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El secundario, entre la fractura social y la era del conocimiento

El anuncio del Ministerio de Educación porteño, en el que se hizo público el plan de prácticas laborales obligatorias para los estudiantes secundarios del último año a partir del 2022 encendieron un fuerte debate. El propósito consiste en acercar al joven al mundo del trabajo permitiéndole mejorar sus habilidades y competencias, para esta época, caracterizada por la transformación digital que está cambiando el mercado laboral y exige cada vez mayores conocimientos y actualizaciones.

Las prácticas laborales, a diferencia de las pasantías, que presentan su propio marco jurídico, están contempladas en el diseño curricular de la Secundaria del Futuro, también conocida como la Secundaria 2030, que se pretende implementar desde el 2018 y a la cual Salta adhirió. Los gremios ya hicieron sentir su desacuerdo y rechazo a la medida pues la consideran como una forma de trabajo gratuito y que quitará horas de estudio a los jóvenes. Todavía no se conoce la forma en que se implementará el modelo dual, pero ya hay voces en contra de la propuesta.

En la Argentina, alrededor del 24% de los jóvenes son NiNi (ni estudian ni trabajan) siendo ésta una de las tasas más elevadas de los países de la OCDE. Hay que impulsar medidas que permitan reducir este porcentaje, especialmente cuando se toma con seriedad el dato de que el 28% de los jóvenes de entre 24 y 35 años no terminó el secundario, drenaje que seguramente se verá profundizado por la pandemia. Algo hay que hace con la enseñanza media, que es el nivel que presenta los problemas más graves y desafiantes del sistema.

Un salvavidas poco confiable

Tomar este tipo de medidas no es nuevo para el nivel secundario y, tal vez ahora, tampoco sean diferentes los resultados. Desde hace más de 40 años, esporádicamente, se insiste con este tipo de disposiciones orientadas a innovar, de alguna manera, la educación secundaria queriendo impulsar modelos duales con el objetivo de reducir el desempleo juvenil y fortalecer el recurso humano. Países como el Reino Unido, EEUU, Alemania, Francia o Japón lo hacen. En Argentina, acercar a los jóvenes del secundario al mundo del trabajo y a la realidad de las empresas para que adquieran herramientas que les permitan mejorar su cualificación fue la intención de varios planes implementados con anterioridad. Pero evaluar (sin evaluación no hay opinión pedagógica fundada) es otra cuestión. Es difícil contar hoy con datos e indicadores concretos de lo que se hizo y lo que se logró.

La búsqueda de sentido

Lo que el sistema necesita es redefinir el sentido de la educación secundaria para el contexto actual y que se pongan de acuerdo los actores intervinientes y poder planificar las mejoras. La Secundaria 2030, que contempla cuestiones como las prácticas laborales, fue una política federal de reciente data, que tuvo la pretensión de transformar la escuela secundaria. El sentido de la escuela secundaria está en el eje de los debates cuando se establecen este tipo de medidas.

Los planteos no son nuevos. El sentido y la finalidad del secundario se viene discutiendo desde hace más de 2 siglos. El primer colegio secundario en Argentina fue el Colegio Nacional de Buenos Aires que se creó en 1863 con una caja curricular orientada a la formación política y a la preparación para la universidad de las elites principalmente. En este contexto también se funda en Salta el Colegio Nacional (1865); en 1869 se expande otra modalidad: las Escuelas Normales cuyo objetivo fue la formación de maestros. Esto hace que sobre finales del siglo XIX queden sentadas las bases de lo que después serían las modalidades de la escuela secundaria: bachiller, normal, comercial y técnica que fueron las predominantes hasta la sanción del la Ley Federal de Educación en 1993; cabe destacar que la modalidad Normal se transformó en 1969 y la formación docente pasó a ser de nivel terciario transformándose las escuelas normales en bachiller.

Originariamente se pensaba que el nivel secundario debía preparar para continuar los estudios el nivel superior; en la década de los 60, con una visión más desarrollista del gobierno de turno, se piensa que el secundario debía articular con el mundo productivo; que tenía que preparar a los jóvenes para el trabajo. En la década de los 70 se puso en marcha el Plan dual mediante el cual se sumaba un año más a las escuelas técnicas para que los jóvenes que cursaban allí realizaran prácticas intensivas en empresas. En la década de los 80, fruto de los vaivenes políticos y las formas de gobierno propias de nuestra identidad, se piensa que el secundario debía formar a los jóvenes para ser ciudadanos de la democracia. En los 90 vuelve a ser noticia este tipo de medidas cuando se vuelve a impulsar la realización de prácticas en empresas.

A partir de 1950 el crecimiento de la matrícula en el secundario tuvo su mayor impulso; hubo una expansión constante de la misma mayor al crecimiento demográfico. Impulsada también por la política de expansión de la industrialización por sustitución de importaciones del momento y la modificación de la función social del secundario; sus objetivos se ampliaron estableciéndose expresamente el de preparación para el trabajo con la expansión de la modalidad comercial y técnica. Tener título secundario comenzó a ser desde entonces sinónimo de movilidad social. En 1960 por cada alumno dentro del sistema había 2,2 fuera de él ; hasta la crisis del 2001 por cada alumno dentro del sistema había 0,2 jóvenes no cubiertos por la organización escolar. La inclusión fue notable. En el año 1992 se sanciona la Ley 24.049 mediante la cual se establece la transferencia a las provincias de los servicios educativos del nivel secundario y superior no universitario que hasta entonces eran administrados por la Nación y luego, en 1993, se sanciona la Ley Federal de Educación que marcó un cambio importante en el secundario: el EGB para los primeros años y Polimodal para los últimos; su implementación a nivel organizacional generó innumerables inconvenientes motivo por el cual en el año 2006 las autoridades educativas impulsaron un nuevo debate para derogarla surgiendo como resultado de este proceso la sanción de la Ley de Educación Nacional (LEN) 26206/06 que propone la homogeneización de todo el sistema educativo nacional y establece la obligatoriedad del nivel secundario.

El secundario hoy

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Actualmente la educación secundaria, a partir de la LEN, queda definida como la unidad pedagógica y organizativa estructurada en 2 ciclos un Ciclo Básico -de carácter común a todas las orientaciones- y un Ciclo Orientado de carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. Asimismo el artículo 30 da por sentado que las 3 cuestiones que mencione anteriormente (preparar a los jóvenes para el nivel superior, para el trabajo y para el ejercicio pleno de la ciudadanía) deben ser consideradas como los fines del secundario; además de la necesidad de “Vincular a los estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología” siendo las autoridades jurisdiccionales las que propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco los alumnos podrán realizar las prácticas educativas.

El marco legal mínimo para la implementación de este tipo de medidas está dado pero la forma de hacerlo, implementarlo y medirlo, para corregir desvíos, en mi opinión, no está pensada, Por eso hay dudas respecto al financiamiento de estas adecuaciones.

Un dato alarmante: desde hace 20 años, el secundario viene sufriendo los vaivenes de las políticas educativas que se implementan, disminuyendo el aprendizaje y, lo que es peor, los jóvenes no lo encuentran atractivo; muchos se aburren y abandonan. La pandemia profundizó el daño. Más del 50% de los jóvenes desistieron de continuar en esta etapa, principalmente porque el sistema los abandonó lo que agudizó los problemas que ya venían haciéndose sentir.

La “economía del conocimiento”

Para implementar y avanzar en las nuevas áreas y temáticas propias de este tiempo, y que los jóvenes cuenten con las competencias y los conocimientos para hacerlo, como los que marca el de la economía del conocimiento por ejemplo, se necesita fortalecer su formación para que puedan tener y brindar las competencias que hacen falta para las nuevas formas de producción.

Relacionado con esto, la disponibilidad de recursos tecnológicos en la escuela y su utilización en la enseñanza secundaria fueron temas consultados en Aprender 2019 y las conclusiones develan que también en este ámbito queda mucho por hacer; excepto el uso del celular, los resultados expresan que es baja la aplicación de los dispositivos digitales utilizados con fines pedagógicos en las escuelas; el acceso a internet es crítico. El trabajo con TIC en el aula desde computadoras y tablets es muy bajo. No se indagó sobre el conocimiento de inglés que también es clave para avanzar con temáticas como las que se proponen.

Las asignaturas emplean poco los recursos digitales con fines pedagógicos y llama la atención que solo un 35% jóvenes señalan que emplean dispositivos digitales en materias de informática/computación, entonces ¿cómo pueden aprender sin el uso de recursos digitales? Esto devela la profundidad de la crisis y la rudimentaria “calidad” en esta área tan crítica sobre la cual tanto se quiere desarrollar.

Además del acceso a internet y manejo de las TIC hay otras cuestiones que también encienden las alarmas en el nivel: las desigualdades en las condiciones de infraestructura de las escuelas secundarias principalmente cuando se habla de acceso a servicios básicos como desagües, cloacas, agua de red pública, acceso asfaltado y accesibilidad para personas con discapacidad. También la deserción, abandono y la tasa de graduación, entre otras, son problemas a resolver con urgencia para hacer atractiva, inclusiva y combativa de la pobreza a la propuesta para el nivel.

Por Silvia Alvarez – Docente Universitaria – Investigadora — 27/12/21

Fuente: www.eltribuno.com

Imágenes destacada y en nota: www.pixabay.com

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Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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