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Sociedad

El Tsunami educativo de la Pandemia

Durante el 2020 asistimos al cierre masivo de establecimientos como consecuencia de la pandemia. Se perdieron, en promedio, casi 160 días de clases presenciales.

Para mitigar los efectos de esta pérdida, la comunidad educativa en general, en todos los niveles, se vio obligada a implementar una educación remota de emergencia, para la cual, en general, no estaba preparada.

Fue necesario adoptar un conjunto de herramientas de la educación a distancia para enfrentar este reto y poder seguir enseñando, pero los resultados fueron los esperados; no se pudo reemplazar a la presencialidad. Los inconvenientes que se debieron enfrentar fueron infinitos.

En Salta

Poniendo foco en nuestra provincia es notable que, a pesar de los enormes esfuerzos de los docentes, los resultados medidos en niveles de aprendizaje principalmente en el nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal han sido insuficientes.

La deserción y el abandono llegaron a niveles históricos. Por cierto, no se cuenta con datos oficializados que describan la realidad educativa al instante (lo cual es otro problema que desnudó la pandemia), pero es una situación conocida por la mayoría de los docentes debido a sus experiencias; los alumnos que se pudieron conectar y seguir en condiciones aceptables las clases fueron los menos; el resto no lo pudo hacer, prácticamente por múltiples causas; tampoco se implementaron estrategias de tutorización o seguimiento virtual para estos casos oportunamente.

Se estima un incremento de la deserción de un 15% mínimo entre los estudiantes de alrededor de los 17 años, por ejemplo.

No hubo directivas ni estrategias claras de retención por parte de las autoridades educativas que minimizaran los riesgos que se enfrentaban con esta situación.

También quedó al descubierto la calidad de gestión escolar a nivel de cada establecimiento; las prácticas que pusieron en marcha algunos directores de establecimientos son modelos para destacar.

En Italia, por ejemplo, un programa de tutoría en línea implementado a nivel gubernamental para estudiantes desfavorecidos en escuelas secundarias durante el cierre de establecimientos aumento el rendimiento académico de los mismos.

El COVID está siendo un golpe duro en el avance en términos de cobertura que se venía logrando desde hace un tiempo hasta antes de la pandemia; tal vez los jóvenes lleguen a perder el interés por el sistema educativo y se vean tentados con otras alternativas, como por ejemplo ingresar al mercado laboral por la difícil situación económica que atraviesa la mayoría.

Esto podría engrosar el porcentaje de “ninis” (jóvenes que ni trabajan ni estudian), cuyo crecimiento se estima en un 21% en el largo plazo.

Presencialidad , a toda costa

En el 2021 nos toca continuar viviendo los nuevos embates del flagelo que pusieron al desnudo lo poco que se había hecho en el 2020 en cuanto a obras y dotación de recursos. El brote de la pandemia está golpeando nuevamente al sistema educativo local dificulta el regreso masivo a las aulas, a la necesaria presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario, que son los que más la necesitan por las características propias de esa población estudiantil. En la mayoría de los casos las condiciones para la presencialidad no difieren de las que había el año pasado: no hubo aún vacunación masiva del personal docente y de apoyo, que debieron haber sido considerados personal esencial desde el primer momento, conjuntamente con los de salud; continúa en muchos casos la persistencia de infraestructura deficiente; la falta de conectividad y equipamiento tecnológico en la mayoría de los establecimientos que hace inviable la “bimodalidad” si el docente no aporta de su parte los recursos para hacerlo; el eterno problema de los baños; los idas y, vueltas con las estrategias para las “burbujas” que hace que los niños sigan perdiendo cantidad y calidad de aprendizajes, la falta de tutorización para los que no les toca “burbuja”, etc.

Cambios a paso de tortuga

El cierre de escuelas o el no asistir todos los días a clases es la forma directa en la que el virus ataca al sistema educativo ya que las medidas que se impulsan, muy cuestionables por cierto, propician mayormente el cierre de los establecimientos para detener la propagación del virus.

Todo esto contribuye a que la enseñanza híbrida también sea una utopía si no está bien diseñada e incorporando soluciones digitales adecuadas; en el mejor de los casos, es educación a distancia para los que tienen la dotación de recursos e infraestructura y voluntad para hacerla y hace que se sigan profundizando las desigualdades

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Según estimaciones solo el 77% por ciento de los estudiantes de 15 años tienen acceso a internet en sus hogares y el reto es mayor para los grupos desfavorecidos.

Las brechas digitales son notables aunque también hay que destacar que Argentina está dentro de los países que han habilitado el acceso web a portales educativos sin costo o a bajo costo para los usuarios finales principalmente mediante planes con tarifa cero en coordinación con empresas de telecomunicaciones.

En Salta, las acciones para mejorar la conectividad y dotación de recursos son escasas ante la dimensión de la problemática; tampoco el apoyo al docente es el esperado en cuanto a capacitación para la bimodalidad; educación a distancia, contenido pedagógico adaptado para estos escenarios; herramientas Tics y conectividad gratuita.

Tampoco los padres están recibiendo apoyo para esta metodología, ya que en ellos reside gran parte del esfuerzo educativo para la permanencia, aprendizaje y promoción de los chicos.
Estos son los motivos principales que dan argumento académico necesario para defender la presencialidad, además de la evidencia sanitaria de que los principales focos de contagio no estarían en la escuela por supuesto.

Los resultados de las recientes mediciones de la “pobreza en el aprendizaje” que se utilizan para hacer referencia a la proporción de niños que han sido privados de aprendizajes o no alcanzan un nivel mínimo de comprensión lectora y/o están privados de escolaridad, encienden luces rojas.

Hay muchas situaciones de desigualdad educativa que están ahondando la crisis de aprendizajes, principalmente a los alumnos más desfavorecidos. Ya las pruebas PISA del 2018 develaron que el 54% de los niños y niñas de 10 años, en Argentina, no pueden leer y entender un texto y que los alumnos de 15 años, en promedio, se encontraban 3 años por atrás de los estudiantes de la OCDE en matemática, lectura y ciencia.

Las amplias brechas en los resultados educativos del 2018 ya revelaban patrones regresivos de acceso y calidad en estas reconocidas pruebas. Se estima, como mínimo, que estos porcentajes podrán aumentar 16 puntos con 10 meses de cierre de escuelas, llegando a tener casi el 77% promedio de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento. 

Esta situación nos permite inferir que, a futuro, las implicaciones para los ingresos y la productividad en la región podrían ser enormes. Hay métodos para calcular estas pérdidas. Según algunos cálculos estimativos de esta realidad dan cuenta que con un cierre de 10 meses un alumno promedio perteneciente a la cohorte que actualmente asiste a la escuela podría perder $23.628 dólares (PPA 2017) de ingresos a lo largo de su vida, equivalentes a $1,313 dólares (PPA 2017) de ingresos anuales ¿Cómo se lograrán los objetivos de crecimiento económico y desarrollo si los recursos humanos manifiestan falencias en su formación de habilidades y competencias?

De acuerdo a estimaciones las pérdidas de aprendizaje podrían representar hasta el 88% de lo que los estudiantes aprenden en un año escolar promedio; esta cifra se eleva más para los niños más vulnerables por supuesto. El desafío actual de los gestores educativos es retener a los chicos en el sistema educativo fortaleciendo la calidad de la educación a distancia o bimodalidad e impidiendo que abandonen; apoyar también a los padres en este contexto además de los docentes que están poniendo sus mejores esfuerzos a esto, aun a costa de su salud inclusive. 

También hay una necesidad urgente de contar con datos ciertos de la situación para poder tomar decisiones acertadas; no actuar a ciegas; poder contar con sistemas de alertas tempranas antes de que se produzca el abandono; el uso inteligente de datos y tecnología podría crear oportunidades para mejorar la eficiencia del sistema escolar y ayudaría a identificar y corregir ineficiencias a tiempo. Colombia, por ejemplo, está mejorando el proceso de incentivar a los alumnos y recompensar su aprendizaje mediante la implementación de tecnología de Blockchain como medio rastreable que asegure este objetivo. Un acierto, y de avanzada, en la utilización de recursos digitales.

La oportunidad de cambiar 

Es bien sabido por todos, que detrás de una crisis manifiesta siempre hay una oportunidad. Esta crisis podría representar una oportunidad histórica de cambios en el sistema educativo y en la gestión institucional que propicie la transformación digital centrada en el alumno impulsando la incorporación de las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje para dar un salto cualitativo importante hacia adelante, hacia una nueva etapa de desarrollo educativo mirando al futuro que permita sumarnos a la Cuarta Revolución industrial.

Sería fascinante plantearnos re imaginar la educación que necesitamos para estos nuevos escenarios y dejar de politizar el tema educativo que nada suma a la realidad que están viviendo miles de estudiantes y docentes comprometidos. Aunque para esto deba mejorarse urgentemente las barreras para el acceso y uso efectivo de las tecnologías digitales y que se priorice el aprendizaje de los estudiantes utilizando los nuevos recursos.

El desconocimiento manifiesto de estas cuestiones y cómo implementar estrategias acertadas para lograrlo, profundizan más las brechas existentes en nuestra provincia facilitando el aumento, lamentablemente, de la pobreza. El mal endémico de nuestra sociedad.

Por Lic. Silvia Alvarez 30/04/21

Fuente: www.eltribuno.com

Imágenes destacada y en nota: www.pexels.com

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Sociedad

Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Sociedad

Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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Sociedad

El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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