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MERCOSUR entre el quiebre y la reconstrucción

Los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebraron este jueves, la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, de manera virtual, en la cual Alberto Fernández traspasó la presidencia pro témpore del bloque al brasileño Jair Bolsonaro, quien la ocupará hasta diciembre. Sin embargo, lo más relevante se dio horas antes, cuando Uruguay, reivindicó su pertenencia al Mercosur y al mismo tiempo, comunicó que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona.

Por un lado, en el plano internacional, existe un consenso casi generalizado sobre que la decisión de Uruguay de comenzar a negociar por fuera del Mercosur era necesaria. Por otro, esta decisión generó preocupación en el resto de los países del bloque: la Cancillería argentina, aparece como férreo opositor ya que esto representaría un incumplimiento del Tratado de Asunción, (el documento fundacional del bloque), por su lado Brasil se ha mostrado proclive a acompañar la postura de Montevideo e impulsa la reducción del Arancel Externo Común y Paraguay, considera que esta decisión coloca al bloque en una “situación delicada”.

Uruguay, argumentó la posición “en defender la modernización del bloque, a través de una agenda de negociaciones externas sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente”, para lo que entendió que “la decisión 32/00 (prohibición que tienen los socios del bloque para negociar en forma individual con terceros países), no está en vigor, ya que nunca fue internalizada”.

Mientras que el Estado Argentino hace hincapié en el incumplimiento del Tratado, en especial al artículo primero que implica “el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales”.

Lacalle Pou, continua con la postura marcada en la cumbre del 26 de marzo, en la que sostenía que Uruguay necesitaba avanzar y que era necesaria la flexibilización y reafirma:

“Si le ponemos signo político a la relación exterior, estamos fritos. Reafirmamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que se adopten decisiones que pueden tener un gran impacto en el entramado productivo. (…) Es fundamental que los gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR instrumenten políticas públicas que creen las condiciones necesarias para asegurar un sendero de crecimiento económico, basado en la inversión y la creación de empleo genuino”

Cabe destacar que el Consejo Industrial del MERCOSUR (CIM) realizó una nueva Declaración Conjunta acordada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la que expresó “preocupación” ante la posibilidad de que “se adopten decisiones que impacten negativamente en el entramado productivo regional”. 

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Brasil, por su lado, acompaña la posición uruguaya y además pretende que el Arancel Externo Común (AEC) se reduzca drásticamente para ganar competitividad. En promedio este arancel en el bloque es del 13% (el impuesto que paga cada mercancía al ingresar al Mercosur por cualquiera de sus Estados Partes) y Bolsonaro quiere rebajarlo al 6 o 7%, teniendo en cuenta que a nivel mundial, el arancel ronda el 5,5%.   Con respecto a esto, Argentina había propuesto hace unos meses, que esa reducción del AEC se haga de manera progresiva: una baja del 10% ahora y otra para 2022, pero la misma no fue aceptada.

Finalmente, ell Presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, preocupado por la situación, expresó:

“Con respecto al relacionamiento externo, tenemos que seguir trabajando de forma coordinada y en conjunto, con una visión equilibrada que tenga en cuenta los intereses de todos y escuchemos a los Estados parte”

Hoy podemos afirmar que el Mercosur entró en una etapa de reconstrucción, impulsada principalmente por Brasil y Uruguay, que desean cambios radicales que apunten hacia la modernización del bloque y que permitan adaptarse a las nuevas condiciones de intercambio comercial. No hay más tiempo que perder, es un momento clave en el que Argentina deberá decidir si quedará firme en su posición, que la llevarán a quedar aislada en la región o si aceptará los nuevos cambios, necesarios para avanzar económicamente y volver a integrarse al comercio mundial.

Por Sabrina Montalbetti —– 12/07/21

Fuentes: www.perfil.com – www.cronista.com – www.infobae.com

Imagen destacada: www.infobae.com

Sociedad

Túnez: protestas y crisis política

Túnez, ubicado al norte de África es conocido por ser el único país que, luego de las revueltas de la Primavera Árabe, logró consolidar una democracia.

En ese sentido, indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país, se ubica en torno al 0,8 siendo de los más altos del mundo árabe y, ubicándose cerca de estándares de países europeos.

Recordamos que Túnez se constituye como República a partir del año 1957, siendo su primer presidente Habib Burguiba quien gobernó desde ese año hasta 1984. Seguidamente, le sucedió el presidente Ben Ali, quien terminaría huyendo del país como consecuencia de la Primavera Árabe en 2011 en donde su régimen encontraría su fin, y donde finalmente se producirían elecciones libres y la posterior modificación de la Carta Magna en 2014.

Luego le sucedieron el presidente Mebazaa, Marzovki, Essebsi y, finalmente quien gobierna desde octubre de 2019 el presidente Kais Saied.

Saied un jurista sin experiencia en la política y sin ninguna fuerza política de base para su candidatura, logró llegar a la presidencia gracias a su proyección como un hombre de rectitud moral y en contra de la corrupción.

Crítico del marco legal y la clase política surgidos de la revolución democrática en 2011, sus propuestas como candidato tenían como eje una revisión de la Constitución como también, una completa reorganización política-administrativa de la pirámide del poder.

Esto último consistía en transferir poder político desde los consejos locales a las regiones, las cuales dispondrían de unos consejos que serían responsables de aprobar los proyectos de desarrollo elaborados por los entes municipales, todo ello con el fin de asegurar su verdadera utilidad pública y evitar que respondieran a intereses corporativos locales.

Contextualizada brevemente la situación del país, llegamos a las últimas noticias referidas al inicio de las manifestaciones, en donde los ciudadanos tunecinos expresaron su descontento para con la débil gestión de la pandemia por parte del gobierno –recordamos que las funciones del presidente de acuerdo a la Constitución tunecina se limitan a la diplomacia y seguridad– con lo cual la destitución del Primer Ministro Mechichi, como la disolución del Parlamento fue determinada por el presidente amparándose en las exigencias de los manifestantes y, recibida por éstos últimos con celebraciones.

Por su parte, los partidos políticos parte del Gobierno de Coalición –como el Parlamento se han mostrado indignados, catalogando las decisiones de Saied como un “golpe de Estado”.

El presidente, cuenta, además con el apoyo de otros partidos políticos, con el apoyo de los jóvenes tunecinos, con lo cual le puede ser suficiente para mantener las decisiones previas sin modificación alguna.

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Sin embargo, los cuestionamientos que se plantean refieren a las consecuencias sobre la vida democrática alcanzada por este país con tanto esfuerzo, y en un contexto signado por la crisis económica, en un país en donde las consecuencias del Covid-19 han sido de las más graves.

El día jueves, Saied designó como Ministro del Interior a Ridha Gharsallaoui –ex consejero de Seguridad Nacional–, designación que tiene como fin asegurar la continuidad del Estado.

Entre las posibles soluciones luego de haber designado al nuevo Ministro, figuran la pronta celebración de elecciones anticipadas, en donde el partido islamista Ennhada que constituye la principal fuerza gobernante en Túnez, se ha mostrado a favor de éstas.

Por otro lado, la solución sería formar un gobierno como resultado de un acuerdo entre el presidente y los partidos políticos, reabrir el Parlamento y realizar elecciones.

Resta esperar por próximas determinaciones, que se esperan sean a favor de las instituciones tunecinas.

Por María Agustina Martinez —- 01/07/21

Fuentes: www.cidob.org – www.elconfidencial.com – www.dw.com

Imagen destacada: @TnPresidency

Imagen en nota: www.rtve.es

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Un mes después, Pedro Castillo es proclamado ganador de las elecciones presidenciales peruanas

Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio y después de semanas de impugnaciones y de batalla legal, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador este lunes al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo.

Castillo logró imponerse a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país. El anuncio llega a pocos días de su toma de posesión y de que el nuevo presidente de Perú para el período 2021-2026 asuma sus funciones el 28 de julio.

Si bien el ajustado conteo de votos llegó al 100% el martes 15 de junio, hace más de un mes, las autoridades electorales peruanas no habían podido aún proclamar un ganador.

Quedaban por resolver los pedidos de nulidad de actas de votación presentados sobre todo por Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

De acuerdo con el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de las 86.488 actas electorales, Castillo obtuvo el 50.125% de los votos, mientras que Fujimori logró el 49.875%.

La candidatura de Castillo obtuvo el apoyo de las zonas rurales y del interior del país, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori tuvo mayor respaldo de la capital, Lima, y el norte, así como del voto exterior.

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El ahora presidente electo tuvo que salir a aclarar, luego de la segunda vuelta, que su equipo no ha considerado “estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios ni prohibición de importaciones”.

Por Observador Urbano —- 20/07/21

Fuente: www.bbc.com/mundo

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Imagen en nota: www.grupolaprovincia.com

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Sociedad

Las principales razones de las protestas en Cuba

El pasado domingo, Cuba vivió una de las protestas más grandes contra el régimen –hoy bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel–después de casi 30 años de producida la protesta denominada “Maleconazo” en 1994.

“El domingo 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en al menos 40 municipios y ciudades del país para protestar pacíficamente a fin de exigir el ejercicio de libertades civiles y cambios en la estructura política del país, además de protestar ante la falta del acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Las manifestaciones también clamaban por la liberación de las personas activistas, periodistas y artistas que habrían sido detenidas por expresar su opinión en contra del gobierno cubano”.

Las protestas se dan en un marco en donde la población de la isla atraviesa por escasez de alimentos, medicinas y divisas para poder hacer frente a la compra de tales insumos. Cuestiones que no son nuevas, pero se ven agravadas por la pandemia por Covid-19.

La crítica situación en los hospitales como el incremento de las muertes producto del coronavirus, han sido denunciados públicamente a través de las redes sociales, alcanzando notoriedad a través del uso de los hashtags #SOSCuba y #SOSMatanzas con el objetivo de pedir ayuda internacional e intervención humanitaria.

Al inicio de la pandemia Cuba pudo sortear la primera ola en virtud del cierre de sus fronteras a la par que la implementación de duras restricciones. Incluso, el país pudo enviar a su brigada médica cubana hacia varios países para ayudar en el tratamiento de la pandemia.

Sin embargo, el aislarse del resto del mundo al cerrar sus fronteras, devino en el quiebre de la industria del turismo, que constituye la principal fuente de ingreso de dinero extranjero a la economía estatal de la isla.

Asimismo, otra de las graves consecuencias fue la afectación en la performance de uno de los principales productos de exportación como lo es el azúcar, que durante el mes de mayo tuvo su peor cosecha en más de un siglo, debido a que los productores no pudieron hacer frente a la compra de fertilizantes y maquinaria necesaria.

La respuesta por parte del régimen a las protestas ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que parte de las manifestaciones habrían sido reprimidas de forma violenta por la policía en diferentes localidades, en donde al menos 151 personas habrían sido detenidas o se encontrarían en paradero desconocido.

Por otro lado, la CIDH ha considerado inadmisibles y temerarias las declaraciones oficiales que califican como enemigas a las personas manifestantes, declaraciones realizadas por el presidente del régimen Díaz-Canel ya que «estigmatizan la protesta, generan un clima de permisividad a la violencia, pueden alentar el enfrentamiento entre la ciudadanía, y son incompatibles con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta».

También, la CIDH y la RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) recibieron reportes vinculados a interrupciones en el servicio de internet en el marco de las protestas, que incluirían «bloqueos a aplicaciones móviles de mensajería instantánea y a plataformas de redes sociales, cortes intermitentes al servicio de internet móvil, y un descenso del tráfico de internet desde y hacia Cuba de acuerdo con el informe de Internet Outage detection and Analysis».

“Internet constituye una herramienta fundamental para la plena realización y el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

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Frente a dicha situación, quien ha expresado su consideración para restablecer el acceso completo al mismo, ha sido el presidente estadounidense Joe Biden.

Por otro lado, Biden se ha referido a la situación por la que atraviesa el pueblo cubano al expresar que:

“El comunismo es un sistema que ha fallado universalmente y no creo que el socialismo sea un sustituto. Cuba lamentablemente es un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Hay muchas cosas que consideraríamos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero se requerirían circunstancias o garantías diferentes de que no se va a beneficiar al gobierno (cubano). Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas a Cuba, yo no lo haría ahora porque la realidad es que es muy probable que el régimen confisque esas remesas o una buena parte de las mismas.

Respecto al problema del Covid, tienen un problema en Cuba, yo estoy preparado para aportar una cantidad considerable de vacunas si a través de organizaciones internacionales tenemos la garantía de que van a administrar las vacunas para que lleguen a los ciudadanos comunes”.

De ello, se desprende una continuidad respecto las medidas adoptadas por su predecesor Donald Trump y, una continuidad con el embargo económico que Estados Unidos aplica desde el año 1960 con el objetivo de lograr un cambio por parte del régimen, quedando relegado de ese modo, los esfuerzos de acercamiento propiciados por la administración de Obama, de la cual Biden fue su vicepresidente.

Al respecto, existen profundos debates sobre la afectación de dicho embargo en la economía cubana, entre otras dimensiones.

Por su parte, la Asamblea General (AG) de la ONU en junio de este año, ha reiterado a través de la resolución A/75/L.95, la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, sumándose así, a las 28 resoluciones que se han adoptado desde el año 1992 cuando la AG empezó a votar anualmente sobre la cuestión, siendo la excepción el año 2020 producto de la pandemia.

Por María Agustina Martínez —– 18/07/21

Fuentes: www.gzermedia.com – www.bbc.com – www.oas.org – www.undocs.org

Imagen destacada: www.gzermodeia.com

Imagen en nota: www.elpais.com

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