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Crisis en Paraguay: acuerdo energético secreto con Brasil

El acuerdo secreto firmado entre Paraguay y Brasil por la central hidroeléctrica de Itaipú, una de las más potentes del mundo, ha golpeado fuertemente al Gobierno de Paraguay presidido por Mario Abdo Benítez.

Todo comenzó el pasado miércoles, con la sorpresiva renuncia del presidente de la empresa estatal de electricidad, ANDE, Pedro Ferreira, quien se negó a firmar un acuerdo con Brasil sobre Itaipú, que para él, no le convenía a Paraguay. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, intentó explicar en una rueda de prensa los beneficios del nuevo acuerdo pero terminó presentando su dimisión.  A través de Twitter, señalaba, que por ética y responsabilidad, había puesto su renuncia en manos del Presidente. Además, destacaba que se habían tergiversado diversas informaciones y ponía el énfasis en destacar los beneficios del acuerdo.

Reclamo histórico

Paraguay y Brasil comparten la hidroeléctrica sobre el río Paraná, que produce energía vital para la industria de Brasil y es imprescindible para el suministro de Paraguay, ya que produce el 90% de la electricidad que se consume allí. Este escándalo se da en un momento clave, cuando ambos países se preparan para negociar el futuro de la central en vistas al vencimiento del Anexo C en 2023.

El tratado fundacional, firmado en 1973, se considera injusto en Paraguay porque implicó pérdidas de territorio y la inundación de comunidades de pueblos indígenas y la mayor parte de energía producida en la planta (alrededor del 90%) va a Brasil. El anexo C del Tratado indica que Paraguay está obligado a vender su excedente de energía a Brasil a cambio de una compensación fija, que hoy en día asciende a US$350 millones al año.

Brasil actuó como garante para los préstamos iniciales para construirla, pero “quien adquirió los préstamos fue la Entidad Binacional Itaipú”, dichos préstamos son pagados ” con la venta de su energía y la venta de energía es propiedad, 50% de Brasil y 50% de Paraguay”.

El acuerdo secreto

El controversial acuerdo, firmado el pasado 24 de mayo (sin consulta al Congreso ni divulgación pública), elevaría los gastos de energía hasta los US$200 millones por año. Se hizo público la semana pasada por exigencia del Senado paraguayo, tras la renuncia del titular de la ANDE.

Cuando Itaipú produce más energía de la acordada por ambos países en su tratado original, la misma se revende a los dos estados. El nuevo acuerdo, establece que Paraguay pasaría a recibir menos cantidad de esa energía excedente (de un 50% a un 13%). Además, indica que Paraguay mantendría el mismo uso de energía, por lo que no podría usar más para nuevas industrias y transporte eléctrico e impedirá la contratación y venta de la energía excedente a terceros, manteniendo la cesión de la mayor parte a Brasil.

Acta Bilateral anulada

Los gobiernos de la Paraguay y Brasil dejaron sin efecto el jueves 1 de agosto, el Acta Binacional firmada el 24 de mayo, que estipulaba los nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica de Itaipú y establece que las tratativas vuelven a instancia técnica.

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Cabe resaltar los positivos vínculos existentes entre ambos países y la excelente relación personal entre los presidentes Benítez y  Bolsonaro. Coinciden en la falta de acuerdo sobre el cronograma de potencia a ser contratada de la Itaipú y destacaron la importancia de encontrar una solución para el problema en el corto plazo.

Oposición pide juicio político

Desde el estallido de la crisis, el Partido Liberal trató de promover un juicio parlamentario para destituir al presidente Abdo Benítez y a su vicepresidente, Hugo Velázquez.  Sin embargo, tras diversas reuniones y al conocerse la anulación del acuerdo, se confirmó el jueves que no hay suficientes votos para un impeachment. Senadores del partido oficialista, miembros del Consejo de Gobernadores del Paraguay y un gran porcentaje de la población expresaron su apoyo y destacaron la voluntad de investigar el proceso de negociación.

Mensaje del Presidente de Paraguay

Desde el Palacio de Gobierno, el pasado jueves, el Presidente Benítez, destacó la importancia de la renegociación del Anexo C y aseguró que redobla el compromiso en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado:

“Yo dije el 1 de julio ante el Congreso de la Nación que la renegociación del Anexo C de la ITAIPU Binacional iba ser una causa nacional y es una causa nacional, e instruí para que conformemos una gran comisión asesora que participe en todo, que el proceso sea transparente, que cada partido político, gremio, academia, pueda ser parte de este gran debate nacional para que sea transparente y todos contribuyamos en la mejor estrategia para defender los intereses de nuestro país y así lo vamos a hacer”

Esta es sin dudas la mayor crisis que ha enfrentado Mario Benítez en su primer año de gestión, trajo diversas renuncias de su gabinete y el planteo de la realización de un juicio político, además de críticas de la sociedad paraguaya e internacional. Sin embargo, el presidente se mantiene confiado y remarcó  que esta es una oportunidad para unir al Paraguay, a través del diálogo nacional.

Por Sabrina Montalbetti

Fuentes: www.bbc.com – www.presidencia.gov.py – www.elpais.com

Imagen destacada www.clarin.com.ar

Imagen en nota: www.elpais.com

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Nicaragua: Daniel Ortega continúa consolidando su política autoritaria

Recientemente, la Asamblea Legislativa de Nicaragua, aprobó un documento en el cual se acusa a los sacerdotes de intentar realizar un golpe de estado y, de haberse expresado con “odio y saña” contra quienes apoyan la dictadura de Daniel Ortega.

Dichas acusaciones se retrotraen a las manifestaciones del año 2018, en donde la postura de numerosos religiosos ha sido a favor de las mismas, siendo un ejemplo de ello la protección que brindaron a los manifestantes otorgándoles los templos, frente a la represión del régimen.

De ese modo, la Iglesia nicaragüense se ha mostrado crítica con el accionar del gobierno, en torno a la constante violación de los DD.HH. en el país centroamericano.

En dicho documento, los miembros de la Asamblea se comprometieron a revisar el Código Penal para incluir en las penas a los religiosos que han participado de las manifestaciones en 2018 como también, por infundir lo que han calificado como “sermones de odio” entre los nicaragüenses.

En dicho documento, los legisladores no han tenido en cuenta a las víctimas en manos del régimen, sólo a las victimas simpatizantes de éste.

De acuerdo al documento, «las víctimas pidieron que las penas sean más severas y piden justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista».

Por otro lado, los miembros de la Asamblea prohibieron 50 organizaciones de la sociedad civil, ya que, de acuerdo a los legisladores, éstas no han dado a conocer al gobierno acerca de cómo utilizaron los fondos provenientes del exterior.

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Frente a dicha situación, la directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente –una de las ONG’s ilegalizadas– María Teresa Blandón, explicó que su organización no se registró como “agente extranjero”, ya que la legislación que regula a esos “agentes”, contraviene la Constitución Política de la República, la cual establece la libertad de asociación.

El régimen de Daniel Ortega ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018

Recordamos, que el régimen Ortega–Murillo, mantiene a más de 170 presos políticos, 67 de ellos detenidos ilegalmente a fines del año 2021 de cara a las elecciones celebradas en noviembre de ese año. Un proceso electoral que ha sido desconocido por numerosos países, como por organizaciones de carácter nacional e internacional.

Por Agustina Martínez —- 08/05/22

Fuentes: www.confidencial.com.ni:

Imagen destacada: Jorge Torres – EFE

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Joe Biden anuncia nuevo plan de ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos propuso esta última semana al Congreso, la aprobación de un paquete de 33.000 millones de dólares para armar a Ucrania “sin interrupción” y ayudar a sus ciudadanos y su Gobierno a enfrentar la invasión rusa. 

La nueva ayuda implica:

  1. Proporcionar armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania hasta el fin de la guerra. La nueva inyección económica es más del doble de la aprobada el mes pasado con el mismo destino por importe de 13.600 millones.
  2. Los 33.000 millones deben permitir dar un fuerte impulso a la contraofensiva del ejército ucraniano y cubrir sus necesidad por unos cinco meses.
  3. El presupuesto se compone de más de 20.000 millones en asistencia militar a Ucrania y, en menor medida, para refuerzo de las defensas de los países vecinos; más de 8.500 millones para mantener el funcionamiento del gobierno del presidente Volodímir Zelenski y unos 3.000 millones más para alimentos y programas humanitarios destinados a los civiles, incluidos los más de cinco millones de refugiados que han huido de la guerra.

“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión sería más costoso”, dijo Biden al anunciar la propuesta presupuestaria. “Es fundamental que esta financiación se apruebe lo antes posible. No hay tiempo que perder. Tenemos que actuar ya”, sentenció.

También se anunció una posible medida, que generará gran polémica: pedir al Congreso, que le otorgue a la Administración Biden, las facultades necesarias para convertir en ayuda a Ucrania los bienes requisados a los oligarcas rusos próximos a Putin, incluidos sus yates, mansiones y depósitos bancarios en Estados Unidos.

En los próximos días se conocerá el cumplimiento o no de estas requisitorias.

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Por Observador Urbano — 01/04/22

Fuente: www.lavanguardia.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.prensalatina.com

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El Periodismo en América Latina: crecen los ataques a la prensa libre

La última reunión de medio año de carácter virtual celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 19 al 21 de abril determinó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en el continente americano. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa.

Nicaragua junto a Cuba y Venezuela, es en donde los periodistas y medios de comunicación son víctimas frecuentes de persecución y represión por parte de los gobiernos totalitarios de Daniel Ortega, Miguel Díaz–Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Particularmente en Nicaragua, la prensa independiente es víctima de persecución sistemática, opresión y censura generalizada, siendo ejemplo de ello, el asedio policial, citatorios al Ministerio Público, sumado a las acusaciones de la Fiscalía y las detenciones de carácter arbitrario alegando la supuesta comisión de actos que menoscaban la integridad.

Uno de los hechos que más ha preocupado a la SIP fue el allanamiento al diario La Prensa en agosto del año 2021, en donde se produjo la detención de periodistas y directivos de medios.

Para dicha situación, la SIP ha propuesto un plan de acción que implica “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la situación de la prensa en Argentina, presenta algunos reveses producto del discurso del gobierno oficialista que postula la idea de la connivencia entre medios de comunicación y jueces.

Asimismo, los periodistas argentinos se ven afectados por situaciones de acoso judicial, como por un alto nivel de estigmatización por parte del gobierno nacional.

Otro de los graves hechos que ha sufrido la prensa argentina, fueron los incendios en noviembre de 2021, contra la sede del diario Clarín y, un mes después el ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew.

Por parte del gobierno nacional, se han registrado situaciones controvertidas como ser el intento por parte de organismos de carácter estatal de establecer criterios a las coberturas periodísticas, como efectivamente ocurrió con las producciones por los 40 años de la guerra de las Malvinas. Asimismo, el intento de regular las redes sociales, tuvo que ser reevaluado como consecuencia de las reacciones en contra por parte de la opinión pública.

Cabe recordar, uno de los hechos que marcaron al ámbito periodístico argentino, y que fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

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Finalmente, la SIP, ha manifestado su preocupación por las estigmatizaciones de carácter presidencial hacia los medios de comunicación, especialmente en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Por otra parte, la SIP ha registrado un aumento en las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

A pesar de todo ello, la SIP ha destacado los aspectos positivos en el camino a alcanzar el ejercicio de la prensa libre en las Américas:

En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa.

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital

Uno de los objetivos principales de la SIP es garantizar la sostenibilidad de la prensa, para lo cual se requiere de la justa compensación por parte de las grandes plataformas digitales, por el uso que las mismas hacen de los contenidos generados por los medios de prensa.

Por María Agustina Martinez — 23/04/21

Fuentes: www.sipiapa.org

Imagen destacada: www.confidencial.com.ni

Imagen en nota: www.pexels.com

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