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Opinión

Del desacuerdo político al litigio judicial: límite y judicialización del diálogo político argentino

El Poder Ejecutivo Nacional, ante el incremento de casos de Covid 19, “la segunda ola de contagios”, decidió promulgar el decreto de necesidad y urgencia 241/21. En este señala que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del cincuenta por ciento (50 %) de los nuevos casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); ya que los casos registrados en ésta es mayor y sostenido a la que se viene registrando en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad, si no se adoptan medidas para prevenir estas consecuencias. Textualmente, indica que esto lleva a que se considere necesario incrementar las medidas ya adoptadas, en forma temporaria e intensiva, que serán focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus (Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación). Entre dichas medidas, se encuentra la que estipula el artículo No2 del decreto (que sustituye el artículo 10 del Decreto N° 235/21):

Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”. (Ídem.)

Esta medida generó un desacuerdo político entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Presidente Alberto Fernández, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Dado que, ante la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad se reusó a adherirse a la misma.

El argumento que el Gobierno de la Ciudad esgrimió, para fundamentar su rechazo a la norma, fue centralmente la inconstitucionalidad de la misma, ya que estima que transgrede la autonomía política de la Ciudad en materia de educación y sanidad, al mismo tiempo que quebranta el Derecho a la Educación. En razón a esto, el Gobierno de la Ciudad presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, en la que especifica los motivos por los que juzga inconstitucional el artículo No2 del decreto. Estos son:

a) vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal; b) el principio de razonabilidad, en razón de que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la mera voluntad del Poder Ejecutivo Nacional; c) el principio de supremacía federal, por contravenir lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, que declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino. (Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021)

De esta manera, se puede observar, como el desacuerdo político de las voluntades de ambos gobiernos, de la Nación y Ciudad, con respecto a esta medida sanitaria con implicancias en educación, devino en un litigio judicial que tiene como principal interventor jurídico a la Corte Suprema de Justicia.

El 4 de mayo del 2021, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, juzgando inconstitucional la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esta situación, pone de manifiesto dos peculiaridades de la política argentina: la oposición de intereses como el límite del diálogo político, que impide llegar a acuerdos consistentes, y la judicialización del mismo, que exige un interventor judicial como sustituto de la voluntad política.

La presencia de oposición de intereses políticos, es propia de toda sociedad que se estime democrática. Sin embargo, cuando dicha oposición no presenta carácter político pero aparece como tal, se constituye como el límite del diálogo político. Esto significa, que estos intereses, tan solo en apariencia persiguen el bien común social, propio de toda acción política, en concreto se rigen por beneficios particulares, es decir, anhelan el poder no en vistas comunitarias, sino en pos de particulares. De forma que, en lugar de ser apertura de diálogo, la oposición política se degrada en negación de la postura de la otra parte, hasta el punto de buscar su silenciamiento. Esto lleva a que todo diálogo que se plantee se vea truncado desde su inicio, dado que, al ser los intereses de ambas partes particulares, estas no se tienen como incluidas en los intereses políticos que una y la otra propugnan; sino que todo lo contrario, se perciben negadas y silenciadas de tal manera que se genera una escisión política que impide el diálogo y acuerdos consistentes que beneficien a toda la comunidad.

La judicialización del diálogo político, se presenta como el fenómeno por el cual los desacuerdos políticos asumen carácter judicial para su resolución. Al asumir carácter judicial, las partes en oposición ceden su voluntad política al órgano interventor judicial. Esto suscita una alteración de las lógicas que rigen la solución de desacuerdos políticos. Dado que del principio de oportunidad política, en el que prima la regla de las mayorías y la legitimación democrática, se pasa a la esfera judicial, gobernada por el principio de legalidad, dentro de un contexto institucional cuya legitimación consiste en la imparcialidad y la competencia técnica del que resuelve la disputa. De este modo, el interventor judicial sustituye la voluntad política de las partes resolviendo el desacuerdo con base a criterios jurídicos-técnicos, pero a su vez, el interventor judicial, al tener la responsabilidad de fallar en torno a un desacuerdo político, se ve sometido en su accionar a tensiones políticas; por lo que la judicialización de lo político implica la politización de lo judicial. Esto lleva a inferir, que el fallo emitido por el interventor judicial, en lugar de jurídico, se constituya como político.

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En síntesis, se puede advertir que en nuestro país se presenta la tendencia de recurrir a un interventor judicial que supla la voluntad política en caso de desacuerdos, que en apariencia se muestran como políticos, pero que responden al interés de personas o partidos particulares. De tal manera, que cabe la pregunta ¿los fallos verdaderamente observan el bien común social o urden el criterio técnico- jurídico en bienes particulares?

Por Bruno Leandro Ponferrada —– 20/06/ 21

Profesor en Filosofía y Técnico en la Gestión de Recursos Humanos

Fuentes:

Causa 567/2021/1. Incidente No 1- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado: Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). 16 de abril del 2021). Recuperado de: https://www.diariojudicial.com/nota/89025

Castillo O. P. (2021); Judicialización, Cuando los actores políticos instrumentalizan la justicia al servicio de sus intereses, los actores judiciales pueden verse atrapados en situaciones penosas, Diario El País; recuperado de: Decreto 241 del 2021 {con fuerza de ley} por medio del cual se expide Medidas Generales de Prevención. 15 de abril del 2021. Decreto N° 235/2021. Modificación. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243058/20210416

Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa CSJ 567/2021 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

Recuperado de: https://www.cij.gov.ar/nota-38481-Resoluci-n-de-la-Corte-Suprema- de-Justicia-de-la-Naci-n-en-causa-CSJ-567-2021–Gobierno-de-la-Ciudad-de-Buenos- Aires-c–Estado-Nacional–Poder-Ejecutivo-Nacional–s–acci-n-declarativa-de- inconstituci.html

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Opinión

Nuestras sinuosas relaciones con Rusia

En la asamblea legislativa del pasado 1 de marzo el presidente Alberto Fernández condenó la invasión rusa a Ucrania; exactamente 25 días antes había manifestado su deseo de que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Estas contradicciones, ya habituales en la política exterior del actual gobierno, no son sino el colofón de una historia sinuosa en las relaciones bilaterales de ambos países.

Las relaciones bilaterales recién se establecieron en 1885, durante la primera presidencia de Julio A. Roca. Al poco tiempo, con motivo de la guerra ruso-japonesa en 1904, Argentina fue uno de los pocos países que asistió a Japón, concretamente a través de la venta de dos acorazados. El triunfo japonés -el primero de un país oriental sobre una potencia occidental en la era moderna- supuso un duro golpe para el gobierno del zar y le dio voz al Japón en los asuntos internacionales de la época. Como muestra de agradecimiento, el gobierno nipón erigió en Tokio una plaza con el nombre de República Argentina

Tras la revolución bolchevique, el presidente Hipólito Yrigoyen decidió cortar las relaciones diplomáticas con Rusia, las que no se reestablecerían sino hasta 1946, durante el gobierno de Perón, ya bajo el nombre de Unión Soviética (URSS). El año previo, no obstante, el país y la URSS estuvieron envueltos en una disputa diplomática de relevancia en torno a las Naciones Unidas, pues el régimen soviético no quería que Argentina fuera admitida como miembro fundador de la Organización, al haber sido neutral durante prácticamente toda la guerra. La presión de los países latinoamericanos, que en ese momento eran proporcionalmente un bloque numeroso, y el decidido apoyo de Estados Unidos, que entendía que, si bien Perón era nacionalista y contrario a sus intereses en el sur del continente, en un eventual tercer conflicto a escala mundial estará en contra de la URSS, forzaron el ingreso del país. Como contrapartida, Estados Unidos tuvo que aceptar que la Unión Soviética tenga tres votos en la Asamblea General: El de Rusia (a nombre de la URSS), el de Ucrania y el de Bielorrusia.

Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial si algo no se cuestionaba, eso era el anticomunismo de Perón. Sin embargo, el pragmatismo del líder argentino y en nombre de la tercera posición, hizo que a medida que avanzaba la guerra fría tendiera puentes con el Kremlin. No solo se restablecieron relaciones diplomáticas nombrando a un embajador, el primero hasta 1952 fue Federico Cantoni, sino que también creó un programa de delegados obreros como parte de la misión diplomática. En el caso de la Unión Soviética se nombró como agregado obrero de la Embajada argentina a Pedro Conde Magdaleno, un socialista devenido en peronista, para aceitar más las relaciones con el régimen.

Con Perón alejado del poder, en especial con los sucesivos gobiernos militares, las relaciones bilaterales volvieron a tensarse. Tras la crisis de los misiles cubanos en 1962, el presidente Guido, condicionado por las Fuerzas Armadas que depusieron a Frondizi, fue uno de los primeros líderes en plegarse al bloque estadounidense. Así, Argentina por primera vez envió dos buques de guerra al Caribe en expresión de su solidaridad con EEUU. Diez años después, el candidato argentino a la Secretaría General de Naciones Unidas, Carlos Ortiz de Rosas, presentado por Francia, y apoyado casi unánimemente, no pudo ser electo por el veto soviético, argumentando que no representaba al “tercer mundo”. El problema real fue que Argentina era miembro del TIAR (alianza militar con la participación de EEUU) y consideraban al argentino demasiado pro estadounidense.

El último gobierno de facto tuvo manchas y contramarchas en sus relaciones con la URSS. Por su carácter decididamente anticomunista apoyó militarmente a EEUU en las intervenciones en Centroamérica y simbólicamente participó del boicot en contra de los Juegos Olímpicos de Moscú. Por otra parte, el reclamo del presidente Carter por el respeto a los derechos humanos extendió puentes con Moscú e incrementó los lazos comerciales que ya se habían tendido previamente, convirtiéndose la URSS en una de los principales compradores de cereales argentinos. Durante el conflicto de Malvinas la Unión Soviética se abstuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; sin embargo, hay versiones sobre la ayuda en materia de inteligencia con el gobierno argentino e inclusive ayuda militar a través de terceros Estados.

El primer presidente argentino que realizó una visita oficial a la URSS fue Raúl Alfonsín, quien intentó relanzar los vínculos comerciales y obtener un apoyo explícito en la cuestión Malvinas. Sobre el primer punto hubo algunos avances, sobre el segundo ninguno.

La visita de Carlos Menem se hizo ya en tiempos de la Unión Soviética de Gorbachov, de la perestroika y glasnot, es decir, de una apertura hacia el mundo y la democracia occidental. Aun así, el alineamiento automático del gobierno a Estados Unidos impidió afianzar demasiado las relaciones bilaterales.

El acercamiento

Fue durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández cuando hubo un mayor acercamiento en materia política, ya sea por afinidad ideológica o por querer demostrar el manejo de una política exterior autónoma. En el último conflicto con Crimea, la cancillería argentina no cambió su tradicional postura en favor del respeto por la integridad territorial, pero la presidenta remarcó el doble estándar de las potencias occidentales al respecto. Durante la presidencia de Alberto Fernández, Argentina fue el primer país occidental en comprar la vacuna rusa, aun cuando esta no había pasado por la validación externa que requiere, por protocolo, cualquier descubrimiento científico. 

La defensa de los derechos humanos, que forma parte central en el discurso del actual gobierno y del de Néstor y Cristina Kirchner no se ha detenido para denunciar las persecuciones a las minorías en Rusia ni para abogar por el esclarecimiento de los asesinatos a periodistas o representantes de la oposición.

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Fidelidad sin logros

Tampoco se ha conseguido demasiado en materia de relaciones comerciales: Rusia es hoy el 16º socio comercial de la Argentina, con un comercio bilateral que en 2021 rondaba los 1.600 millones de dólares, aunque cabe aclarar que es uno de los países con los que más está creciendo el intercambio en términos porcentuales.

La diplomacia es una disciplina que requiere destreza para relacionarse con los distintos actores internacionales y evitar, manejar o aminorar los conflictos antes que abrirlos. 

Para ello tiene que tener en vistas todo el escenario internacional y no solo una parcialidad y el timing para actuar o tomar decisiones es indispensable.

Las acciones de política exterior deben ser oportunas y ciertamente la reciente visita del presidente Fernández a Rusia fue altamente inoportuna. La política exterior de un país no requiere de una visión ideológica, sino de una mirada geoestratégica que atienda a los intereses nacionales.

La cabeza de esa política exterior tiene que estar a la altura de esas exigencias y no debería ser el premio a los compromisos partidarios o la fidelidad política, como ha sucedido con no poca frecuencia en nuestro país.

Por Víctor Toledo – Lic. en Relaciones Internacionales —- 12/03/22

Fuente: www.eltribuno.com

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Opinión

¿Sigue siendo efectiva la disuasión?

La disuasión es una modalidad de la estrategia militar en virtud de la cual, tradicionalmente, consistía en advertir al enemigo a que no haga algo si no quería tener consecuencias negativas. Hasta entrado el siglo XX la que imperaba era la estrategia de la acción pues, hasta entonces, lo que motivaba más a los decisores políticos, era la esperanza del triunfo. Las guerras tenían, relativamente hablando y en términos generales, poco costo para el vencedor en comparación con las ventajas obtenidas o esperadas de ellas.

La era nuclear cambió esa percepción y la disuasión pasó a estar en el centro de la escena. El arma nuclear potenció el efecto disuasorio, en especial cuando la Ex Unión Soviética (URSS) y Estados Unidos (EE.UU.) entraron en una desmesurada carrera armamentística.  A partir de allí se analizaron distintos escenarios posibles sobre el uso de armas nucleares en un eventual conflicto bélico; todos llegaron a la misma conclusión: el arma nuclear más efectiva es aquella que no estalla nunca. EE.UU. y la URSS entendieron que la utilización de este tipo de armamento acarrearía una destrucción mutua asegurada o MAD (loco en inglés).

A partir de entonces hubo una mayor estudio y teorización sobre la disuasión, la que fue definida como un efecto que se logra cuando se convence al adversario, a través de la amenaza, a que haga algo que yo quiero, o que se abstenga de oponerse a lo que yo quiero hacer. Para que la disuasión funcione tiene que haber una amenaza; ésta tiene que ser creíble y tiene que haber una clara e inequívoca comunicación de la intención de causar un daño. Durante toda la guerra fría la disuasión nuclear funcionó. Sin embargo, tras la caída del Muro de Berlín y el colapso soviético la hegemonía estadounidense parecía que había desdibujado la efectividad de la disuasión nuclear. Del mismo modo, la irrupción de otros actores al margen de los estados terminó por reforzar esa imagen de poco útiles. ¿De qué sirven las armas nucleares frente a un grupo terrorista? Ya Mao había dicho que eran una suerte de tigre de papel.

Ahora bien, que no sean efectivas frente a determinadas amenazas no quiere decir que hayan perdido total efectividad. Por alguna razón no la han utilizado ninguno de los poseedores de estas armas en sus conflictos internacionales, pero en cambio sí han sido instrumentos de amenaza o extorsión ¿O acaso no es lo que hace el líder norcoreano Kim Jong-un?

El conflicto en Ucrania ha vuelto a redimensionar los interrogantes en torno al papel de las armas nucleares y la disuasión. ¿Las utilizará Rusia? ¿Las empleará la OTAN? ¿Qué podría suceder en un escenario de empleo de armas nucleares en un conflicto bélico? ¿Sería la destrucción total?

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Hasta la fecha, lo que sucede en Ucrania no es sino el resultado de la disuasión nuclear. Es decir, Putin amenaza pero no se ha atrevido a utilizar estas armas, disuadido por una eventual represalia. EE.UU. impulsa sanciones económicas y ayuda militar, pero de ninguna manera está dispuesto a intervenir militarmente en combate y mucho menos a amenazar con una guerra nuclear. China ha tratado de morigerar a Putin y ha tendido puentes para la negociación entre las partes. Evidentemente, el efecto disuasorio de las armas nucleares sigue siendo efectivo.

Teóricamente este efecto tendría que aminorar en la medida en que los decisores políticos piensan más en las probabilidades de éxito que en la de las pérdidas: si aquellas son altas y éstas ínfimas, es probable que haya una mayor predisposición a utilizar las armas nucleares. Sin embargo, existe lo que se denomina el “poder igualador del átomo” por el cual, aun cuando haya diferencia en la cantidad de armas nucleares de un adversario sobre el otro, la potencia de estas armas las ha igualado cualitativamente. No es necesario tener miles de ojivas nucleares, con una sola que explote basta para borrar del mapa a media humanidad. ¿Tiene esto que dejarnos tranquilos y suponer que la disuasión funcionará con una suerte de piloto automático? Por supuesto que no. En escenarios de crisis, la eventualidad o plausibilidad de realizar el primer ataque nuclear es tentador, así como la especulación en una utilización racional o limitada de estas armas. El problema es que, una vez suelta la bestia, es difícil volver a atarla. Los líderes políticos se auto perciben como responsables y racionales, pero no son sino seres humanos, con todo lo que ello implica, entre otras cosas, con una mayor o menor cuota de irracionalidad latente.

Por Víctor Toledo – Lic. en Relaciones Internacionales — 04/02/22

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Análisis

Ucrania, la línea de fractura

Nadie puede negar que Vladimir Putin ejerce el poder de manera autoritaria. A su vez, resulta evidente que los principios de la democracia occidental no forman parte del ADN del sistema político ruso y que Rusia ha manifestado, desde sus orígenes históricos, una tentación imperial. Estos tres ejes sustanciales no son, empero, suficientes para explicar la situación actual en una región que supone una frontera endeble entre occidente y Rusia. 

¿Por qué Ucrania? 

Hay muchas razones que explican el accionar ruso: económicas, de política interna, de proyección geopolítica, etcétera, que ya han sido analizadas profusamente. Sin embargo, hay razones profundas y arraigadas que hacen de Ucrania un caso particular y sometido a una inestabilidad persistente desde el derrumbe soviético.

El imperio ruso nació en Kiev, actual capital de Ucrania, y durante mucho tiempo ha mantenido su independencia política. Sin embargo, desde 1654, cuando Bohdan Khmelnytsky juró lealtad al Zar a cambio de ayuda contra el dominio Polaco, estuvo bajo la égida de Moscú.
Internamente, es un país dividido pues la región occidental ha formado parte de Polonia, Lituania y Austria-Hungría, mientras que la región oriental ha mantenido estrechos lazos con Rusia. No se trata solamente de una cuestión de mapas y fronteras, sino de un impacto importante sobre la población. Los ucranianos occidentales hablan ucraniano y se han mantenido firmes en sus posiciones nacionalistas; en cambio la población oriental en gran parte habla ruso y no han sido tradicionalmente anti rusas. En materia religiosa la división también es marcada y en este punto es necesario resaltar el carácter descentralizado del Cristianismo Ortodoxo en donde las iglesias son nacionales, lo que implica en cierta medida y según los casos, una ligazón más férrea con los poderes políticos. En el caso de Ucrania, los orientales tienen vínculos con la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero en la región occidental la mayoría pertenece a la denominada Iglesia Uniata, que practica el rito bizantino, pero que reconoce la autoridad del Papa.

Todos estos datos no son solo curiosidades demográficas, sino que han influido decisivamente en la dinámica de los acontecimientos desde el desmembramiento de la Unión Soviética. En las elecciones presidenciales de Ucrania lo habitual ha sido que se enfrenten líderes pro rusos y pro occidentales; el triunfo de unos u otros marca las tensiones con una u otra potencia. Las elecciones presidenciales de 1994 han sido una clara demostración, cuando el líder nacionalista Kravchuck venció en las 13 provincias de Ucrania occidental con amplia mayoría y el líder pro ruso Kuchma hizo lo propio en las 13 provincias de Ucrania Oriental. El último presidente ucraniano filo ruso fue Vìktor Yanukóvich, quien gobernó entre 2010 y 2014. Desde esa fecha, se han acelerado los conflictos internos, desde los intentos secesionistas de Donetsk y Lugansk pasando por la crisis y posterior anexión o recuperación, según el cristal con el que se mire, de Crimea por parte de Rusia.

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La coyuntura pasa, pero la historia queda. En Ucrania la historia marca la existencia de un país dividido en donde los conflictos han estado presentes o latentes de una manera casi permanente. En su célebre “Choque de Civilizaciones”, Samuel Huntington señalaba que la línea de fractura entre la civilización occidental y la ortodoxa pasaba por Ucrania y que el futuro de la región dependía de las relaciones entre estas dos naciones eslavas. El autor suponía como hipótesis más probable una Ucrania unida pero escinda y cercana a Rusia por conveniencia más que por convicción. No descartaba, aunque como una hipótesis menos probable, la división de Ucrania en dos entidades y la anexión de la oriental con Rusia. Claro, en los años 90, cuando Huntington escribió su obra, China no era una potencia mundial y Putin no estaba al frente del Kremlin

Por Lic. Victor Toledo — 27/02/22

Fuente: www.eltribuno.info

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