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Donald Trump y la política de asilo

En julio de 2019 el presidente Donald Trump anunciaba una nueva regla en materia de asilo, en la que «a la mayoría de las personas migrantes que viajan por tierra para ingresar a Estados Unidos a través de la frontera con México se les negarán las protecciones de asilo». Es decir, que aquellas personas que no hubiesen podido solicitar asilo en el primer país en su camino a la frontera suroeste de Estados Unidos, no contarían con dicha protección.

“La regla limitaría efectivamente las protecciones de asilo para la población mexicana y para quienes cruzan la frontera suroeste de Estados Unidos por mar. Quienes migran todavía tendrían permitido solicitar asilo en la frontera suroeste si tienen prueba de que pidieron la protección y les fue negada en al menos un país que atravesaron”.

Asimismo, las personas que hayan sido víctimas de tráfico humano severo y puedan demostrar tal situación podrán acceder al asilo en Estados Unidos.

“Los hondureños y salvadoreños tendrán que solicitar asilo en Guatemala y México, y es necesario que les haya sido denegado antes de que puedan solicitarlo en Estados Unidos. En el caso de los guatemaltecos deberán solicitar la protección en México y ser rechazados. El gobierno anunció su nueva política de asilo a pesar de que Guatemala y México no están de acuerdo con el plan, lo que significa que esos países no han asegurado que otorgarán asilo a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos”.

Sin embargo, días después de haber dado a conocer esta normativa, el juez Jon Tigar, del Tribunal de distrito en San Francisco, emitió un recurso judicial preliminar contra dicha normativa al considerarla inconsistente con las leyes de asilo existentes, ya que afecta a la mayoría de los migrantes centroamericanos que este año han alcanzado un gran número, como también a muchos migrantes de África, Asia y otras regiones.

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Finalmente, llegó la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el cual aprobó de forma temporal – ya que el litigio que trata su legalidad continúa – la normativa bajo la cual, la mayoría de los inmigrantes deben buscar asilo en otros países y haber sido rechazados en su ruta a los Estados Unidos – antes de hacerlo en éste último. De esta manera, queda sin efecto la restricción impuesta por el juez federal Jon Tigar en el mes de julio.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1171918282905018370

Quien se expresó al respecto fue el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados:

“Lamentamos el impacto que tendrá la implementación en los solicitantes de asilo. Reiteramos que cualquier persona que huya de la violencia o la persecución debe poder acceder a procedimientos completos y efectivos de asilo y protección internacional”.

Se espera que, frente a tal decisión, México se vea afectado directamente ya que todos los solicitantes que hayan pasado por su territorio no podrían pedir protección en territorio estadounidense, a no ser que previamente hayan sido rechazados por el gobierno mexicano o el gobierno de otro país.

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El canciller mexicano Marcelo Ebrad, en una conferencia de prensa el 12 de septiembre, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador brindó información acerca de los avances del acuerdo pactado en junio de este año con Estados Unidos, acerca de su compromiso con la política migratoria para la reducción de emigrantes hacia la frontera de Estados Unidos: 

“Del mes de junio a la fecha de esta reunión, la reducción del flujo es de 58,7%. Si se desagrega, está compuesto, la línea roja, son personas principalmente provenientes de Centroamérica, en ese caso en -70,3% y, la línea color verde, son los mexicanos que llegan a Estados Unidos tiene una reducción de 7,2%, aunque respecto a los compatriotas, la explicación de ellos no tiene que ver con la estrategia migratoria a la que hago referencia sino a otros factores internos de la economía nacional y de los flujos estacionales”.

Por María Agustina Martinez

Fuentes: www.nytimes.com – www.news.un.org

Imagen destacada: AP

Imagen en nota: www.nytimes.com

 

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Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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