Observador Urbano

Perú: la destitución del presidente Martín Vizcarra

El día lunes 9 de noviembre el presidente peruano Ing. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso, por presuntos indicios de corrupción en su gestión como gobernador regional del Departamento de Moquegua durante el período 2011-2014.

El antecedente de esta situación, se remonta al año 2018, cuando Martín Vizcarra pasó de ser el Vicepresidente, acompañando al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fuera acusado por casos de corrupción en la trama internacional de sobornos pagados por la compañía brasileña Odebretcht y, que luego, dicha situación se tornaría aún más insostenible producto de su decisión de conceder el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori –acusado de delitos de corrupción y violación de los Derechos Humanos–, hecho que llevó al Congreso a solicitar nuevamente un segundo proceso de vacancia y, en donde finalmente Kuczynski terminaría por renunciar.

En dicho contexto el día 23 de marzo de 2019 el Congreso aceptó la renuncia del entonces presidente y tomó juramento como nuevo presidente al Ing. Vizcarra, perteneciente al partido político Peruanos Por el Kambio (PPK) de tendencia liberal – conservador, deviniendo un tiempo después, en el partido político “Contigo”.

Cabe resaltar que durante la gestión presidencial de Kuczynski no sólo ejerció como vicepresidente sino, que en 2017 fue designado embajador del Perú en Canadá, misión diplomática que ejerció con carácter extraordinario y plenipotenciario, en virtud de que no conformaba el cuerpo diplomático.

El conflicto entre el presidente Vizcarra y el Congreso

El viernes 27 de septiembre de 2019, el entonces presidente decidió plantear una “cuestión de confianza” al Congreso de la República para el cambio de las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ello en virtud de cumplir y asegurar los estándares constitucionales que garantizan la plena independencia y autonomía de una institución que posee tal envergadura.

Esta decisión se produjo como consecuencia «del archivamiento de su proyecto de adelanto de elecciones y en medio de una polémica por el proceso de elecciones de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional».

Por su parte, el Congreso peruano – integrado en ese entonces por mayoría de oposición fujimorista – prosiguió con sus funciones y el lunes 30 de septiembre de 2019 eligió a los miembros del Tribunal Constitucional y, luego, analizó la “cuestión de confianza”.

Frente a ello, el presidente Vizcarra anunció la disolución constitucional del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico cuando ese mismo día por la noche, el Congreso aprobó la “Moción de Orden del Día 10651” declarando la incapacidad temporal del presidente Vizcarra por «propiciar la ruptura del orden constitucional».

Cabe destacar que en dicho momento la ciudadanía se expresó a favor de la decisión del Presidente Vizcarra, como también las FF.AA. del Perú, reafirmaban su respaldo al orden constitucional y al presidente.

El recurso utilizado por el entonces presidente, se encuentra legislado por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú que reza:

“El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”.

Por otra parte, el artículo 133 de la Constitución Política del Perú establece que:

“El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete”.

Así, frente a la decisión del Congreso y faltando 5 meses para las elecciones generales, la ciudadanía expresó su rechazo a dicha decisión y a la asunción de Manuel Merino como presidente, a través de masivas manifestaciones, que han sido reprimidas violentamente por parte del personal policial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en el marco de protestas pacíficas:

También, la CIDH ha llamado al Estado de Perú a garantizar la institucionalidad:

Resta esperar por la determinación del Tribunal Constitucional el 18 de noviembre, respecto al recurso interpuesto por el presidente Martín Vizcarra.

Del mismo modo, la OEA ha solicitado al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la decisión adoptada por el Parlamento peruano.

Por su parte, la ONG Human Rights Watch solicitó a la OEA convocar al Consejo Permanente.

Las palabras del presidente Vizcarra frente a la determinación del Congreso fue la siguiente:

Por María Agustina Martínez                                                                                               15/10/2020

Fuentes: www.dw.com – www.frenace24.com – www.oas.org – www.rpp.pe

Imagen destacada: www.efe.com