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El COVID-19 y su impacto en la seguridad alimentaria

De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) – cuyo director es David Beasley –, el impacto económico del COVID-19 elevaría a la cifra de 265 millones el número de personas expuestas a inseguridad alimentaria aguda, casi duplicando la cifra registrada en 2019 cuando el número de personas que atraviesan tal situación se contabilizó en 135 millones.

Ahora bien, ¿qué significa la seguridad alimentaria? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) «la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable».

Algunos datos al respecto:

  • Unos 265 millones de personas en los países de ingresos bajos y medios estarán en situación de inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 de no adoptarse medidas rápidas
  • La mayoría de las personas que padeció inseguridad alimentaria aguda en 2019 se encuentran en países afectados por conflictos (77 millones), por el cambio climático (34 millones) y por crisis económicas (24 millones de personas)
  • Las peores crisis alimentarias en 2019 se centraron en 10 países: Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití
  • En 2019, el 61% de la población de Sudán del Sur se encontraba en estado de crisis alimentaria o peor. Otros seis países tenían al menos el 35% de su población en estado de crisis alimentaria: Sudán, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwe, Afganistán, República Árabe Siria y Haití
  • Estos diez países representaban el 66% de la población total, es decir, 88 millones de personas

De acuerdo a la WFP los 5 países con mayor riesgo de padecer hambruna, a la cual la FAO define como «una grave escasez de alimentos en un área geográfica grande o que afecta a un gran número de personas, que comúnmente se dividen en las causadas por fenómenos naturales y aquéllas ocasionadas por acciones humanas», en el corriente año como consecuencia del Coronavirus son, Yemen, República Democrática del Congo, Venezuela, Sudán del Sur y Afganistán:

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Asimismo, de acuerdo a la FAO, quienes más amenazados se ven por la pandemia del COVID-19 son los más de 820 millones de personas que ya padecen hambre crónica, es decir, «no comen suficiente energía calórica para llevar una vida normal. Y, que, de ellas, 113 se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria aguda, un hambre tan grave que supone una amenaza inmediata para su vida o sus medios de subsistencia y les hace depender de la ayuda externa para sobrevivir».

“La FAO está especialmente preocupada por el impacto de la pandemia en las comunidades vulnerables que ya están luchando contra el hambre u otras crisis -el brote de langosta del desierto en el Cuerno de África, la inseguridad en el Yemen o el Sahel, por ejemplo- así como en los países que dependen en gran medida de importaciones de alimentos, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, y aquellos que dependen de las exportaciones primarias, como el petróleo”.

Por último, David Beasley, director ejecutivo de la WFP, expresó que «actualmente con la crisis de COVID-19 no sólo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Todavía no hay hambrunas, pero debo advertirles que, si no nos preparamos ahora mismo para asegurar el acceso, evitar la falta de financiación y las interrupciones, podríamos enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses».

En base a ello, el informe expuso las 4 prioridades de intervención, para observar de cerca la crítica situación por la que atraviesan millones de personas de las más diversas áreas geográficas y, así poder evitar que todas ellas sufran una potencial interrupción de sus medios de vida y del acceso a los alimentos:

  • Aumentar y expandir los sistemas de vigilancia a distancia de la seguridad alimentaria, casi en tiempo real, que proporcionen información actualizada sobre los efectos del brote en la seguridad alimentaria y en los medios de vida, la salud, el acceso a los servicios, los mercados y las cadenas de suministro, entre otros aspectos, para adoptar medidas inmediatas y de mitigación
  • Mantener la asistencia humanitaria crítica en forma de alimentos, medios de subsistencia y nutrición para los grupos vulnerables -adaptada a los posibles efectos de COVID-19- que garanticen la satisfacción plena de las necesidades
  • Reforzar y ampliar los sistemas de protección social para garantizar que los más vulnerables, que se encuentren afectados por el COVID-19 o corran un alto riesgo de padecerlo, puedan seguir teniendo acceso a los alimentos
  • Aumentar el apoyo a la elaboración de alimentos, al transporte y a los mercados locales de productos, y fomentar la apertura de los corredores comerciales que garanticen el funcionamiento continuo de la cadena de suministro de alimentos y los sistemas agroalimentarios esenciales en los países con crisis alimentarias

Por María Agustina Martinez                                                                   26/04/2020

Fuentes: https://news.un.org/http://www.fao.org/https://es.wfp.org/

Imagen destacada: www.afp.com

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Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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