Observador Urbano

Chile: un recorrido por la aún incesante crisis en el país trasandino

Las protestas que iniciaron en Chile el pasado 17 de octubre han puesto de manifiesto las deudas que tiene el Estado para con la población toda. Desde ya, no es una cuestión que se le atribuye solamente al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya que la actual “agenda social” lleva décadas sin que los sucesivos gobiernos le otorguen un espacio de debate y tratamiento con el objeto de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Luego de dos meses de iniciadas las protestas numerosos acontecimientos políticos tuvieron lugar, entre los que se destaca la acusación constitucional contra el presidente chileno, impulsada por parte de un grupo de 10 diputados opositores, el 19 de noviembre «por las graves violaciones de los Derechos Humanos a manos de agentes del Estado que se han producido durante las protestas».

Para que una acusación como la presentada prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos terceras partes en el Senado:

“Se trata de un procedimiento que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado”.

Sin embargo, tal acusación no prosperó. El abogado del presidente – Juan Domingo Acosta – sostuvo lo siguiente:

“En la acusación presentada por un sector de la oposición no se imputan actos, como debieran haberse imputado para que una acusación pueda ser admisible, sólo omisiones. Dos, no se imputan actos personales, sino de otros. Y, en lo referente a haber tolerado, no son acciones que se imputen ni actos de administración. Esta acusación no es admisible, no cumple con los requisitos de la Constitución de la República”.

Así, la moción de cuestión previa planteada por la parte acusada fue aprobada por los legisladores, y, por lo tanto, se inhabilitó la acusación.

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Otro de los temas trascendentales es el referente al proyecto de plebiscito para una nueva Constitución, el cual fue tratado el pasado lunes 16 por la Comisión Técnica destinada al efecto e integrada por los partidos políticos que firmaron el acuerdo para cambiar la Constitución y, que finalmente aprobaron la reforma legislativa para la convocatoria a un plebiscito en abril del año 2020:

“La actual Constitución, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), no precisa cuál es el mecanismo para escribir un texto que la reemplace ni especifica quién elaboraría el nuevo cuerpo, por lo que era necesario realizar una reforma constitucional.
El plebiscito de abril consultará a los ciudadanos si aprueban o rechazan que se escriba una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería hacerlo, si una convención mixta de parlamentarios en ejercicio y miembros elegidos para ese fin o una asamblea formada solo por integrantes electos para eso”.

Vinculado a lo anterior, se destaca la participación de la población chilena (más de 2,1 millones) el 15 de diciembre pasado, en la Consulta Ciudadana – no vinculante – organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) la cual tuvo como objetivo conocer no sólo si los chilenos desean una nueva Carta Magna sino, conocer acerca de las demandas sociales y las necesidades específicas de cada región.

De este modo, los primeros meses del año 2020 estarán cargados de grandes expectativas respecto a una posible mejora de la situación por la que atraviesa la ciudadanía chilena toda.

Por María Agustina Martinez

Fuentes:  https://www.telam.com.ar/https://www.cesla.com/ 

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Imagen en nota: www.reuters.com