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Opinión

En el día del niño, un momento para la reflexión

El día del niño es una celebración que tiene más de 50 años, en 1954 la Asamblea General de ONU recomendó que se instituyera en todos los países, el día Universal del Niño. Una fecha para reafirmar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y destinar políticas públicas y diversas actividades con el fin de lograr el bienestar de los infantes. 

Pero es una fecha que puede ir más allá de los regalos, juegos y esfuerzos por hacer felices a los pequeños, en este día tan especial. Es también una oportunidad para reflexionar acerca de los millones de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, que no gozan de esta celebración.

Algunas estadísticas 

En el mundo hay 168 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan; y mas de 110 millones de niños en el mundo, dos terceras partes de las cuales son niñas, que no van a la escuela.

En Argentina, 763.500 niñas y niños de entre 5 y 15 años realizan actividades productivas según datos de la EANNA (Encuesta de Actividades de niñas, niños y adolescentes); casi el 15,5% menores de 17 años trabaja o hace tareas domésticas intensivas (Barómetro de la Deuda Social de la UCA). El NOA es la región con mas incidencia de trabajo infantil, un porcentaje del 13,2%.

En la ciudad capital de Salta, en la zona urbana, aproximadamente 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, trabajan en la vía pública. Lo hacen en la venta ambulante, pidiendo propinas, abriendo puertas de taxis y limpiando parabrisas; también, realizan tareas como la recuperación de materiales reciclables (cartón, papel, latas, vidrio, metales, etc.). 

En las zonas rurales se concentra el 60% del trabajo infantil en nuestro país. En el ámbito doméstico, los menores de 16 años realizan tareas intensivas en el cuidado de la casa, los hermanos o la atención de otros familiares ancianos o enfermos, cuando los mayores no están. 

Estas cifras revelan la existencia de profundas desigualdades sociales y situaciones de pobreza, como causas que explican la necesidad de que los menores trabajen. Con la pobreza y su constante reproducción, están asociadas las limitaciones en cuanto a las oportunidades de empleo, vivienda, salud y educación. 

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El trabajo infantil es un mecanismo de sobrevivencia profundamente injusto, que niega en su propia esencia los derechos básicos de las niñas, niños y adolescentes. Un mundo que permite el trabajo de los menores no es un mundo de oportunidades compartidas y equitativas. Los datos percibidos hieren la dignidad humana y configuran un factor que actúa en contra del desarrollo integral de millones de seres humanos.

En estos tiempos de decisiones y cambios, es necesario analizar propuestas, y su efectiva ejecución y aplicación. Es tiempo de establecer normativas en materia de protección de los Derechos de los Niños, con conciencia de que el trabajo infantil, el maltrato y la violencia, son formas injustas, abusivas y crueles.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿de qué sociedad se habla cuando se permite la violación a los derechos de las niñas y niños, lo que provoca una pérdida y daño, que influirá en su vida futura? Un cuestionamiento, no sólo a nivel local, sino también internacional.

Por Romina Flores Guzmán

Fuentes: www.unicef.org/es – www.uca.edu.ar – www.ilo.org (organización internacional del trabajo) – www.saltaentrelineas.com – www.amnesty.org.es

Imagen destacada: www.unifef.org/es

Imágenes en nota: www.buenas-noticias.mx

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Opinión

América Latina: Crisis y efecto dominó

América Latina atraviesa por un conjunto de crisis especialmente graves. Las economías de la región están estancadas, la política atraviesa por un quiebre y, sobre todo, la salud de los ciudadanos continúa expuesta a los peligros de la pandemia por Coronavirus como consecuencia de la falta de acceso a las vacunas.

A pesar de representar un poco más del 8% de la población mundial, América Latina registra más del 30% de muertes confirmadas por Covid-19. Con algunas excepciones, la vacunación en la región, avanza lentamente. En Perú, que posee una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más altas del mundo, sólo alrededor del 20% de la población ha recibido al menos, una dosis de vacuna.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía de la región se contrajo un 7% en 2020 producto de la pandemia, sin embargo, los países de la región ya venían experimentando un desempeño anémico desde hace 5 años. Asimismo, éstos se encuentran entre los países más desiguales del mundo, creando un caldo de cultivo ideal tanto para el Covid-19 como para el virus de la inestabilidad política.

En ese marco, no se pueden dejar de lado los factores históricos y estructurales detrás de la modernización tardía de la región, ni su tendencia a la volatilidad social y política, como lo demuestra su trayectoria en los últimos 30 años.

Al observar las protestas en Cuba, Guatemala, Colombia y, el asesinato del presidente de Haití (por citar sólo algunos casos y, salvando las distancias particulares de cada país), el problema de fondo es la frustración de los ciudadanos con la habilidad de los gobiernos para brindar los servicios básicos.

Así, los problemas de la región deben ser atendidos por sus respectivos líderes, apelando a una gobernanza efectiva para de esa manera ganar nuevamente la confianza de la población a las instituciones democráticas y, sobre todo, cuando se le requiere a ésta de un esfuerzo mayor que a la clase política.

Del mismo modo, los líderes latinoamericanos deberán reimpulsar la integración regional con el objetivo de fortalecer, sobre todo, el comercio intrarregional, un aspecto crucial para la recuperación económica.

Al mismo tiempo, los abundantes recursos minerales, energéticos y agrícolas de América Latina, continúan atrayendo la atención de las principales potencias del mundo, lo cual se refleja en la creciente cooperación comercial, de inversión y financiera de la región con China.

Todo ello, en un marco caracterizado por la transición energética y el futuro rol de las nuevas fuentes de energía que se afianzará en un período de 10 a 20 años.

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Planteándose la cuestión relativa a la dependencia exclusiva hacia el gigante asiático, país que comprende la importancia de la región –sobre todo de América del Sur– a escala geopolítica.

Ante dicha presencia, otra de las cuestiones que se debe definir es el rol de los Estados Unidos para con lo que acontece en su “patio trasero”.

Recordamos que desde la asunción de Joe Biden como presidente, su agenda externa se ha centrado hasta el momento en retomar los vínculos con países de Europa y Asia, como también hacer frente a los desafíos que plantea China para su economía y seguridad nacional. Sin embargo, no debe olvidar que la presencia de éste en el sur del continente también le plantea enormes desafíos, sobre todo para una agenda climática que desde el inicio de su campaña ha sido uno de sus grandes ejes.

Apelar a mecanismos de cooperación multilateral beneficiarán y ayudarán a una mejor y más rápida recuperación económica de la región. Por su parte, los cuestionamientos hacia los gobiernos de distintos tintes de la región, deberán resolverse a través de mecanismos democráticos (elecciones) y, en aquellos casos en donde esta posibilidad se ve obstaculizada, apelar también a las principales organizaciones multilaterales para que actúen en consecuencia y puedan ofrecer una solución para quienes se encuentran sumidos en regímenes que impiden el efectivo ejercicio de los derechos civiles.

Por María Agustina Martínez —– 25/07/21

Nota: Gran parte de este artículo recoge la visión plasmada por Javier Solana y Enrique Iglesias en su artículo titulado “Latinoamérica ante la tormenta perfecta”: https://www.project-syndicate.org/commentary/political-economic-health-crisis-in-latin-america-by-javier-solana-and-enrique-v-iglesias-2021-07

Fuentes: www.project-syndicate.org – www.brinknews.com

Imagen destacada: www.lanacion.com.ar

Imagen en nota: www.brinknews.com

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Del desacuerdo político al litigio judicial: límite y judicialización del diálogo político argentino

El Poder Ejecutivo Nacional, ante el incremento de casos de Covid 19, “la segunda ola de contagios”, decidió promulgar el decreto de necesidad y urgencia 241/21. En este señala que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del cincuenta por ciento (50 %) de los nuevos casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); ya que los casos registrados en ésta es mayor y sostenido a la que se viene registrando en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad, si no se adoptan medidas para prevenir estas consecuencias. Textualmente, indica que esto lleva a que se considere necesario incrementar las medidas ya adoptadas, en forma temporaria e intensiva, que serán focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus (Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación). Entre dichas medidas, se encuentra la que estipula el artículo No2 del decreto (que sustituye el artículo 10 del Decreto N° 235/21):

Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”. (Ídem.)

Esta medida generó un desacuerdo político entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Presidente Alberto Fernández, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Dado que, ante la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad se reusó a adherirse a la misma.

El argumento que el Gobierno de la Ciudad esgrimió, para fundamentar su rechazo a la norma, fue centralmente la inconstitucionalidad de la misma, ya que estima que transgrede la autonomía política de la Ciudad en materia de educación y sanidad, al mismo tiempo que quebranta el Derecho a la Educación. En razón a esto, el Gobierno de la Ciudad presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, en la que especifica los motivos por los que juzga inconstitucional el artículo No2 del decreto. Estos son:

a) vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal; b) el principio de razonabilidad, en razón de que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la mera voluntad del Poder Ejecutivo Nacional; c) el principio de supremacía federal, por contravenir lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, que declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino. (Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021)

De esta manera, se puede observar, como el desacuerdo político de las voluntades de ambos gobiernos, de la Nación y Ciudad, con respecto a esta medida sanitaria con implicancias en educación, devino en un litigio judicial que tiene como principal interventor jurídico a la Corte Suprema de Justicia.

El 4 de mayo del 2021, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, juzgando inconstitucional la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta situación, pone de manifiesto dos peculiaridades de la política argentina: la oposición de intereses como el límite del diálogo político, que impide llegar a acuerdos consistentes, y la judicialización del mismo, que exige un interventor judicial como sustituto de la voluntad política.

La presencia de oposición de intereses políticos, es propia de toda sociedad que se estime democrática. Sin embargo, cuando dicha oposición no presenta carácter político pero aparece como tal, se constituye como el límite del diálogo político. Esto significa, que estos intereses, tan solo en apariencia persiguen el bien común social, propio de toda acción política, en concreto se rigen por beneficios particulares, es decir, anhelan el poder no en vistas comunitarias, sino en pos de particulares. De forma que, en lugar de ser apertura de diálogo, la oposición política se degrada en negación de la postura de la otra parte, hasta el punto de buscar su silenciamiento. Esto lleva a que todo diálogo que se plantee se vea truncado desde su inicio, dado que, al ser los intereses de ambas partes particulares, estas no se tienen como incluidas en los intereses políticos que una y la otra propugnan; sino que todo lo contrario, se perciben negadas y silenciadas de tal manera que se genera una escisión política que impide el diálogo y acuerdos consistentes que beneficien a toda la comunidad.

La judicialización del diálogo político, se presenta como el fenómeno por el cual los desacuerdos políticos asumen carácter judicial para su resolución. Al asumir carácter judicial, las partes en oposición ceden su voluntad política al órgano interventor judicial. Esto suscita una alteración de las lógicas que rigen la solución de desacuerdos políticos. Dado que del principio de oportunidad política, en el que prima la regla de las mayorías y la legitimación democrática, se pasa a la esfera judicial, gobernada por el principio de legalidad, dentro de un contexto institucional cuya legitimación consiste en la imparcialidad y la competencia técnica del que resuelve la disputa. De este modo, el interventor judicial sustituye la voluntad política de las partes resolviendo el desacuerdo con base a criterios jurídicos-técnicos, pero a su vez, el interventor judicial, al tener la responsabilidad de fallar en torno a un desacuerdo político, se ve sometido en su accionar a tensiones políticas; por lo que la judicialización de lo político implica la politización de lo judicial. Esto lleva a inferir, que el fallo emitido por el interventor judicial, en lugar de jurídico, se constituya como político.

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En síntesis, se puede advertir que en nuestro país se presenta la tendencia de recurrir a un interventor judicial que supla la voluntad política en caso de desacuerdos, que en apariencia se muestran como políticos, pero que responden al interés de personas o partidos particulares. De tal manera, que cabe la pregunta ¿los fallos verdaderamente observan el bien común social o urden el criterio técnico- jurídico en bienes particulares?

Por Bruno Leandro Ponferrada —– 20/06/ 21

Profesor en Filosofía y Técnico en la Gestión de Recursos Humanos

Fuentes:

Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021). Recuperado de: https://www.diariojudicial.com/nota/89025

Castillo O. P. (2021); Judicialización, Cuando los actores políticos instrumentalizan la justicia al servicio de sus intereses, los actores judiciales pueden verse atrapados en situaciones penosas, Diario El País; recuperado de: Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243058/20210416

Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa CSJ 567/2021 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

Recuperado de: https://www.cij.gov.ar/nota-38481-Resoluci-n-de-la-Corte-Suprema- de-Justicia-de-la-Naci-n-en-causa-CSJ-567-2021–Gobierno-de-la-Ciudad-de-Buenos- Aires-c–Estado-Nacional–Poder-Ejecutivo-Nacional–s–acci-n-declarativa-de- inconstituci.html

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Salta en “código rojo”: pobreza y desocupación

La pandemia generada por la covid-19 ya causó más de 20.000 contagios y un millar de muertes en la provincia, pero sobre todo agudizó las diferencias sociales imperantes en este rincón del país. Las estadísticas indican que Salta ostenta números alarmantes, sin embargo hay toda una clase política que parece desentendida del asunto.

Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares, que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos, analizaron 181.055 hogares en Salta, que comprenden a unas 638.285 personas. A partir de ese análisis se conoció que el conglomerado urbano de Salta -conformado por Capital y alrededores- tuvo una baja en los índices de pobreza e indigencia, que alcanzan ahora un 41,7%. Esta tendencia fue a contramano del incremento general que hubo en el país. Lo mismo se dio con la indigencia, ya que el número salteño llegó a 10,3%, mientras que el promedio en Argentina es de 10,5.

En este análisis Salta también presenta otra particularidad. No registró vaivenes como consecuencia de la pandemia. El pico de pobreza lo alcanzó en el segundo semestre de 2019 con 45,5%, y esa cifra se repite en primer semestre de 2020.

Actualmente, son 248.748 los pobres en el área metropolitana salteña, 22.766 menos que en la primera mitad del año pasado, cuando el total ascendía a 265.982 Con baja y todo, sigue siendo una cifra elevada, que se agrava con los 66.012 indigentes. Los hogares debajo de la línea de la pobreza llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).

La merma en las cifras no da margen a celebraciones. A pesar de esto la respuesta política es escasa o mejor dicho nula. En un mes de trabajo ordinario, los 21 concejales de la ciudad no dijeron nada al respecto. Tampoco trataron Ordenanzas en relación al tema. El silencio replicó en ambas cámaras de la Legislatura y en el Centro Cívico Grand Bourg.

Trabajo no hay

Al finalizar el 2019 había 270.000 salteños ocupados en un trabajo, mientras que al concluir el 2020 ese número se redujo a 260.000. Estas cifras del Indec resultan paradójicas porque el índice de desempleo también bajó en un año de 10,3% a 9%.

Hasta 2019, en Salta se registraban unos 31.000 desocupados, mientras que en el ocaso de 2020 los desocupados en la provincia se ubicaban en 26.000. La caída de la cantidad de personas empleadas y el menor número de desempleados, radica, según el organismo oficial, en que habría un abandono de por lo menos 10.000 personas en la búsqueda activa de trabajo.

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Para el INDEC, en Salta capital y alrededores hoy viven 639.000 personas en total, de las cuales 286.000 son económicamente activas, 260.000 tienen trabajo y 26.000 están desocupados. Un dato no menor es que también hay 66.000 personas que ya tienen un trabajo, pero se encuentran buscando otro.

En tanto en el 2019 había 632.000 habitantes en Salta, 301.000 eran económicamente activos, 270.000 ocupados, 31.000 desocupados y 48.000 personas estaban subocupadas.

A nivel regional la desocupación de Salta es la segunda, solo por detrás de la que se registra en Tucumán, que llega al 9,5%. En promedio, las provincias del NOA tienen un 7,2% de desocupados.

Estos números, tan fríos como reales por las historias que esconden atrás, todavía esperan ser tenidos en cuenta.

Por Nahuel Toledo – Periodista 18/03/21

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