemia. Ciertamente, en ámbitos como los tecnológicos, comunicacionales y económicos, las transformaciones parecen mas evidentes y hasta obvias. Pero en lo político y social, no. Claramente no.

Varias administraciones están haciendo las cosas bien, pero la desconfianza, nos parece, ha crecido a raíz de que son muchos los casos que muestran irregularidades. Estamos en el momento justo para revertir la situación.

Los ciudadanos debemos estar más atentos que nunca, a la hora de exigir que se cumplan las normas y las leyes que permitan una distribución justa y equilibrada de las vacunas. Es un tarea en la que, las redes sociales, con todos sus límites, pueden servir de instrumento, para mostrar y denunciar irregularidades.

Las fallas de nuestras democracias en Latinoamérica particularmente, aparecen en toda de su magnitud en situaciones como una Pandemia. Cierta corrupción estructural sigue siendo un drama, nos referimos sobre todo al rol y modo de acción del funcionario público. Los actos contrarios a la ley, que se reflejan en el continuo aprovechamiento de la función pública para beneficio personal, generan una constante desconfianza en el sistema político.

Queda mucho por hacer, para mejorar en nuestras democracias, sobre todo en materia del control de la corrupción en el ejercicio de la función pública. Pero en esta situación de emergencia en la que está en juego la vida de millones de personas, estamos más obligados a evitar de manera firme, todo tipo de injusticia en la distribución de las vacunas. Una tarea, reiteramos, en la que los ciudadanos todos, debemos participar.

Por Bruno Iriarte y Fernando González                                                                 28/02/2021

Fuentes: www.bbc.com/mundo – www.elmundo.es – www.ourworldindata.com – www.cnnespanol.com

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