Observador Urbano

Hospital de animales: el dilema de la admisión

El Hospital Municipal de Salud Animal de Salta, que funciona en Lavalle 542 es una obra encomiable de la anterior administración municipal del Dr. Sáenz, fruto además del enorme impulso que llevó adelante el Dr. David Ferri, a cargo en ese entonces de la Subsecretaría de Bienestar Animal.

A partir del cambio en la administración comunal, la Subsecretaría de la cual depende el centro asistencial, quedó a cargo de otro conocido profesional, el Dr. Luciano Simkin.

La gestión de esta dependencia, queda también bajo la órbita de la Secretaría de Protección Ciudadana, a cargo del Dr. Nicolás Kripper, quien en declaraciones a los medios hace apenas un mes, aseguró que el hospital de las mascotas va a continuar con su atención: “Queremos mejorar el protocolo de atención, hacerlo coincidir en un único número de teléfono, siempre haciendo referencia a que aquellos que se atienden ahí son las personas que presentan su certificado de bajos o escasos recursos.” (https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-12-19-22-5-0–se-busca-evitar-que-se-demore-por-burocracia-la-respuesta-a-los-vecinos).

Varias veces en las redes sociales se lee acerca de inconvenientes para la admisión de animales, en particular por el tema del requisito del certificado de bajos recursos.

Comprendemos que toda acción política, toda gestión de gobierno, encuentra un límite en la inexorable realidad de la economía que se basa, precisamente, en la escasez de los recursos. Suponer así la posibilidad de una atención ilimitada sería ilusorio, sabiendo que los recursos económicos, insumos médicos, personal y horas-trabajo constituyen valores finitos, limitados. Desde esta perspectiva, resulta lógico asumir de antemano que habrá prioridades y posiblemente límites a la atención. Y por supuesto, esto supone la necesidad de protocolos para proceder.

Estas reflexiones apuntan a ayudarnos a pensar en cómo obrar frente a tales limitaciones, de la manera más justa, equitativa y humana posible.

En primer lugar, debemos tener presente, que en este peculiar caso estamos ante una unidad de dos sujetos, destinataria de la atención sanitaria: el animal (la mascota) y el humano (el dueño) que lo ingresa. Y que podrán darse casos donde la relación no implica la de dueño-mascota, como el caso de un animal hallado herido en la calle y que, por razones humanitarias es recogido para ser atendido.

En el caso del animal -jurisprudencialmente reconocido ya como “persona no humana”-, lo relevante para su admisión debiera ir mucho más allá de su condición o no de mascota, de comunitario, callejero, perdido, recogido o rescatado, sino por su condición clínica, la gravedad y la urgencia que ameriten el ingreso y atención, para evitar su sufrimiento o su muerte. Esto, con independencia de la persona que lo lleve. Desde esta perspectiva, una política de admisión, no podría ir en contra de la urgencia del cuadro con el que el animal llega al Hospital.

Aclarado este primer aspecto, pasemos ahora a ver el problema desde el punto de vista de la persona que llega al Hospital con el animal. Ante todo, será en la mayoría de los casos un ciudadano, probablemente habitante de la ciudad, que casi con seguridad paga sus impuestos, con los que se sostiene, entre otras tantas cosas, el propio Hospital Veterinario. Si el vínculo con el animal es difuso o circunstancial como en el caso de un perro o gato herido, es lógico que como contribuyente tenga derecho a que ese animal sea admitido, respetando y haciendo factible así la atención que a ese ser vivo le corresponde como tal. 

El vínculo mascota – «dueño»

Lo dicho adquiere una mayor claridad y relevancia cuando el vínculo mascota-dueño existe. Éste es un vínculo afectivo fuerte, pero también generador de obligaciones del dueño hacia su mascota, siendo esencial su obligación de brindarle bienestar, salud, sustento y seguridad: obligaciones que debemos como sociedad inculcar a todo tenedor de mascotas. El ejercicio de las acciones tendentes a cumplir con esas obligaciones por parte del dueño y, en particular su deber para con la salud de la mascota supone el reclamar la acción sanitaria por la que paga los impuestos, sobre todo cuando razones de urgencia o económicas no le permiten resolver la situación por la vía de la asistencia veterinaria privada. Si la mascota está en riesgo o su está sufriendo, la prioridad para la atención es ésa, y ninguna circunstancia relativa al dueño debe eclipsarla.

Se entienden -repetimos- las circunstancias de escasez y limitaciones de un servicio, y la necesidad de establecer protocolos y prioridades, pero ello no puede ser obstáculo para la atención si las condiciones de gravedad, riesgo o urgencia del animal lo ameritan. Y en cuanto al propietario, la atención de una urgencia supeditada a la presentación de un certificado de pobreza, resulta denigratoria, discriminatoria y, por tanto, írrita. Además de negatoria de una realidad evidente: la pobreza y la escasez de recursos económicos alcanza a vastos sectores de las familias de clase media, independientemente de que tengan ingresos formales o no, o que estos sean o no fruto de actividad laboral. Aún así, probablemente los miembros de esas familias -ciudadanos- paguen impuestos que sostienen los servicios que requieren. Una consulta de urgencia, sumado a la medicación o alguna práctica médico-quirúrgica suponen una erogación importante, que no siempre estará al alcance de todos. Y la salud del animal -insistimos- debe estar siempre por encima de esas circunstancias y condiciones, y todo protocolo debe considerarla prioritariamente.

Debe destacarse que la realidad socioeconómica ha llevado a que la propia iniciativa particular busque encontrar soluciones para preservar la salud y bienestar de los animales: no pocas veterinarias atienden y acuerdan -sobre todo con los proteccionistas- la apertura de cuentas de crédito o se juntan fondos para cubrir gastos, todo basado en la buena fe de las personas involucradas. Si es posible hallar estas soluciones en la esfera privada, ¿cómo no es posible resolverlo en la instancia pública? Sobre todo, si seguramente también encontrarán canales de diálogo constructivo y colaboración con los mismos proteccionistas, quienes persiguen el mismo interés y saben mejor que nadie la importancia de tener y sostener un Hospital Veterinario.

Es necesario que -convocando a todos los sectores que luchan día a día por los derechos y por el bienestar animal (vecinos, proteccionistas, profesionales veterinarios, instituciones académicas)-, se hallen soluciones que amplíen las posibilidades de asistencia de nuestro Hospital, para que ninguna mascota, ningún dueño, ningún callejerito o ningún vecino dejen de ser atendidos cuando las circunstancias y la urgencia lo requieran.

Por Gustavo Gonza

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