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Crisis política en Ecuador: las decisiones del presidente

Lenín Volatire Moreno Garcés – licenciado en Administración Pública – es el actual presidente de Ecuador, en ejercicio de sus funciones desde el 24 de mayo de 2017. 

Su actividad política y reconocimiento en sus funciones inicia en el año 2006 de la mano del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al ser presentado como el acompañante de la fórmula presidencial por el partido político “Alianza Patria Altiva i Soberana” (PAIS) cuyo principal objetivo en ese momento consistió en liderar «un proceso constituyente de refundación del Estado guiado por las divisas de la Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI».

Se destaca el rol como vicepresidente de Moreno ejercido en ese período, principalmente en la problemática relacionada con la discapacidad de las personas – en 1998 sufrió un asalto que lo llevó a perder la movilidad de sus piernas -. Su accionar se volcó hacia la inclusión social y económica de las personas con discapacidad, lográndose aprobar en 2012 la “Ley Orgánica de Discapacidades”.

Asimismo, cabe resaltar que en el año 2013 – en virtud de sus labores sociales – fue nombrado por el entonces secretario general de las Naciones Unidas – Ban Ki Moon – como Enviado Especial del Secretario General de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad, en Ginebra.

Ahora bien, su programa de gobierno para acceder a la presidencia de Ecuador para el período 2017 – 2021 redundó en tres principios rectores: Lenín Moreno gobernaría “con valores”, “para todos” los ecuatorianos y “con responsabilidad”. Asimismo, «el contenido programático aparecía delimitado por “cinco ejes” de actuación, a saber: Un país que te cuida; Un país para las nuevas generaciones; Un país que te inspira; Un país que te impulsa; y Un país grato».

El porqué de la crisis 

En marzo de 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por la suma de 4.200 millones de dólares. Éste acuerdo es considerado la causa de las protestas desatadas en el país, ya que para el desembolso de la cuantiosa suma, el requisito indispensable consiste en reformas en la política económica.

El plan de austeridad anunciado por el presidente Lenín Moreno para cumplir con las obligaciones con el FMI, incluye, entre otras, las siguientes medidas:

  • Una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año;
  • Un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, una reducción de las vacaciones a la mitad, y, además, los empleados estatales deberán aportar al gobierno con un día de su salario al mes;
  • Eliminación de los subsidios a los combustibles (vigentes desde hace 4 décadas).

Ésta última medida fue la que desató el mayor descontento ya que, inmediatamente el precio de la misma se disparó. Lo que se conoce como galón de gasolina extra (la más utilizada) pasó de costar US$1,85 a US$2,30 y, el galón de diésel pasó de US$1,08 a US$2,27. El efecto que produjo este aumento se tradujo en el incremento del precio del transporte y, como consecuencia inmediata al precio de los alimentos.

Esto generó que representantes del sector del transporte se manifestaran en las calles, junto con los sindicatos, indígenas y el sector estudiantil. Como consecuencia de la virulencia desatada, el gobierno de Lenin Moreno, decretó el estado de excepción por 60 días, lo cual, entre otros aspectos, le permite delimitar zonas de seguridad, el despliegue de las FF.AA. y la Policía Nacional y, la censura de los medios de comunicación en caso de considerarlo necesario.

Uno de los principales actores del conflicto es la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), quienes buscaron a través de sus manifestaciones frenar las medidas decretadas por el presidente Moreno. Cabe destacar que en Ecuador viven alrededor de 1,4 millones de indígenas y que, este grupo ha sido considerado como un actor de decisiva influencia en la arena política ecuatoriana.

El viernes 11, el presidente Moreno, lanzó un llamamiento al diálogo con la dirigencia indígena con el objetivo de frenar la violencia de las manifestaciones, que alcanzaron un punto álgido el día martes 8 con el intento por parte de integrantes de éste grupo de la toma del Congreso.

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Sin embargo, el llamamiento al diálogo no obtuvo una respuesta favorable por parte del CONAIE. Sus integrantes, a través de un comunicado oficial, establecieron que se darán al diálogo una vez que el presidente derogue el decreto 883.

Por otro lado, a nivel internacional, numerosos dirigentes políticos han expresado su apoyo al presidente ecuatoriano – en contraposición a lo actuado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el presidente del régimen venezolano Nicolás Maduro – a quienes Lenín Moreno les ha agradecido su apoyo a la democracia y la condena a cualquier injerencia con ánimos de desestabilizar a su gobierno. 

Por María Agustina Martinez

Fuentes: https://www.bbc.comhttps://www.cidob.orghttps://elpais.com

Imagen destacada: www.diariodigital.com

Imagen en nota: www.france.com

 

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Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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