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Haití enfrenta otra grave crisis político-social

Haití vive una de las peores crisis sociales y políticas hace varias décadas y la situación del país no parece mejorar. Este miércoles 14 de abril, tras el secuestro de un grupo de religiosos y sus familiares, el Primer Ministro de Haití, Joseph Jouthe, presentó su dimisión, en un mensaje a través de Twitter:

El presidente Jovenel Moise aceptó la renuncia por la misma vía y anunció que el actual canciller, Claude Joseph, asumirá el cargo de primer ministro:

“La renuncia del Gobierno, que acepté, permitirá abordar el flagrante problema de la inseguridad y continuar las discusiones con miras a lograr los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país. El ministro Claude Joseph es nombrado primer ministro interino”

Rápidamente El Primer Ministro interino, Dr. Claude Joseph, fue investido en sus funciones, durante un Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Nacional.  El Presidente anunció que:

“Todos los recursos del país se están movilizando para abordar de manera urgente el fenómeno de la inseguridad”

La inestabilidad política de Haití no es noticia reciente, pero si ha empeorado en los últimos años. Recientemente, en febrero, el Presidente Moïse denunció un intento de golpe de Estado en su contra y confirmó su intención de continuar como presidente hasta febrero de 2022.

La duración del mandato ha generado polémica, ya que Moïse fue electo en las elecciones de 2017. Un año antes, Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios obligaron a nombrar un presidente provisional durante un año hasta que Moïse asumió el cargo. Es aquí donde se instala la problemática ya que la oposición contabiliza ese año como parte de la gestión del actual presidente haitiano y él no.

El dimitido Joseph Jouthe, también era el encargado de la presidencia de la Policía. Estuvo en estos roles apenas un año, ya que había sido nombrado en marzo de 2020 y ni siquiera pudo ser ratificado por el Parlamento, que se encuentra clausurado desde enero de 2020, al no haberse celebrado las elecciones previstas para 2019. Por supuesto que en un año no se podía esperar que realice grandes cambios pero lamentablemente la crisis empeoró durante este tiempo y fue incapaz de frenar la inseguridad, los robos y la violencia de las bandas organizadas.

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Actualmente, la inseguridad se ha convertido en el principal problema que enfrenta la población. La delincuencia se agrava día a día, en gran parte debido a que la distribución de armas entre la población crece sin control. A esto se suma, que la oposición no reconoce la legitimidad del presidente Moïse, y se niega a participar en la redacción de la nueva Constitución que impulsa el mandatario.  La misma, no es solo criticada por la oposición, también la oficina de la ONU en Haití advirtió que el proceso de consultas sobre el borrador de la nueva Constitución no es “lo suficientemente inclusivo, participativo o transparente”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, criticó: “el deterioro de la situación de seguridad y en concreto el resurgimiento de secuestros y asesinatos”. En respuesta, Moïse atribuyó el aumento de la criminalidad a poderosas bandas que se aprovechan de la mano de obra barata para ejecutar sus crímenes. En una entrevista a EL PAÍS exclamó:

“Luchamos contra un importante negocio de armas”.

Hasta el momento, el apoyo más importante con el que cuenta Moïse proviene principalmente de Estados Unidos. Tanto Donald Trump como Joe Biden le han brindado su respaldo, este último defendió la prolongación de su gestión hasta 2022. Este apoyo se centra en el temor que su salida, agrave la crisis migratoria. Por el momento la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales están previstas para el mes de septiembre y el Presidente asegura que no se presentará.

En conclusión, hoy Haití profundiza el caos político en el que se encuentra hace años, dejando a la pandemia por el COVID como un ítem más en una larga lista de problemáticas. La población hoy no cuenta con la ayuda internacional tantas veces prometida, por lo que es crucial que este nuevo cambio en el Gobierno, ayude a frenar la ola de delincuencia urbana y así encaminarse hacia un orden con vistas a las próximas elecciones, las cuales serán definitivas para cambiar finalmente de rumbo.

Por Sabrina Montalbetti 21/04/21

Fuentes: www.dw.com – www.elpais.com – www.twitter.com

Imagen destacada: www.pixabay.com

Imágenes en nota: www.pixabay.com

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Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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