Observador Urbano

Colombia: La presidencia de Iván Duque

En agosto del año 2018, asumió como presidente de Colombia el abogado Iván Duque Márquez, de 41 años de edad.

Su inicio en la vida política colombiana se remonta hacia finales de la década del ’90, en donde se desempeñó como consultor en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y luego como asesor en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. Años más tarde, ejerció como Senador de la República durante el periodo 2014 – 2018. Asimismo, se desempeñó como asesor internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde se dedicó a promover la defensa de la democracia y la promoción de Colombia en el exterior.

El partido político al que pertenece es Centro Democrático, el cual tuvo su origen como un Partido de centro del espectro político, incluyente, participativo, con respeto por la diversidad de ideas y matices ideológicos e inspirado en la libertad como fuente del desarrollo espiritual y en el ejercicio de su acción individual.

Retos que el nuevo gobierno debe afrontar:

  • Crimen organizado y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)

Es necesario recordar que durante el año 2016 el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo de paz cuyo objetivo fue poner fin al conflicto que azotó al país por más de 50 años. Sin embargo, hubo una parte del grupo guerrillero que optó por continuar con la lucha armada, a los cuales se los conoce como “disidentes”. La propuesta del gobierno del presidente Duque para hacer frente a éstos grupos disidentes tiene como eje dos planes: el plan Diamante y el plan de Choque, el que las hace la paga.

“Estos planes tienen más de forma que de fondo, pues agrupan un conjunto de acciones dispersas de la Fuerza Pública y fortalecen operaciones que se venían desplegando desde el gobierno anterior. Las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra las disidencias han aumentado un 64% (comparando el periodo de agosto a octubre de 2018 con el mismo trimestre del año anterior)”.

Imagen: Agencia EFE
  • Lucha contra el ELN (Ejército de Liberación Nacional)

Al inicio de su gobierno, el presidente estableció ciertos requisitos para mantener el diálogo con este grupo: concentración previa, suspensión de todas las actividades criminales, un tiempo definido de negociación y reducción de penas, sin embargo, al momento de asumir, dejó de lado la última condición y le sumó la liberación de todos los secuestrados.

De momento, la continuación del diálogo se encuentra estancado ya que el ELN continúa incurriendo en la práctica del secuestro, frente a lo cual el presidente emitió la resolución 237 de 2018, con lo cual, este proceso queda a la espera de condiciones propicias para su retorno.

  • Agresiones a líderes sociales

La propuesta para dar fin a las agresiones y homicidios a líderes sociales quedó sentada con la firma del Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos. De este modo, el gobierno expresó su compromiso en:

  • El diseño participativo de una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.
  • Acelerar el programa de medidas colectivas de seguridad, así como el programa de protección integral para lideres.
  • Garantizar el funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad.
  • La reincorporación de los excombatientes de las FARC.

Actualmente, 11.139 excombatientes de las FARC se encuentran ubicados en tres lugares donde se lleva a cabo su proceso de reincorporación: los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), los Grupos Territoriales y las Áreas de Reincorporación Grupal. Asimismo, el 8 de marzo la ONU anunció la inversión de cerca de tres millones de dólares, dedicados a fortalecer iniciativas económicas y sociales con un enfoque territorial, de género y étnico.

  • Política de drogas

El presidente expresó que la estrategia para hacer frente al crecimiento de los cultivos ilícitos debe hacerse de la mano con las comunidades, poniendo en marcha proyectos productivos y garantizando el acceso a bienes públicos. De este modo, el gobierno se comprometió a:

“Continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con las 87 mil familias vinculadas. Hasta ahora, el 61% de ellas ha recibido al menos el primer pago”.

Uno de los debates que se presenta hoy en el gobierno colombiano es la reanudación o no del método de aspersión aérea de glifosato, suspendido en 2015 por los efectos adversos que genera en la salud de las personas. El día 7 de marzo, la Corte Constitucional reabrió el debate sobre el uso del glifosato.

“Las fumigaciones con este herbicida están suspendidas desde el 2015, cuando, por primera vez, el tribunal aseguró que ese químico podía ser cancerígeno. Y en 2017, al resolver una tutela presentada por comunidades indígenas del Chocó, la misma Corte puso varios requisitos para volver a fumigar desde el aire con glifosato los cultivos de hoja de coca”.

La realidad política y social de Colombia atraviesa por momentos delicados y de definición respecto de los principales problemas que afectan a la sociedad toda. Se espera que el actual gobierno pueda afrontar los mismos y cumplir los objetivos referidos a la disminución de hectáreas dedicadas al cultivo de sustancias ilícitas como también, lograr acuerdos con los principales grupos armados que aun dominan gran parte de la realidad colombiana.

Por Agustina Martínez

Fuentes:

Imagen destacada: AFP