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Sociedad

Amnistía Internacional y la situación de los DD.HH. en Nicaragua

El informe publicado por Amnistía Internacional el 15 de febrero de este 2021 titulado “Silencio a cualquier costo” Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, da cuenta de la crítica situación por la que atraviesa la sociedad nicaragüense en torno a los Derechos Humanos.

Primeramente, recordamos que la presente se define como un movimiento global de activistas que se dedica a promover los DD.HH. consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en otros tratados y normas de carácter internacional.

Asimismo, el presente movimiento se declara independiente de toda ideología política, interés económico y religión.

En lo que al informe sobre la situación de los DD.HH. en Nicaragua respecta, Amnistía Internacional ha declarado que el gobierno del presidente Daniel Ortega –en el poder desde el año 2007 y, con un primer período como presidente durante los años 1985/1990–, ha endurecido las medidas de carácter represivo, profundizando así la crisis desatada en el año 2018 en donde protestas masivas tuvieron lugar –cuya respuesta por parte del gobierno fue la represión–, como consecuencia de una serie de reformas que proponía el gobierno en torno al sistema de seguridad social nicaragüense.

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Asimismo, en diciembre de 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes “GIEI” nicaragüense, que había sido creado bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aras de avanzar en la investigación de los hechos represivos durante y luego de las manifestaciones del mes de abril, determinó que:

“Los hechos analizados deben calificarse como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal”.

Asimismo, el informe da cuenta de la negativa del gobierno de Ortega, de permitir en 2019 el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos que investiguen y den cuenta de los hechos ocurridos, situación que se mantuvo durante el año 2020.

Otro de los temas dados a conocer por parte de organizaciones de carácter local, es aquel referido al uso que el poder político hace del Poder Judicial, en el proceso de encarcelamiento de los activistas, en procesos que son de acuerdo a Amnistía, arbitrarios.

“Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor”.

Otra de las formas de hostigamiento, es aquella que desde 2018, de acuerdo a Amnistía, han recibido aproximadamente 10 organizaciones de DD.HH., quienes han visto cancelados sus registros legales y sufrido la confiscación de sus bienes.

Sumado a ello, una de las últimas decisiones de carácter legislativo que tuvieron lugar hacia fines del 2020, en una la Asamblea Nacional integrada en su mayoría por el partido oficialista (Frente Sandinista de Liberación Nacional), fue la que dio luz verde, por un lado, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en donde de acuerdo a Amnistía, el fin de la misma sería fiscalizar el financiamiento que las organizaciones de DD.HH. reciben, situación que pondría en riesgo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión pacífica y asociación y, por último, el derecho a defender los DD.HH.

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Por otro lado, fue aprobada la Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo fin de acuerdo al oficialismo, es evitar la extensión de noticias falsas, situación que nuevamente pone en alerta a los activistas.

Defensores de los DD.HH. temen que la situación de violación a los derechos humanos, se vean recrudecidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este 2021.

Finalmente, en torno a las medidas para la prevención contra el Covid-19, el gobierno no presenta con claridad un plan de vacunación y respuesta nacional.

Sin embargo, las vacunas sí llegarán al país centroamericano, por un lado, a través del mecanismo COVAX –auspiciado por la OMS–, aproximadamente 504.000 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca y, también dosis de vacunas que llegarían en unos meses provenientes del Centro ruso Gamaleya “Sputnik V” y, la Covishield de origen indio.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano –un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario, integrado por voluntarios, profesionales de la medicina, comunicación, investigación, ingeniería, informática y estudiantes, creado en aras de suplir el vacío en torno a la información sobre la situación de Covid-19 en el país–, ha reportado en su informe semanal de fecha 4/2 al 10/2, que a la fecha la cifra de casos asciende a 12.890 casos sospechosos verificados de Covid-19 y, 2961 muertes por neumonía o sospechosas de Covid-19.

Por su parte, desde el gobierno de Ortega, las cifras disienten y, a la fecha solo reportan 6347 casos confirmados y, 171 muertes, cifras confirmadas por el Ministerio de Salud.

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Por María Agustina Martínez                                                                                     21/02/21

Fuentes: www.amnestoy.org – www.gienicaragua.org – www.observatoironi.org – www.france24.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.amnesty.org (1) – www.amwww.observatorioni.org (2)

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Sociedad

Twitter prohibirá difundir imágenes de personas, sin su autorización

Los usuarios de la red social tendrán prohibido compartir cualquier tipo de imagen en la que aparezca otra persona si no cuentan con el permiso explícito de la misma. La empresa sostiene que tuitear esas imágenes puede violar la privacidad de la persona que salga en ella y provocarle algún daño.

Se trata de otra medida, en torno a cuidar la privacidad de los que utilizan esta red social. Una de las características principales de twitter, es la difusión de noticias. Esta nota específica, implica el uso constante de imágenes, lo cual debe ser tratado con respeto por la privacidad de aquellos que son nombrados o citados por la vía de la imagen.

El equipo de seguridad de la empresa, indica que, las imágenes, pueden tener un efecto indeseable en mujeres, activistas, disidentes políticos y miembros de comunidades minoritarias.

Cuando esta política este vigente, Twitter borrará aquella publicación que incluya una imagen utilizada sin permiso. Para ello, el afectado deberá antes notificar a Twitter que su imagen ha sido utilizada sin su autorización.

Además de borrar el tuit en cuestión, Twitter anuncia que también podría tomar medidas contra la cuenta infractora. Estas medidas podrían suponer la pérdida de visibilidad de sus tuits y respuestas e incluso, en casos extremos, la suspensión permanente del perfil infractor.

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También se han anunciado excepciones, como es el caso de que una imagen pertenezca a personajes públicos. Además se tendrá en cuenta cuando esas imágenes puedan ser compartidas por interés público o por su carácter noticioso. Para tomar una decisión en estos casos, Twitter tendrá en cuenta si esas imágenes ya están circulando por otros medios masivos de comunicación.

Por Observador Urbano — 02/11/21

Fuente: www.trecebits.com

Imágenes destacada y en nota: www.pixabay.com

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Sociedad

Colombia: a 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz

Los días 23 y 24 de noviembre tuvo lugar en Colombia la celebración del quinto aniversario de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, acuerdo culminado por el gobierno de entonces, a cargo del expresidente Juan Manuel Santos e integrantes de las FARC-EP.

La visita del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres ha sido de gran importancia ya que a partir de ésta pudo presentar un balance de los logros alcanzados con el proceso de paz, como también de los asuntos pendientes por resolver.

En su visita al Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, Guterres expresó que los «logros son innegables y Colombia debe estar orgullosa de ello».

Por otro lado, se refirió a los problemas actuales que ponen en riesgo a los objetivos planteados en el marco del Acuerdo de Paz, y que refieren a la violencia en las regiones afectadas por el conflicto, en donde las comunidades étnicas y las mujeres y niñas son las más afectadas. Del mismo modo, las amenazas y asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos; el desplazamiento y confinamiento; la violencia contra las mujeres y la violencia sexual; el reclutamiento de niños, situaciones que irrumpen la consecución de una paz duradera.

Un hecho que podría prolongar este tipo de sucesos, es la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de retirar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de su lista de grupos terroristas extranjeros.

El fin de la designación como grupo terrorista es algo más que una declaración de intenciones, tiene efectos prácticos como que permite al Gobierno estadounidense financiar programas en los que los antiguos guerrilleros participan.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 300 excombatientes y 477 defensores de los derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados

El Secretario General recomendó cumplir con todas las disposiciones del Acuerdo vinculadas principalmente a la seguridad y a aquellas referidas a la reforma rural y al narcotráfico, en aras de sentar un paz estable y duradera.

En ese sentido, el Acuerdo para la Reforma Rural Integral, tiene como eje la transformación estructural del campo, con el objeto de poner fin a las brechas entre el campo y la ciudad, creando a la par condiciones de bienestar para la población rural.

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Por su parte, en materia de seguridad se incluye en el Punto 3 del Acuerdo, el acuerdo sobre Garantías de seguridad y Lucha contra las Organizaciones Criminales, que incluye medidas destinadas a la consecución de un Pacto Político Nacional; una Comisión de Garantías de Seguridad, el Sistema Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y Medidas de Prevención y Lucha Contra la Corrupción.

Finalmente, respecto al narcotráfico, el Punto 4 del Acuerdo, incluye el acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, que se hace extensivo tanto a la búsqueda de soluciones para los cultivos de uso ilícito como para la producción y comercialización de drogas ilícitas. Al respecto, las partes tienen el compromiso de actuar con un enfoque general de los derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

Concluyendo su visita a Colombia, el Secretario General asistió a una feria en donde pudo observar parte de los cambios que se sucedieron a partir de la firma del Acuerdo de Paz, en donde tanto las víctimas como excombatientes, pudieron abandonar su trabajo del cultivo ilícito y emprender en el cultivo del Sacha Inchi, por citar un ejemplo.

Gran parte de esos logros han sido posible gracias a la ayuda y apoyo de numerosas agencias de las Naciones Unidas.

 Por María Agustina Martínez — 27/11/21

Fuentes: www.news.un.org – www.cancilleria.gov.co

Imagen destacada: www.news.un.org

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Sociedad

Elecciones en Venezuela: abstención del voto y crisis en la oposición

El domingo 21 de noviembre, se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales de Venezuela, las cuales sorprendieron por la escasa participación, con tan solo el 40% del registro electoral, quedó confirmado una vez más en el poder el gobierno de Nicolás Maduro.

Según informó el Consejo Nacional Electoral, de las 23 gobernaciones que se disputaban, el oficialismo (Partido Socialista Unido de Venezuela) se impuso en 20, quedando solo 3 para la oposición. Así también, de las 334 alcaldías en juego, el oficialismo ganó en 204, la oposición en 59 y los movimientos independientes (la mayoría antichavistas) en 71 municipios.

A pesar de ganar las elecciones, se mantiene el rechazo general de la población, sobre todo por la crisis económica con hiperinflación, la caída de la producción petrolera, el elevado grado de corrupción institucional, la persecución a la oposición y la creciente desigualdad social. Además, dentro de su misma fuerza, existe una importante división, a causa de la reciente apertura económica, la que consideran como una entrega al modelo capitalista. Ante esto, la campaña del PSUV, se enfocó en reducir la tasa de homicidios y solventar la escasez con una dolarización de facto. El presidente, Nicolás Maduro, tras la victoria exclamó:

“Llamo a todos los representantes de las organizaciones políticas a respetar los resultados y tiendo mi mano al diálogo político y a la reunificación nacional. (…) Hemos ganado 21 entidades, incluyendo Caracas, buena victoria”.

También aprovechó la oportunidad para referirse a las sanciones por cargos de corrupción y violación de derechos humanos impuestas por Estados Unidos a funcionarios de su gobierno.

Si bien hubo muchas denuncias de irregularidades, en favor del oficialismo, los rectores del CNE aseguraron que hubo un avance respecto de comicios anteriores en términos del equilibrio, la trasparencia y el respeto del voto libre y seguro.

Después de 15 años, la UE envió una Misión de Observación y la jefa de la misma, Isabel Santos, destacó:

“mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores” en el país, pero “persisten deficiencias estructurales”.

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Entre los avances de estas elecciones, mencionan:

  • Una administración electoral más equilibrada, con representación de los partidos de la oposición.
  • Los partidos de la oposición pudieron presentarse con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, anteriormente suspendida.

Entre los puntos negativos:

  • El PSUV, estableció puntos rojos para controlar a los votantes en las 24 entidades estatales a pesar de la prohibición expresa del CNE.
  • El alevoso uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación entre todos los partidos.

La abstención de casi el 60% de la población, dejó en evidencia la desconfianza en el sistema electoral. Luego de 4 años de boicots en los comicios anteriores, estas elecciones contaron con la participación de la mayoría de las fuerzas opositoras. Sin embargo, a pesar de representar a un 80% de la población fueron los grandes perdedores. Entre los motivos de este fracaso electoral, se encuentran el anuncio tardío en la participación, la división interna y la ausencia del voto de los casi 4 millones de venezolanos que viven en el exterior, que conforman una fuerza opositora. Además, no cuentan con una representación fuerte que una a la población, ni nuevos líderes que se sumen a los ya conocidos Leopoldo López y Juan Guaidó.

Las elecciones dejaron muchas contradicciones, se confirmó la continuidad del chavismo en el poder, aún con una abrumadora mayoría en la oposición.  Se puede ver con claridad, la ausencia de renovación en los liderazgos del antichavismo, el poco interés en ocupar los cargos políticos, la falta de credibilidad en el sistema político, etc. Quedan muchas cosas por hacer, lo primordial es lograr una unificación en las fuerzas opositoras y motivar a la población para que participe en las próximas elecciones, ya que representan la única vía posible de regreso a la democracia.

Por Sabrina Montalbetti — 27/11/21

Fuentes: www.bbc.com/mundo – www.elpais.com

Imagen destacada: www.bbc.com/mundo

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