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Chile: la instalación de la Convención Constituyente

Recordamos que en el mes de mayo se celebraron en Chile las elecciones para elegir la Convención Constituyente, cuya misión es redactar una nueva Constitución para dar de esa forma, respuesta a la demanda de la ciudadanía expresada en el Plebiscito Nacional de octubre del año pasado.

La primera reunión de los 155 integrantes de la Convención Constituyente tuvo lugar el domingo pasado, en donde la primera decisión que tomaron fue la designación de las personas que presidirán el órgano, eligiendo como presidente a la Doctora en Literatura, Elisa Loncón de 58 años de edad, quien a su vez es una reconocida profesora, lingüista y activista mapuche y, como vicepresidente al abogado Jaime Bassa.

“Loncón logró 96 votos, con el apoyo de los indígenas, los socialistas y el Frente Amplio de izquierda, a los que se le sumaron luego en la segunda vuelta a los convencionales del Partido Comunista y de la Lista del Pueblo, de independientes antisistema capitalista”.

El acuerdo al que llegaron los partidos políticos fue que la presidencia del presente organismo constituyente sea rotativa, restando definir la duración del mandato.

Asimismo, la activista ocupa uno de los 17 escaños asegurados para los pueblos indígenas en el organismo, 7 de los cuales corresponden al pueblo mapuche, 2 al aimara y, 1 representante de cada uno de los restantes, a saber: Kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Los principales temas que se tratarán en la Convención Constituyente refieren, por un lado, al rol del Estado, que de acuerdo a la politóloga Pamela Figueroa (en una entrevista brindada a la BBC Mundo), señaló que «uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, que es subsidiario. Toda la agenda política apunta a un Estado que tenga un rol más social».

En ese sentido, lo esencial será determinar cuáles son los derechos que el Estado deberá garantizar y de qué manera.

Por otro lado, la cuestión del régimen de gobierno es uno de los temas centrales en la agenda a tratar por los convencionales, ya que, en palabras de la politóloga Pamela Figueroa, «una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencial, que es bicameral, pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles».

Así, entre las propuestas de cambio en torno a ello, figuran los sistemas de semipresidencialismo o un parlamentarismo. De acuerdo a Figueroa, «debe plantearse un diseño integral, con incentivos y herramientas que incentiven la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso».

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Luego, la cuestión del reconocimiento de los pueblos originarios constituye un asunto que de a poco y, como ha quedado plasmado en la incorporación de 17 representantes de los 10 pueblos originarios chilenos en la Convención, se va incorporando a la agenda política. En ese sentido, las principales demandas de estos pueblos y, a las que se deberá brindar una respuesta, son aquellas vinculadas a la aceptación de su autonomía y derechos.

Finalmente, el tema del medioambiente y derechos del agua, planteará un intenso debate, teniendo en cuenta la matriz productiva de Chile como también, el sistema actual bajo el que se encuentra el tratamiento de los derechos del agua.

Siguiendo el cronograma del proceso constituyente, los convencionales tendrán un plazo de 9 meses para presentar el nuevo texto constitucional, pudiendo extenderse el mismo por 3 meses adicionales, por única vez. Y, aproximadamente 60 días después se llevará a cabo el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución:

“En este plebiscito, el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales para las personas habilitadas para votar y que no lo hagan. El voto tendrá el siguiente texto: ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.

Así, en caso de aprobarse el mismo, el Presidente de la República deberá convocar al Congreso Pleno para que se promulgue, y se jure respetar y acatar la nueva Constitución. Dicho texto será publicado en el diario oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación, entrando en vigencia en esa misma fecha.

Caso contrario, si en el plebiscito de salida gana el rechazo a la nueva Constitución, permanece la Constitución de 1980 y sus reformas –sin perjuicio de las reformas que pueda introducir el Congreso Nacional, como ha sucedido hasta la fecha–.

Por María Agustina Martinez —- 10/07/21

Fuentes: www.gob.cl – www.bbc.com

Imagen destacada: www.afp.com

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Sociedad

Túnez: protestas y crisis política

Túnez, ubicado al norte de África es conocido por ser el único país que, luego de las revueltas de la Primavera Árabe, logró consolidar una democracia.

En ese sentido, indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país, se ubica en torno al 0,8 siendo de los más altos del mundo árabe y, ubicándose cerca de estándares de países europeos.

Recordamos que Túnez se constituye como República a partir del año 1957, siendo su primer presidente Habib Burguiba quien gobernó desde ese año hasta 1984. Seguidamente, le sucedió el presidente Ben Ali, quien terminaría huyendo del país como consecuencia de la Primavera Árabe en 2011 en donde su régimen encontraría su fin, y donde finalmente se producirían elecciones libres y la posterior modificación de la Carta Magna en 2014.

Luego le sucedieron el presidente Mebazaa, Marzovki, Essebsi y, finalmente quien gobierna desde octubre de 2019 el presidente Kais Saied.

Saied un jurista sin experiencia en la política y sin ninguna fuerza política de base para su candidatura, logró llegar a la presidencia gracias a su proyección como un hombre de rectitud moral y en contra de la corrupción.

Crítico del marco legal y la clase política surgidos de la revolución democrática en 2011, sus propuestas como candidato tenían como eje una revisión de la Constitución como también, una completa reorganización política-administrativa de la pirámide del poder.

Esto último consistía en transferir poder político desde los consejos locales a las regiones, las cuales dispondrían de unos consejos que serían responsables de aprobar los proyectos de desarrollo elaborados por los entes municipales, todo ello con el fin de asegurar su verdadera utilidad pública y evitar que respondieran a intereses corporativos locales.

Contextualizada brevemente la situación del país, llegamos a las últimas noticias referidas al inicio de las manifestaciones, en donde los ciudadanos tunecinos expresaron su descontento para con la débil gestión de la pandemia por parte del gobierno –recordamos que las funciones del presidente de acuerdo a la Constitución tunecina se limitan a la diplomacia y seguridad– con lo cual la destitución del Primer Ministro Mechichi, como la disolución del Parlamento fue determinada por el presidente amparándose en las exigencias de los manifestantes y, recibida por éstos últimos con celebraciones.

Por su parte, los partidos políticos parte del Gobierno de Coalición –como el Parlamento se han mostrado indignados, catalogando las decisiones de Saied como un “golpe de Estado”.

El presidente, cuenta, además con el apoyo de otros partidos políticos, con el apoyo de los jóvenes tunecinos, con lo cual le puede ser suficiente para mantener las decisiones previas sin modificación alguna.

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Sin embargo, los cuestionamientos que se plantean refieren a las consecuencias sobre la vida democrática alcanzada por este país con tanto esfuerzo, y en un contexto signado por la crisis económica, en un país en donde las consecuencias del Covid-19 han sido de las más graves.

El día jueves, Saied designó como Ministro del Interior a Ridha Gharsallaoui –ex consejero de Seguridad Nacional–, designación que tiene como fin asegurar la continuidad del Estado.

Entre las posibles soluciones luego de haber designado al nuevo Ministro, figuran la pronta celebración de elecciones anticipadas, en donde el partido islamista Ennhada que constituye la principal fuerza gobernante en Túnez, se ha mostrado a favor de éstas.

Por otro lado, la solución sería formar un gobierno como resultado de un acuerdo entre el presidente y los partidos políticos, reabrir el Parlamento y realizar elecciones.

Resta esperar por próximas determinaciones, que se esperan sean a favor de las instituciones tunecinas.

Por María Agustina Martinez —- 01/07/21

Fuentes: www.cidob.org – www.elconfidencial.com – www.dw.com

Imagen destacada: @TnPresidency

Imagen en nota: www.rtve.es

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Un mes después, Pedro Castillo es proclamado ganador de las elecciones presidenciales peruanas

Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio y después de semanas de impugnaciones y de batalla legal, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador este lunes al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo.

Castillo logró imponerse a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país. El anuncio llega a pocos días de su toma de posesión y de que el nuevo presidente de Perú para el período 2021-2026 asuma sus funciones el 28 de julio.

Si bien el ajustado conteo de votos llegó al 100% el martes 15 de junio, hace más de un mes, las autoridades electorales peruanas no habían podido aún proclamar un ganador.

Quedaban por resolver los pedidos de nulidad de actas de votación presentados sobre todo por Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

De acuerdo con el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de las 86.488 actas electorales, Castillo obtuvo el 50.125% de los votos, mientras que Fujimori logró el 49.875%.

La candidatura de Castillo obtuvo el apoyo de las zonas rurales y del interior del país, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori tuvo mayor respaldo de la capital, Lima, y el norte, así como del voto exterior.

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El ahora presidente electo tuvo que salir a aclarar, luego de la segunda vuelta, que su equipo no ha considerado “estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios ni prohibición de importaciones”.

Por Observador Urbano —- 20/07/21

Fuente: www.bbc.com/mundo

Imagen destacada: www.perfil.com

Imagen en nota: www.grupolaprovincia.com

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Sociedad

Las principales razones de las protestas en Cuba

El pasado domingo, Cuba vivió una de las protestas más grandes contra el régimen –hoy bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel–después de casi 30 años de producida la protesta denominada “Maleconazo” en 1994.

“El domingo 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en al menos 40 municipios y ciudades del país para protestar pacíficamente a fin de exigir el ejercicio de libertades civiles y cambios en la estructura política del país, además de protestar ante la falta del acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Las manifestaciones también clamaban por la liberación de las personas activistas, periodistas y artistas que habrían sido detenidas por expresar su opinión en contra del gobierno cubano”.

Las protestas se dan en un marco en donde la población de la isla atraviesa por escasez de alimentos, medicinas y divisas para poder hacer frente a la compra de tales insumos. Cuestiones que no son nuevas, pero se ven agravadas por la pandemia por Covid-19.

La crítica situación en los hospitales como el incremento de las muertes producto del coronavirus, han sido denunciados públicamente a través de las redes sociales, alcanzando notoriedad a través del uso de los hashtags #SOSCuba y #SOSMatanzas con el objetivo de pedir ayuda internacional e intervención humanitaria.

Al inicio de la pandemia Cuba pudo sortear la primera ola en virtud del cierre de sus fronteras a la par que la implementación de duras restricciones. Incluso, el país pudo enviar a su brigada médica cubana hacia varios países para ayudar en el tratamiento de la pandemia.

Sin embargo, el aislarse del resto del mundo al cerrar sus fronteras, devino en el quiebre de la industria del turismo, que constituye la principal fuente de ingreso de dinero extranjero a la economía estatal de la isla.

Asimismo, otra de las graves consecuencias fue la afectación en la performance de uno de los principales productos de exportación como lo es el azúcar, que durante el mes de mayo tuvo su peor cosecha en más de un siglo, debido a que los productores no pudieron hacer frente a la compra de fertilizantes y maquinaria necesaria.

La respuesta por parte del régimen a las protestas ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que parte de las manifestaciones habrían sido reprimidas de forma violenta por la policía en diferentes localidades, en donde al menos 151 personas habrían sido detenidas o se encontrarían en paradero desconocido.

Por otro lado, la CIDH ha considerado inadmisibles y temerarias las declaraciones oficiales que califican como enemigas a las personas manifestantes, declaraciones realizadas por el presidente del régimen Díaz-Canel ya que «estigmatizan la protesta, generan un clima de permisividad a la violencia, pueden alentar el enfrentamiento entre la ciudadanía, y son incompatibles con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta».

También, la CIDH y la RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) recibieron reportes vinculados a interrupciones en el servicio de internet en el marco de las protestas, que incluirían «bloqueos a aplicaciones móviles de mensajería instantánea y a plataformas de redes sociales, cortes intermitentes al servicio de internet móvil, y un descenso del tráfico de internet desde y hacia Cuba de acuerdo con el informe de Internet Outage detection and Analysis».

“Internet constituye una herramienta fundamental para la plena realización y el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

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Frente a dicha situación, quien ha expresado su consideración para restablecer el acceso completo al mismo, ha sido el presidente estadounidense Joe Biden.

Por otro lado, Biden se ha referido a la situación por la que atraviesa el pueblo cubano al expresar que:

“El comunismo es un sistema que ha fallado universalmente y no creo que el socialismo sea un sustituto. Cuba lamentablemente es un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Hay muchas cosas que consideraríamos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero se requerirían circunstancias o garantías diferentes de que no se va a beneficiar al gobierno (cubano). Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas a Cuba, yo no lo haría ahora porque la realidad es que es muy probable que el régimen confisque esas remesas o una buena parte de las mismas.

Respecto al problema del Covid, tienen un problema en Cuba, yo estoy preparado para aportar una cantidad considerable de vacunas si a través de organizaciones internacionales tenemos la garantía de que van a administrar las vacunas para que lleguen a los ciudadanos comunes”.

De ello, se desprende una continuidad respecto las medidas adoptadas por su predecesor Donald Trump y, una continuidad con el embargo económico que Estados Unidos aplica desde el año 1960 con el objetivo de lograr un cambio por parte del régimen, quedando relegado de ese modo, los esfuerzos de acercamiento propiciados por la administración de Obama, de la cual Biden fue su vicepresidente.

Al respecto, existen profundos debates sobre la afectación de dicho embargo en la economía cubana, entre otras dimensiones.

Por su parte, la Asamblea General (AG) de la ONU en junio de este año, ha reiterado a través de la resolución A/75/L.95, la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, sumándose así, a las 28 resoluciones que se han adoptado desde el año 1992 cuando la AG empezó a votar anualmente sobre la cuestión, siendo la excepción el año 2020 producto de la pandemia.

Por María Agustina Martínez —– 18/07/21

Fuentes: www.gzermedia.com – www.bbc.com – www.oas.org – www.undocs.org

Imagen destacada: www.gzermodeia.com

Imagen en nota: www.elpais.com

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