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Economía

La Unión Europea cancela la rectificación del pacto sobre inversiones con China

A fines del año 2020 parecía que la Unión Europea había logrado tras siete años de negociaciones que China permita el acceso de empresas europeas a su mercado, o que deje de introducir prácticas discriminatorias para excluirlas.

Este Pacto de Inversiones entre Brucelas y Pekin incluía tres grandes ejes; una mayor transparencia en el sistema de subsidios fijado por China para sus empresas, una mayor igualdad de condiciones entre firmas chinas y europeas y frenar la transferencia tecnológica. Entre otras cuestiones, esto permitiría mayor libertad operativa, dado que para lograr constituir una empresa en China se necesita un socio chino para formar una “join venture”.

Siendo China el país que posee el mercado interno más grande del mundo, este acuerdo significaría una oportunidad de inversión y crecimiento enorme por parte de la Unión, sobre todo en el campo de las manufacturas que representa más de la mitad de las inversiones europeas en Pekin. Sin embargo, el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con China, Reinhard Bütikofer había calificado en aquel momento el acuerdo como un “error estratégico”.

Asimismo, varios miembros del Parlamento Europeo sostuvieron que el acuerdo simplemente suponía un esfuerzo que obligaba a China a ratificar normas laborales internacionales.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, dijo en su momento a la agencia de noticias Xinhua que el acuerdo proporcionaría a inversores chinos y de la UE “un mayor acceso al mercado, elevados estándares en materia de ambiente de negocios, fuertes garantías institucionales, y brillantes perspectivas para la cooperación”.

Actualmente, la Comisión Europea dejó de lado la ratificación del Pacto sobre Inversiones, alegando que las condiciones no son las mejores por la actual “coyuntura política”.

Esto hace referencia a la situación de sanciones impuestas por el bloque a China cuando en marzo, la Unión Europea sancionó a cuatro funcionarios y un organismo del Ejecutivo chino, acusándolos de violar los derechos humanos de la minoría uigur en la región de Xinjiang, al oeste del país. Esta sanción es la primera que se toma en treinta años desde el embargo de armas por la masacre ocurrida en la plaza de Tiananmen en 1989.

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Como respuesta, China anunció sanciones contra diez ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo al parlamentario alemán del partido de los verdes, Reinhard Butikofer, miembro de la delegación para las relaciones con China de la Eurocámara. También están en la lista de personas ‘non gratas’ los europarlamentarios Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk y Miriam Lexmann; y la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo como entidad. Además el Ministerio de Asuntos Exteriores chino reclamó a la UE que corrigiera su “grave error” antes de tomar “medidas”, y le pidió que no interfiriese en los asuntos internos del país y que respetase su soberanía.

Es así que surgen en escena nuevamente aquellos roces con occidente de los cuales China no ha podido salir como ser cuestiones de derechos humanos, leyes de competencia empresarial, propiedad intelectual étc, que si bien frenan acuerdos como el antes mencionado, a Pekin no le significan grandes perdidas dado que su economía se encuentra asegurada por su consumo interno y, los recursos que necesita dado su escaso terreno habitable los obtiene de contratos con países en vías de desarrollo. Si bien podemos considerar “lesionado” su posicionamiento a nivel mundial por estos acontecimientos, la realidad es que nada va a salir del ámbito de la diplomacia y las negociaciones, porque China si representa una amenaza para occidente y no al revés.

Finalmente en este sentido, los ministros de Relaciones Exteriores del G-7 dedicaron su primera sesión a China por ser una amenaza, por su creciente peso militar y económico, como así también su creciente expansión e influencia fuera de su territorio. Antony Blinken aseguró que lo que intentan es mantener un orden internacional basado en las normas que los países han invertido durante décadas en beneficio de los ciudadanos, lo cual incluye a China.

Por Nahir Valeria Nallar 09/04/21

Fuentes: ww.infobae.com – www.elpais.com -www.france24.com

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Economía

El gobierno español propone crear una moneda digital pública

El actual gobierno español, presidido por el PSOE, ha presentado en el Congreso de aquel país una Proposición no de Ley, para impulsar la creación de una moneda digital pública. Una CBDC (‘Central Bank Digital Currency’) emitida por un banco central y ligada al euro digital que desde la Unión Europea se está trabajando en materializar.

Las criptomonedas siguen impactando en la economía mundial y de diversas maneras. Algunos gobiernos, pocos todavía, han reconocido a las cripto para operaciones oficiales y esta tendencia podría acrecentarse.

La propuesta oficial indica lo siguiente:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con el Banco de España, la creación de un Grupo de Estudios para evaluar la posible implantación de un euro digital como moneda pública digital (CBDC) que permita ofrecer una mayor estabilidad financiera tanto a la economía española como al conjunto de la eurozona, y recupere el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático”.

Es decir, el Gobierno ha propuesto crear una comisión para estudiar la creación de un “euro digital” como moneda pública digital. Una moneda virtual que sería creada junto al Banco de España y permitiría “ofrecer una mayor estabilidad”, según describe la propuesta.

El Euro digital se encuentra actualmente en preparación por parte de la Comisión Europea, con el objetivo de presentar una propuesta este mismo 2021. El Gobierno de España sin embargo va un paso más allá y quiere crear una comisión para estudiar cómo esta iniciativa de moneda digital podría tener su variante en dicho país.

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La diferencia entre una criptomoneda como el Bitcoin y la propuesta del Gobierno con su moneda digital, es que la segunda tiene su valor ligado a otra moneda, en este caso el euro.

La propuesta es similar a otros proyectos que están circulando en Europa, y que parecen tener como principal objetivo, darle mayor estabilidad financiera a las cripto y al mismo tiempo, controlar y disminuir los daños ambientales que supone su producción.

Por Observador Urbano —— 15/06/21

Fuente: www.xataka.com

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Economía

Qué países podrían adoptar el Bitcoin como moneda…

El Salvador ha sorprendido a todos y ha sentado un precedente en materia de criptomonedas al legalizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto significa que los ciudadanos salvadoreños podrán usar el Bitcoin para comprar cualquier cosa como si fuese un colón, la otra moneda nacional.

Este movimiento hacia la regularización legal positiva de las criptos ha inspirado a otros países que podrían seguir los pasos de la pequeña nación centroamericana. Estos son los países que están más cerca de legalizar el uso de Bitcoin como moneda de curso legal.

-Panamá. Uno de los países que más se ha fijado en el movimiento salvadoreño ha sido Panamá. De este modo, el diputado panameño Gabriel Silva, ha asegurado en su cuenta de Twitter que propondrá una ley similar a la de El Salvador para introducir las criptomonedas en la economía de Panamá.

El objetivo es claro, como dice el propio Silva en Twitter, convertir a Panamá en un centro tecnológico y de innovación digital. Y es que esta es una fórmula que parece funcionar a la perfección en países pequeños, como por ejemplo Singapur.

-Paraguay. De la misma manera que en Panamá, el diputado Carlos Rejala, e Paraguay también aboga por una legislación benigna con el Bitcoin y otras criptos alegando que, si se consigue atraer la inversión de un sector que mueve miles de millones de dólares, el PIB de Paraguay puede aumentar enormemente.

Otras iniciativas

El Salvador inició el camino y el fenómeno parece que se extenderá, por lo que es de esperar que iniciativas similares, surjan por todo el mundo. Desde luego, no es la primera vez que se han impulsado iniciativas nacionales relacionadas con criptomonedas, como ya ocurrió en la India hace solo unos meses.

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Venezuela lo intentó con su propia cripto, el fallido Petro, que quedó en la nada, pero en Latinoamérica las iniciativas no han sido muchas.

También, en 2019, se le propuso a Argentina (por parte del magnate financiero Tim Draper) la posibilidad de adoptar el Bitcoin de la misma manera que El Salvador como forma de mitigar la desconfianza internacional que causaba (y causa) el peso argentino como divisa. La propuesta fue desestimada, pero es muy posible que ahora vuelva a aterrizar en los despachos.

Por Observador Urbano —– 12/06/21

Fuente: www.trecebits.com

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Economía

La UE acuerda una ley que obligará a las grandes tecnológicas, a publicar ingresos e impuestos en cada país miembro

La Unión Europea (UE) ha dado un paso más para conseguir que las grandes multinacionales revelen las ganancias e impuestos pagados en cada Estado miembro. Representantes del Parlamento y del Consejo Europeo han cerrado un acuerdo para llevar adelante una directiva que obligará a las empresas o subsidiarias que operen en Europa y facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos ejercicios consecutivos a presentar un informe público en el que declaren, país por país, tanto los beneficios obtenidos como las tasas abonadas.

Esta directiva, que aún tiene que ser redactada con carácter definitivo y aprobada de forma oficial, obligará a multinacionales tecnológicas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Netflix, entre otras, a hacer públicos los datos económicos de su actividad en cada Estado de la Unión Europea. Con ella, Bruselas pretende luchar contra la evasión fiscal y que las empresas contribuyan al fisco de los países en los que operan de una forma justa.

De acuerdo con las cifras estimadas por la Unión Europea, la elusión de impuestos de sociedades y la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales de todos los sectores, no sólo las tecnológicas, cuestan a las arcas públicas de los Estados miembro más de 50.000 millones de euros al año en impuestos no cobrados.

Estas prácticas se están viendo favorecidas hasta ahora por la ausencia de medidas que obliguen a estas compañías informar de las cifras desglosadas de sus beneficios e impuestos pagados por país. Con este nuevo mecanismo legal, los países tendrán más herramientas para detectar prácticas de evasión fiscal y tomar medidas para combatirlas.

Según informa el Partido Socialista Europeo en su web, el acuerdo no sólo incluirá la publicación de beneficios e impuestos pagados por país, las multinacionales también tendrán que informar de cuántos empleados tienen contratados a tiempo completo, el volumen de negocio neto, los beneficios o deudas antes de impuestos, el tipo de actividad que desempeñan en cada territorio y todos los datos relativos a su actividad económica en paraísos fiscales.

El acuerdo alcanzado se basa en una propuesta de la Comisión Europea de 2016, en la que se planteaba que las multinacionales que superasen los 750 millones en ingresos anuales tuviesen que publicar un informe de cada ejercicio con las tasas que pagaban en cada Estado miembro.

En aquella ocasión, y en otras sucesivas, el borrador no alcanzó el consenso necesario entre los países miembro, que estaban en desacuerdo con la base legal del documento. Un grupo de doce Estados, liderados por Irlanda y Suecia, y entre los que se encontraban Chipre, la República Checa o Hungría, entre otros, han considerado en varias ocasiones que, al tratarse de un asunto relacionado con la fiscalidad, la propuesta debía ser aprobada por unanimidad.

Los demás países y la Comisión Europea, sin embargo, opinaban que la normativa podía ser aprobada por mayoría cualificada, al no tratarse de un asunto que modifique las leyes fiscales comunitarias, ya que es un asunto de transparencia.

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Después de varios intentos fallidos, en febrero de este año se produjo un avance clave, ya que varios países más se unieron a los partidarios de que la normativa podía ser aprobada por la mayoría cualificada en una videoconferencia informal del Consejo Europeo en la que participaron los ministros de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea.

Aquel avance ha permitido que ahora, Parlamento y Consejo europeos, hayan logrado establecer un acuerdo sobre la directiva que forzará a las multinacionales a declarar todos los datos mencionados. Esta norma, que previsiblemente será aprobada en los próximos meses, tendrá que ser traspuesta a las legislaciones nacionales de los Estados miembro en el plazo de un año y medio desde su publicación, por lo que empezaría a funcionar aproximadamente en 2023.

Cabe preguntarse, cómo reaccionarán las empresas, que en varias ocasiones han buscado instalarse en países, tanto de Europa, como de otros continentes, en los que no se les exigía la información citada. Transparencia y mayor recaudación por parte de los Estados, no necesariamente irán en beneficio de los usuarios.

Por Observador Urbano 02/06/21

Fuente: www.xataka.com

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