Observador Urbano

La situación de los DD.HH. en Nicaragua

El país centroamericano, al mando del presidente Daniel Ortega desde el año 2007 –quien ejerció por primera vez la presidencia durante el período 1985-1990–, se encuentra sumido en una grave crisis de Derechos Humanos.

Si bien los antecedes de violaciones a los DD.HH. en este país tiene larga data, uno de los momentos más álgidos y de antecedente inmediato tuvo lugar a principios del año 2018, cuando el gobierno de Ortega, anunciaba un paquete de medidas tendientes a incrementar el aporte de los trabajadores, empleadores y, la creación de un tributo a las pensiones de un 5%.

Tal decisión desató el descontento de la población –quienes salieron a manifestarse– para con un régimen que cercena sus derechos desde hace años.

Si bien el decreto que contenía esa medida fue dejado sin efecto, a la sociedad nicaragüense no le fue suficiente ya que lo que exigen son medidas profundas de cambio en el país y, sobre todo, respecto a la clase política en el poder.

La respuesta ante dichas protestas por parte del gobierno fue desproporcional, quedado ello evidenciado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– del año 2018 en donde, luego de su visita al país, concluyó:

“La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país.

De igual forma, la CIDH reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables”.

Asimismo, el día 14 de septiembre de este año 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, en el marco de la resolución 43/2, informó que, desde su última actualización oral sobre este país, no se ha observado un progreso en la situación de Derechos Humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018.

Durante este período, mi Oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas”.

Del mismo modo, resaltó que la Ley de Amnistía –aprobada en junio de 2019– terminó favoreciendo la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Otro aspecto sustancial resaltado por la Alta Comisionada es aquel vinculado a la libertad de prensa. En donde específicamente se refiere a los procesos por calumnias e injurias abiertos contra periodistas y, a los actos de intimidación y hostigamiento perpetrados por parte de la Policía Nacional contra directivos y personal de las emisoras de radio “Blueflields” y, “León”.

Michelle Bachelet, instó nuevamente a que el gobierno de Ortega adopte las recomendaciones efectuadas por ella en el año 2019, en materia de reformas electorales e institucionales, teniendo en cuenta que las próximas elecciones a celebrarse son en noviembre del próximo año.

Una de las noticias que ha generado un rechazo por parte de la comunidad internacional, ha sido la iniciativa propuesta por parte de los diputados del frente sandinista –con amplia mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua– de un proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el cual pondría en «riesgo al mismo tiempo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y expresión; la libertad de reunión pacífica y de asociación; y el derecho a defender los derechos humanos».

En ese sentido, cobra relevancia el apartado sobre libertad de prensa, expuesto por la Alta Comisionada, en donde expone su preocupación por casos con posible impacto sobre la libertad de prensa, como también, «las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar su continuidad como medios informativos».

 Por María Agustina Martinez                                                                           11/10/2020

Fuentes: www.ohchr.org – www.cejil.org – www.confidential.com.ni

Imagen destacada: www.news.un.org