Observador Urbano

Michelle Bachelet y su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela

Luego de la visita oficial de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – Michelle Bachelet – a Venezuela en el mes de junio, se publicó el informe de carácter exhaustivo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela.

El informe tiene como eje la situación de los DD.HH. desde el año 2018, aunque recopila determinados hechos acontecidos con anterioridad a ese año.

Se destaca la labor realizada por la Oficina de la Alta Comisionada, la cual incluyó no sólo la recopilación y análisis de información sino, las visitas realizadas a Venezuela en marzo de 2019 en donde se reunió con las partes interesadas en el conflicto y, las realizadas entre septiembre de 2018 y abril de 2019 a la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú, en donde entrevistó a refugiados y migrantes venezolanos.

“El ACNUDH mantuvo 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad”.

Resultados de la investigación

Uno de los derechos más afectados por la crisis venezolana es el derecho a la alimentación. De acuerdo al ACNUDH, éste derecho, junto con la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre fueron violados.

“El Gobierno (de Nicolás Maduro) no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias”.

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 3.7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición. 

Por otro lado, el informe revela que el derecho a la salud también fue violado, como consecuencia del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aun por motivos económicos.

En cuanto a los derechos civiles y políticos -como la libertad de opinión y expresión- el informe pone de manifiesto que el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación.

Asimismo, el informe resalta la represión selectiva y persecución por motivos políticos y, el uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad.

Uno de los últimos puntos tratados por el ACNUDH es la vulneración de los derechos económicos y sociales sufrida por “grupos en situación de riesgo” como ser: pueblos originarios, ya que no sólo se ven vulnerados en sus derechos colectivos como pueblos indígenas, sino que en virtud de la crisis humanitaria que atraviesa su país, deben enfrentar los mismos desafíos que la población general. Y, por otro lado, las personas migrantes y refugiados quienes como consecuencia de la violación de sus derechos a la alimentación y la salud -entre otros- se vieron y ven obligados a dejar su país (el número de personas que han abandonado el país ronda los 4 millones).

Las recomendaciones del ACNUDH al Gobierno de Nicolás Maduro son:

  • La adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.
  • La adopción de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
  • La liberación de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
  • La adopción de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación.
  • La detención y prevención del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
  • Y, garantizar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias; entre otras.

Una de las consecuencias inmediatas luego de la publicación del informe, fue la liberación por parte del Gobierno de 22 detenidos entre los que se encontraban el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni.

Por último, Michelle Bachelet expresó que no hay una fecha límite para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por su Oficina: “la idea es trabajar y cooperar con el Gobierno en el terreno y desde aquí para tratar de animarlos a que cumplan con esas recomendaciones”.

Por Agustina Martínez

Fuente: www.ohchr.org – https://news.un.org/es/ 

Imagen destacada: www.radioinfinita.com

Imagen en nota: www.eltiempo.com