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Sociedad

Amnistía Internacional y la situación de los DD.HH. en Nicaragua

El informe publicado por Amnistía Internacional el 15 de febrero de este 2021 titulado “Silencio a cualquier costo” Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, da cuenta de la crítica situación por la que atraviesa la sociedad nicaragüense en torno a los Derechos Humanos.

Primeramente, recordamos que la presente se define como un movimiento global de activistas que se dedica a promover los DD.HH. consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en otros tratados y normas de carácter internacional.

Asimismo, el presente movimiento se declara independiente de toda ideología política, interés económico y religión.

En lo que al informe sobre la situación de los DD.HH. en Nicaragua respecta, Amnistía Internacional ha declarado que el gobierno del presidente Daniel Ortega –en el poder desde el año 2007 y, con un primer período como presidente durante los años 1985/1990–, ha endurecido las medidas de carácter represivo, profundizando así la crisis desatada en el año 2018 en donde protestas masivas tuvieron lugar –cuya respuesta por parte del gobierno fue la represión–, como consecuencia de una serie de reformas que proponía el gobierno en torno al sistema de seguridad social nicaragüense.

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Asimismo, en diciembre de 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes “GIEI” nicaragüense, que había sido creado bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aras de avanzar en la investigación de los hechos represivos durante y luego de las manifestaciones del mes de abril, determinó que:

“Los hechos analizados deben calificarse como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal”.

Asimismo, el informe da cuenta de la negativa del gobierno de Ortega, de permitir en 2019 el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos que investiguen y den cuenta de los hechos ocurridos, situación que se mantuvo durante el año 2020.

Otro de los temas dados a conocer por parte de organizaciones de carácter local, es aquel referido al uso que el poder político hace del Poder Judicial, en el proceso de encarcelamiento de los activistas, en procesos que son de acuerdo a Amnistía, arbitrarios.

“Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor”.

Otra de las formas de hostigamiento, es aquella que desde 2018, de acuerdo a Amnistía, han recibido aproximadamente 10 organizaciones de DD.HH., quienes han visto cancelados sus registros legales y sufrido la confiscación de sus bienes.

Sumado a ello, una de las últimas decisiones de carácter legislativo que tuvieron lugar hacia fines del 2020, en una la Asamblea Nacional integrada en su mayoría por el partido oficialista (Frente Sandinista de Liberación Nacional), fue la que dio luz verde, por un lado, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en donde de acuerdo a Amnistía, el fin de la misma sería fiscalizar el financiamiento que las organizaciones de DD.HH. reciben, situación que pondría en riesgo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión pacífica y asociación y, por último, el derecho a defender los DD.HH.

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Por otro lado, fue aprobada la Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo fin de acuerdo al oficialismo, es evitar la extensión de noticias falsas, situación que nuevamente pone en alerta a los activistas.

Defensores de los DD.HH. temen que la situación de violación a los derechos humanos, se vean recrudecidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este 2021.

Finalmente, en torno a las medidas para la prevención contra el Covid-19, el gobierno no presenta con claridad un plan de vacunación y respuesta nacional.

Sin embargo, las vacunas sí llegarán al país centroamericano, por un lado, a través del mecanismo COVAX –auspiciado por la OMS–, aproximadamente 504.000 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca y, también dosis de vacunas que llegarían en unos meses provenientes del Centro ruso Gamaleya “Sputnik V” y, la Covishield de origen indio.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano –un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario, integrado por voluntarios, profesionales de la medicina, comunicación, investigación, ingeniería, informática y estudiantes, creado en aras de suplir el vacío en torno a la información sobre la situación de Covid-19 en el país–, ha reportado en su informe semanal de fecha 4/2 al 10/2, que a la fecha la cifra de casos asciende a 12.890 casos sospechosos verificados de Covid-19 y, 2961 muertes por neumonía o sospechosas de Covid-19.

Por su parte, desde el gobierno de Ortega, las cifras disienten y, a la fecha solo reportan 6347 casos confirmados y, 171 muertes, cifras confirmadas por el Ministerio de Salud.

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Por María Agustina Martínez                                                                                     21/02/21

Fuentes: www.amnestoy.org – www.gienicaragua.org – www.observatoironi.org – www.france24.com

Imagen destacada: www.dw.com

Imagen en nota: www.amnesty.org (1) – www.amwww.observatorioni.org (2)

Sociedad

Túnez: protestas y crisis política

Túnez, ubicado al norte de África es conocido por ser el único país que, luego de las revueltas de la Primavera Árabe, logró consolidar una democracia.

En ese sentido, indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país, se ubica en torno al 0,8 siendo de los más altos del mundo árabe y, ubicándose cerca de estándares de países europeos.

Recordamos que Túnez se constituye como República a partir del año 1957, siendo su primer presidente Habib Burguiba quien gobernó desde ese año hasta 1984. Seguidamente, le sucedió el presidente Ben Ali, quien terminaría huyendo del país como consecuencia de la Primavera Árabe en 2011 en donde su régimen encontraría su fin, y donde finalmente se producirían elecciones libres y la posterior modificación de la Carta Magna en 2014.

Luego le sucedieron el presidente Mebazaa, Marzovki, Essebsi y, finalmente quien gobierna desde octubre de 2019 el presidente Kais Saied.

Saied un jurista sin experiencia en la política y sin ninguna fuerza política de base para su candidatura, logró llegar a la presidencia gracias a su proyección como un hombre de rectitud moral y en contra de la corrupción.

Crítico del marco legal y la clase política surgidos de la revolución democrática en 2011, sus propuestas como candidato tenían como eje una revisión de la Constitución como también, una completa reorganización política-administrativa de la pirámide del poder.

Esto último consistía en transferir poder político desde los consejos locales a las regiones, las cuales dispondrían de unos consejos que serían responsables de aprobar los proyectos de desarrollo elaborados por los entes municipales, todo ello con el fin de asegurar su verdadera utilidad pública y evitar que respondieran a intereses corporativos locales.

Contextualizada brevemente la situación del país, llegamos a las últimas noticias referidas al inicio de las manifestaciones, en donde los ciudadanos tunecinos expresaron su descontento para con la débil gestión de la pandemia por parte del gobierno –recordamos que las funciones del presidente de acuerdo a la Constitución tunecina se limitan a la diplomacia y seguridad– con lo cual la destitución del Primer Ministro Mechichi, como la disolución del Parlamento fue determinada por el presidente amparándose en las exigencias de los manifestantes y, recibida por éstos últimos con celebraciones.

Por su parte, los partidos políticos parte del Gobierno de Coalición –como el Parlamento se han mostrado indignados, catalogando las decisiones de Saied como un “golpe de Estado”.

El presidente, cuenta, además con el apoyo de otros partidos políticos, con el apoyo de los jóvenes tunecinos, con lo cual le puede ser suficiente para mantener las decisiones previas sin modificación alguna.

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Sin embargo, los cuestionamientos que se plantean refieren a las consecuencias sobre la vida democrática alcanzada por este país con tanto esfuerzo, y en un contexto signado por la crisis económica, en un país en donde las consecuencias del Covid-19 han sido de las más graves.

El día jueves, Saied designó como Ministro del Interior a Ridha Gharsallaoui –ex consejero de Seguridad Nacional–, designación que tiene como fin asegurar la continuidad del Estado.

Entre las posibles soluciones luego de haber designado al nuevo Ministro, figuran la pronta celebración de elecciones anticipadas, en donde el partido islamista Ennhada que constituye la principal fuerza gobernante en Túnez, se ha mostrado a favor de éstas.

Por otro lado, la solución sería formar un gobierno como resultado de un acuerdo entre el presidente y los partidos políticos, reabrir el Parlamento y realizar elecciones.

Resta esperar por próximas determinaciones, que se esperan sean a favor de las instituciones tunecinas.

Por María Agustina Martinez —- 01/07/21

Fuentes: www.cidob.org – www.elconfidencial.com – www.dw.com

Imagen destacada: @TnPresidency

Imagen en nota: www.rtve.es

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Sociedad

Un mes después, Pedro Castillo es proclamado ganador de las elecciones presidenciales peruanas

Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el 6 de junio y después de semanas de impugnaciones y de batalla legal, el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador este lunes al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo.

Castillo logró imponerse a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país. El anuncio llega a pocos días de su toma de posesión y de que el nuevo presidente de Perú para el período 2021-2026 asuma sus funciones el 28 de julio.

Si bien el ajustado conteo de votos llegó al 100% el martes 15 de junio, hace más de un mes, las autoridades electorales peruanas no habían podido aún proclamar un ganador.

Quedaban por resolver los pedidos de nulidad de actas de votación presentados sobre todo por Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

De acuerdo con el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de las 86.488 actas electorales, Castillo obtuvo el 50.125% de los votos, mientras que Fujimori logró el 49.875%.

La candidatura de Castillo obtuvo el apoyo de las zonas rurales y del interior del país, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori tuvo mayor respaldo de la capital, Lima, y el norte, así como del voto exterior.

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El ahora presidente electo tuvo que salir a aclarar, luego de la segunda vuelta, que su equipo no ha considerado “estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios ni prohibición de importaciones”.

Por Observador Urbano —- 20/07/21

Fuente: www.bbc.com/mundo

Imagen destacada: www.perfil.com

Imagen en nota: www.grupolaprovincia.com

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Sociedad

Las principales razones de las protestas en Cuba

El pasado domingo, Cuba vivió una de las protestas más grandes contra el régimen –hoy bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel–después de casi 30 años de producida la protesta denominada “Maleconazo” en 1994.

“El domingo 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en al menos 40 municipios y ciudades del país para protestar pacíficamente a fin de exigir el ejercicio de libertades civiles y cambios en la estructura política del país, además de protestar ante la falta del acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Las manifestaciones también clamaban por la liberación de las personas activistas, periodistas y artistas que habrían sido detenidas por expresar su opinión en contra del gobierno cubano”.

Las protestas se dan en un marco en donde la población de la isla atraviesa por escasez de alimentos, medicinas y divisas para poder hacer frente a la compra de tales insumos. Cuestiones que no son nuevas, pero se ven agravadas por la pandemia por Covid-19.

La crítica situación en los hospitales como el incremento de las muertes producto del coronavirus, han sido denunciados públicamente a través de las redes sociales, alcanzando notoriedad a través del uso de los hashtags #SOSCuba y #SOSMatanzas con el objetivo de pedir ayuda internacional e intervención humanitaria.

Al inicio de la pandemia Cuba pudo sortear la primera ola en virtud del cierre de sus fronteras a la par que la implementación de duras restricciones. Incluso, el país pudo enviar a su brigada médica cubana hacia varios países para ayudar en el tratamiento de la pandemia.

Sin embargo, el aislarse del resto del mundo al cerrar sus fronteras, devino en el quiebre de la industria del turismo, que constituye la principal fuente de ingreso de dinero extranjero a la economía estatal de la isla.

Asimismo, otra de las graves consecuencias fue la afectación en la performance de uno de los principales productos de exportación como lo es el azúcar, que durante el mes de mayo tuvo su peor cosecha en más de un siglo, debido a que los productores no pudieron hacer frente a la compra de fertilizantes y maquinaria necesaria.

La respuesta por parte del régimen a las protestas ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que parte de las manifestaciones habrían sido reprimidas de forma violenta por la policía en diferentes localidades, en donde al menos 151 personas habrían sido detenidas o se encontrarían en paradero desconocido.

Por otro lado, la CIDH ha considerado inadmisibles y temerarias las declaraciones oficiales que califican como enemigas a las personas manifestantes, declaraciones realizadas por el presidente del régimen Díaz-Canel ya que «estigmatizan la protesta, generan un clima de permisividad a la violencia, pueden alentar el enfrentamiento entre la ciudadanía, y son incompatibles con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta».

También, la CIDH y la RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) recibieron reportes vinculados a interrupciones en el servicio de internet en el marco de las protestas, que incluirían «bloqueos a aplicaciones móviles de mensajería instantánea y a plataformas de redes sociales, cortes intermitentes al servicio de internet móvil, y un descenso del tráfico de internet desde y hacia Cuba de acuerdo con el informe de Internet Outage detection and Analysis».

“Internet constituye una herramienta fundamental para la plena realización y el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

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Frente a dicha situación, quien ha expresado su consideración para restablecer el acceso completo al mismo, ha sido el presidente estadounidense Joe Biden.

Por otro lado, Biden se ha referido a la situación por la que atraviesa el pueblo cubano al expresar que:

“El comunismo es un sistema que ha fallado universalmente y no creo que el socialismo sea un sustituto. Cuba lamentablemente es un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Hay muchas cosas que consideraríamos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero se requerirían circunstancias o garantías diferentes de que no se va a beneficiar al gobierno (cubano). Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas a Cuba, yo no lo haría ahora porque la realidad es que es muy probable que el régimen confisque esas remesas o una buena parte de las mismas.

Respecto al problema del Covid, tienen un problema en Cuba, yo estoy preparado para aportar una cantidad considerable de vacunas si a través de organizaciones internacionales tenemos la garantía de que van a administrar las vacunas para que lleguen a los ciudadanos comunes”.

De ello, se desprende una continuidad respecto las medidas adoptadas por su predecesor Donald Trump y, una continuidad con el embargo económico que Estados Unidos aplica desde el año 1960 con el objetivo de lograr un cambio por parte del régimen, quedando relegado de ese modo, los esfuerzos de acercamiento propiciados por la administración de Obama, de la cual Biden fue su vicepresidente.

Al respecto, existen profundos debates sobre la afectación de dicho embargo en la economía cubana, entre otras dimensiones.

Por su parte, la Asamblea General (AG) de la ONU en junio de este año, ha reiterado a través de la resolución A/75/L.95, la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, sumándose así, a las 28 resoluciones que se han adoptado desde el año 1992 cuando la AG empezó a votar anualmente sobre la cuestión, siendo la excepción el año 2020 producto de la pandemia.

Por María Agustina Martínez —– 18/07/21

Fuentes: www.gzermedia.com – www.bbc.com – www.oas.org – www.undocs.org

Imagen destacada: www.gzermodeia.com

Imagen en nota: www.elpais.com

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