Observador Urbano

Los Derechos Humanos en Venezuela, según Organismos Internacionales

La situación de deterioro de los derechos humanos y, la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, parece no encontrar una solución próxima. Sin embargo, organismos de carácter internacional tales como: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado a través de numerosos informes no sólo su preocupación, sino también las recomendaciones que consideraron pertinentes al régimen del presidente Nicolás Maduro.

En el caso de la CIDH – órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato es observar y defender los derechos humanos (DD.HH.) en la región americana – hace 18 años que no realiza una visita “in loco” a la República Bolivariana de Venezuela debido a la falta de autorización por parte de los respectivos gobiernos. Su última visita fue en el año 2002, cuando se produjo el Golpe de Estado al entonces presidente Hugo Chávez.

A pesar de ello, a fines del año 2017 elaboró un informe titulado “Institucionalidad democrática, estado de derecho, y derechos humanos en Venezuela” en donde abordó la situación de los DD.HH. en Venezuela teniendo como ejes, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y, el aumento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana. Así, la CIDH examinó la situación de los derechos políticos, la libertad de expresión, la protesta social y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde puso en evidencia:

“El progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017. La crisis que atravesó Venezuela durante este año se debe a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las graves injerencias de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo. En efecto, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, adoptadas en abierta contradicción con el orden constitucional. Dichas decisiones representan injerencias en la Asamblea Nacional y afectan el principio de separación de poderes. Asimismo, los altos niveles de corrupción en Venezuela debilitan aún más la institucionalidad estatal”.

Cabe resaltar que, a diferencia del ACNUR, el cual pudo realizar visitas “in loco” y a partir de allí elaborar los informes sobre el país, los análisis de la situación de los DD.HH. por la CIDH, se realizaron por la información recibida a través de sus diversos mecanismos de protección durante el período 2016 y 2017, como también por la información obtenida de determinadas organizaciones de la sociedad civil y, del propio Estado.

Desde el año 2019, la CIDH cuenta con un Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela – MESEVE – con el objetivo de «fortalecer las labores realizadas por la Comisión en sus diferentes mandatos, especialmente, con respecto al pilar de protección y al monitoreo de la situación de derechos humanos y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH al Estado venezolano».

De acuerdo al Secretario Ejecutivo del la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el MESEVE «colaborará con diferentes actores, principalmente las víctimas y sus familiares, las organizaciones de sociedad civil, la OEA, los órganos del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, los Estados, las universidades y otros organismos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela».

El martes 3 de febrero, el régimen del presidente Nicolás Maduro, imipidió que la delegación de la CIDH – integrada por su presidenta, Esmeralda Troitiño; Secretario Ejecutivo, Pablo Abrão y, Relator Especial de Libertad de Expresión, Edison Lanza, ingresaran a su país para realizar una visita y así poder evaluar la situación de los DD.HH.:

“La CIDH tenía una agenda de encuentros desde este martes hasta el sábado como parte de la invitación que le hizo el representante especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, designado por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional e interino reconocido por más de 50 países, para constatar las violaciones de derechos humanos en el país, que incluía la visita a hospitales y centros de detención en Caracas”.

Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza el 31 de enero envió una carta a la CIDH en donde explicó las razones por las cuales el gobierno de Nicolás Maduro no acepta la visita de dicho organismo. La principal razón es, por un lado, que Venezuela no es miembro de la OEA desde abril de 2019 y, por otro que no ha invitado ni aceptado ninguna visita por parte de una delegación de dicho organismo:

Frente a la mencionada situación, la presidenta de la CIDH, en el 175° período de sesiones celebradas en Haití, expresó en una audiencia pública centrada en la Emergencia Humanitaria en Venezuela, lo siguiente:

“Usaremos todos nuestros recursos para coadyuvar en esta lucha por la paz, la democracia y la superación de la crisis. Venezuela no está sola”.

Por María Agustina Martinez

Fuentes: https://www.oas.org/https://www.voanoticias.com/https://elpais.com/

Imagen destacada: www.cnnespanol.cnn.com