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Opinión

¨Pensar más allá de la Pandemia”, por Bilán Bizberg

Publicada en el diario El País, de España, el catedrático mexicano ofrece una reflexión pensando el futuro, en al menos dos sentidos. Por un lado, asumir que vamos a salir de esta situación, pero que al mismo tiempo, tenemos que cuestionarnos sobre cómo lo vamos a hacer. Y por otro, cuán válido es, proponer ciertos modelos políticos, China, por ejemplo, como paradigmas a desarrollar por otro países. Esto último, justificado por su “éxito” en el combate contra la pandemia.

Se abren preguntas sobre nuestra democracia, sobre sus fallas, pero también sobre sus virtudes. De todas formas, lo improcedente, son los juicios taxativos y concluyentes. Pero debemos ir pensando, es esa la propuesta.

“La crisis sanitaria por la que está pasando actualmente la humanidad no debe impedirnos pensar cómo vamos y cómo queremos salir de ella. Es indudable que, a pesar de los muy graves costos que la pandemia va a exigir de todos nosotros, la humanidad sobrevivirá. Pero, ¿cómo? ¿Qué estamos listos a pagar y sacrificar para lograr salir de ella? E igualmente importante, ¿cómo reaccionar frente a la crisis ambiental que conlleva retos aún más serios para la supervivencia de la humanidad?

Desde antes del estallido de la actual pandemia se estaban presentando a la sociedad global dos modelos contrastantes. Por un lado el autoritario, ejemplificado por China (aunque no solo por ella), que estaba desarrollando de manera acelerada su economía, sacando de la pobreza a 600 millones de sus habitantes, ampliando de manera espectacular su infraestructura y logrando que la nueva clase media emergente tuviera acceso a las comodidades del mundo desarrollado. Todo esto en apenas 30 años. Incluso se veía que, ante la contaminación que generaba el crecimiento, el Gobierno se encaminaba hacia la transición ecológica más rápidamente que el resto del mundo, como lo atestigua el hecho que este país se ha convertido en el productor mundial de paneles solares. Los dirigentes de este modelo alegan que la democracia y las libertades individuales pondrían en peligro la capacidad estatal de continuar con este impresionante proceso. Y la mayoría de la población acepta esta premisa: la democracia y las libertades individuales pueden esperar, lo más importante era que un país que, hasta hace poco tiempo era pobre, se estaba enriqueciendo a una velocidad sorprendente. Los valores que están en la base de las sociedades democráticas se podían retrasar a cambio del desarrollo económico. Unos que no estuvieron de acuerdo fueron los jóvenes de Tiananmén en los años 80, y los de la región administrativa especial de Hong Kong en la actualidad. Estos últimos al ver cómo las libertades de las que gozaron mientras fueron colonia inglesa y que aún tienen mientras esté vigente el modelo “un país, dos sistemas”, están siendo gradualmente erosionadas por el Gobierno comunista central.

Frente a este modelo, se ponía como contraste a los países democráticos, en especial a Europa, donde coincide un sistema político abierto y plural, un extenso Estado de bienestar y amplias libertades individuales. En estos países, el tiempo político parece ser demasiado lento, al grado de estar a la zaga de las necesidades imperiosas: su capacidad de reacción ante las crisis económicas y las demandas sociales, así como los desafíos de la emergencia ecológica, son tardías. Incluso la misma democracia que las caracteriza parece estar en crisis con el auge de los populismos de derecha. Hay que recordar que la lentitud es consustancial a la democracia, régimen basado en el diálogo, el debate, y los acuerdos. Por otra parte, en los países democráticos, la población valora su libertad individual y, por ello, es muy celosa de preservar su capacidad de crítica ante cualquier ordenamiento estatal.

Pues bien, la actual crisis sanitaria está dando argumentos a los que defienden la primacía del primer modelo –como en el artículo de Byung-Chul Han publicado hace unos días en EL PAÍS– al tiempo que el modelo democrático implementa restricciones que hubieran sido inimaginables anteriormente. En pocas palabras, Han plantea que lo que los países democráticos y sus poblaciones consideran como una intromisión a su privacidad es lo que ha permitido a los países asiáticos salir de la crisis sanitaria con menos costos humanos, sociales y económicos. Países como China lo han logrado con los mecanismos de control de la población tales como la capacidad de presión del Estado sobre los individuos, el reconocimiento facial, el acceso a los celulares y a otros medios de comunicación privada, que han sido tan criticados por los defensores de la democracia. Esto ha permitido hacer pruebas a millones de personas, medir la temperatura de los individuos, y obligarlos a aislarse si tienen síntomas, vigilando su más mínimo desplazamiento y el de sus familiares. En suma, los mecanismos de control autoritario sobre la población han sido sumamente eficaces en este momento de crisis para frenar la expansión del virus. Aunque hay que recordar algo que no dicen los promotores de este modelo: que este mismo régimen escondió por más de un mes la existencia de esta nueva enfermedad.

En balance, según el mismo artículo, los sistemas democráticos son menos eficaces y, por ello, están destinados a pasar a la historia frente a sistemas que no solo ejercen un control autoritario sobre la política, sino sobre la misma población, sobre cada uno de sus ciudadanos. De hecho, los países democráticos están implementando medidas que hace unos meses eran impensables. Decretos que no pasan por el congreso y que obligan a los ciudadanos a quedarse en sus casas, que les exigen un salvoconducto para ir a la farmacia, a la tienda de la esquina, a salir a hacer ejercicio, o si se alejan más de 100 metros de su lugar de residencia. Y no solo eso. En algunos casos, la policía – o incluso el Ejército– puede considerar la estancia en la calle injustificable e imponer multas o, incluso en algunos países, penas de cárcel.

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Si bien es cierto que, en este momento, parece que la situación obliga a aceptar estas medidas y a considerar que los países autoritarios están mejor dotados para luchar contra la pandemia, es importante ver más allá. Los países autoritarios fácilmente utilizarán estos mecanismos impuestos en un momento de crisis para fortalecer y perpetuar su control; pero, ¿qué ha pasado con el auge de manifestaciones que habíamos visto a fines del año pasado en todo el mundo, entre ellas la de los jóvenes de Hong Kong? Por su parte, los países democráticos pueden no desarmar todos los mecanismos autoritarios que se implementan de manera temporal con la excusa de que sirven para cualquier otra crisis, como de hecho se hizo contra la lucha con el terrorismo.

Aquí vienen al caso los escritos de Michel Foucault, así como los de Giorgio Agamben, quienes han llamado la atención sobre la tendencia de los Estados contemporáneos de administrar la población. Foucault analizó cómo las formas modernas de control ya no son ejercidas por un mando centralizado (por un rey o el mismo Estado, como pensaba Maquiavelo), sino que el poder se ha difuminado. A partir de la invención de la policía, de la economía capitalista, de la administración estatal y de la estadística, se administra la población por mecanismos dirigidos a cada uno de nosotros, definiendo lo que es normal y anormal, regulando lo que se permite hacer y cuáles son nuestras obligaciones. Los Estados modernos tienen mecanismos cada vez más sofisticados para lograr esto. Agamben, por su parte, considera que el miedo se ha convertido en otra manera de control de la población, que se fortaleció con la guerra en contra del terrorismo y que amenaza de salir reforzada con la guerra en contra de la(s) pandemia(s).

Por otra parte, este autor ha llamado la atención acerca del hecho de que nuestra existencia no se puede resumir a la “vida desnuda”, como este llama a la supervivencia. Que la vida de los seres humanos, a diferencia de lo que hacen lo virus que colonizan nuestras células, no es simplemente sobrevivir, sino vivir con un objetivo que cada individuo define, que nuestras vidas no se pueden resumir a sobrevivir el presente, sino a proyectarnos hacia el futuro, mediante nuestras aspiraciones, deseos, y sueños. Salir triunfante de la guerra actual por la sobrevivencia abandonando todo al poder del Estado sería no solo una derrota de la democracia, la libertad y de la esencia de la vida misma. También nos pondría en grave desventaja frente a la lucha que viene, la verdadera amenaza de la humanidad en su totalidad: la crisis ecológica”.

Ilán Bizberg es investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.

Fuente: www.elpais.com

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Opinión

Salta en “código rojo”: pobreza y desocupación

La pandemia generada por la covid-19 ya causó más de 20.000 contagios y un millar de muertes en la provincia, pero sobre todo agudizó las diferencias sociales imperantes en este rincón del país. Las estadísticas indican que Salta ostenta números alarmantes, sin embargo hay toda una clase política que parece desentendida del asunto.

Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares, que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística y Censos, analizaron 181.055 hogares en Salta, que comprenden a unas 638.285 personas. A partir de ese análisis se conoció que el conglomerado urbano de Salta -conformado por Capital y alrededores- tuvo una baja en los índices de pobreza e indigencia, que alcanzan ahora un 41,7%. Esta tendencia fue a contramano del incremento general que hubo en el país. Lo mismo se dio con la indigencia, ya que el número salteño llegó a 10,3%, mientras que el promedio en Argentina es de 10,5.

En este análisis Salta también presenta otra particularidad. No registró vaivenes como consecuencia de la pandemia. El pico de pobreza lo alcanzó en el segundo semestre de 2019 con 45,5%, y esa cifra se repite en primer semestre de 2020.

Actualmente, son 248.748 los pobres en el área metropolitana salteña, 22.766 menos que en la primera mitad del año pasado, cuando el total ascendía a 265.982 Con baja y todo, sigue siendo una cifra elevada, que se agrava con los 66.012 indigentes. Los hogares debajo de la línea de la pobreza llegan a 56.464 (31,2%), mientras que en la indigencia son 14.098 (7,8%).

La merma en las cifras no da margen a celebraciones. A pesar de esto la respuesta política es escasa o mejor dicho nula. En un mes de trabajo ordinario, los 21 concejales de la ciudad no dijeron nada al respecto. Tampoco trataron Ordenanzas en relación al tema. El silencio replicó en ambas cámaras de la Legislatura y en el Centro Cívico Grand Bourg.

Trabajo no hay

Al finalizar el 2019 había 270.000 salteños ocupados en un trabajo, mientras que al concluir el 2020 ese número se redujo a 260.000. Estas cifras del Indec resultan paradójicas porque el índice de desempleo también bajó en un año de 10,3% a 9%.

Hasta 2019, en Salta se registraban unos 31.000 desocupados, mientras que en el ocaso de 2020 los desocupados en la provincia se ubicaban en 26.000. La caída de la cantidad de personas empleadas y el menor número de desempleados, radica, según el organismo oficial, en que habría un abandono de por lo menos 10.000 personas en la búsqueda activa de trabajo.

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Para el INDEC, en Salta capital y alrededores hoy viven 639.000 personas en total, de las cuales 286.000 son económicamente activas, 260.000 tienen trabajo y 26.000 están desocupados. Un dato no menor es que también hay 66.000 personas que ya tienen un trabajo, pero se encuentran buscando otro.

En tanto en el 2019 había 632.000 habitantes en Salta, 301.000 eran económicamente activos, 270.000 ocupados, 31.000 desocupados y 48.000 personas estaban subocupadas.

A nivel regional la desocupación de Salta es la segunda, solo por detrás de la que se registra en Tucumán, que llega al 9,5%. En promedio, las provincias del NOA tienen un 7,2% de desocupados.

Estos números, tan fríos como reales por las historias que esconden atrás, todavía esperan ser tenidos en cuenta.

Por Nahuel Toledo – Periodista 18/03/21

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Opinión

Reforma Constitucional en Salta: ¿Y la educación?

El contexto de pandemia develó una serie de falencias que deberían obligar a los salteños a reconocer sus verdaderas prioridades y actuar al respecto.

El Gobierno desea avanzar este año con la reforma de la Constitución Provincial, y más allá del debate originado relacionado principalmente con la ocasión de hacerlo, plantea la oportunidad de un debate histórico sobre el futuro de la provincia y el rol de la Educación para alcanzar cualquier meta de crecimiento y desarrollo que se proponga.

Hasta ahora el debate y el interés de las autoridades expresadas a la sociedad están centrados en la duración de los mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces, el mandato de los concejales y la composición de los organismos de control.

¿Y la educación?

Los inconvenientes que está originando la “bimodalidad” en los establecimientos educativos, principalmente de gestión estatal, este año (por no mencionar lo ocurrido en el 2020) y la complicada reconexión de los niños y jóvenes con la escolaridad presencial actual demuestra con crudeza qué poca importancia estratégica le otorga la sociedad y las autoridades públicas a la educación.

Hasta ahora todo indica que nuestros dirigentes involucrados con la reforma estarían pasando por alto el drama educativo que afecta especialmente a los salteños y que se agravó con la COVID-19, como si la educación no fuera un derecho esencial.

No pareciera estar contemplado como punto clave de la reforma cuáles son los aspectos y las perspectivas que refieren a la proyección de las necesidades y soluciones educativas que impone el siglo XXI.

La actual Constitución que se pretende reformar fue sancionada el 2 de junio de 1986, reformada parcialmente, concordada y sancionada por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 y jurada el día 8 del mismo mes y año. Desde ese entonces a hoy hubo cambios normativos y de contexto que afectaron sustancialmente a la cuestión educativa a nivel nacional y que la Constitución local aún no refleja explícitamente.

Una oportunidad histórica

Podría ser una oportunidad histórica, que impone el tiempo actual, para actualizar las bases sobre la que se asienta el sistema educativo salteño; personalmente incluiría primordialmente en el debate al actual art. 49, que habla de las bases del sistema educativo local y el art. 76 relacionado al mismo, para destacar la importancia de la educación en el Desarrollo Económico y Social de la provincia. Algo semejante a lo que ocurrió en la última reforma de la Constitución nacional cuando se incorpora la “cláusula de progreso” y la relaciona directamente con los aspectos educativos.

Si bien es cierto, la ley de Educación 26206 contempla varios aspectos de los mencionados, estableciendo el derecho de los alumnos a desarrollar sus aprendizajes con instalaciones y equipamiento adecuados, que aseguren su calidad (art. 126, inciso j), sabemos por experiencia que el principal factor de incumplimiento de este derecho es la insuficiencia de recursos estatales para garantizar la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Esto genera en muchas provincias diversos problemas: falta de aulas y de conectividad en las escuelas y espacios educativos adecuados, falta de instalaciones dignas, calefacción, equipamiento, entre otros.

Otro problema que se debe poner en la mesa de debate es el relacionado con la necesidad de contar con datos del sistema educativo en general y en particular sobre el nivel socioeconómico de los alumnos de cada escuela para la toma de decisiones, además de ser un factor que promueve condiciones poco justas y equitativas de distribución de los recursos estatales para la infraestructura escolar.

La actualización de la Constitución podría sentar las bases para que estos temas sean objeto de posterior legislación provincial.

Me refiero específicamente a las cuestiones relacionadas con la calidad educativa y la educación y formación profesional de los trabajadores a lo largo de la vida, que posibiliten el desarrollo de las personas y la región, además de permitirles el acceso a un trabajo digno e inclusivo que permita reducir brechas y desigualdades. Cabe destacar que la calidad de la vida humana depende cada vez más de propuestas educativas que abran acceso al conocimiento, incorporen las nuevas tecnologías, se integre al mundo y consoliden valores fundamentales.

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Un tema crucial, que dejó al desnudo la pandemia y que debería destacarse, son los relacionados con las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento que garanticen a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación; pero que no solo esté relacionado con las condiciones edilicias, sino de conectividad y recursos que se deben disponer para la bimodalidad.

Calidad Educativa

Es evidente que la pandemia profundizó la desigualdad por muchos motivos.

Fue desesperante la baja capacidad operativa y de gestión que han demostrado la administración provincial y el propio Gobierno nacional ante la pandemia, inclusive a la hora de planificar y poner en marcha acciones que ayuden a paliar los efectos de COVID-19. Un tema no menos importante y que prácticamente no está contemplado es el de la calidad y debería incorporarse.

El derecho a la educación con materiales pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas entre los/as alumnos/as y escuelas y un Estado presente que tenga la obligación de distribuir materiales y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y de calidad para todos los alumnos es fundamental.

Un ejemplo de esto, computadoras con acceso a internet y materiales de consulta para docentes y padres. Es importante considerar que estos materiales forman parte del eje de la calidad educativa, dado que tienen claros fines pedagógicos y deben ser elaborados por equipos profesionales de especialistas.

La Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) establece la obligación del Estado de dotar a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad (incluyendo equipamientos científicos y tecnológicos, bibliotecas y demás recursos pedagógicos), dando prioridad a aquellos establecimientos que atienden población en situación económica desfavorable (art. 85).

Asimismo, la mencionada ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y su creación en aquellas escuelas donde aún no se hayan desarrollado (art. 91). Por otra parte, dedica un apartado a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, haciendo hincapié en la incorporación de estas herramientas en el proceso de enseñanza – aprendizaje (arts. 94 a 99). La Constitución local debería contemplar este aspecto explícitamente para que se garantice este derecho.

Contemplar la calidad educativa expresamente también implica velar por el derecho a la educación, con docentes bien preparados y actualizados permanentemente, capaces de desarrollar prácticas pedagógicas y curriculares adecuadas y significativas, ya que la formación y capacitación de los docentes es un aspecto central de la calidad educativa, ya que el cuerpo docente es el principal determinante de los procesos de enseñanza.

Sentar las bases para el derecho a una educación de calidad que garantice altos niveles de conocimientos básicos comunes y capacidad para el aprendizaje autónomo y socialmente significativo a lo largo de toda la vida es clave. Los aprendizajes de los alumnos deben ser adecuados, actualizados y significativos, para que se cumpla plenamente su derecho a la educación. El Estado es el garante de este derecho y debe generar las condiciones necesarias para su cumplimiento.

Animarse a poner en agenda y meterse en el debate profundo de la educación que necesitamos que propicie el progreso de Salta para salir de la pobreza es la oportunidad y el desafío que se podría poner en agenda.

Por Silvia Alvarez                                                                                                                 23/03/21

* Silvia Álvarez coordinó los encuentros virtuales “Desafíos de la educación digital que viene” (Ucasal)

Fuente: www.eltribuno.info

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Opinión

Vacunación en Latinoamérica: entre la necesidad y el escándalo

El hecho de que se han logrado crear vacunas para enfrentar el Coronavirus, ha generado esperanzas de lograr superar la enfermedad y evitar mas muertes de seres humanos. Una serie de laboratorios, algunos privados y otros estatales, las comenzaron ha desarrollar y a vender a escala mundial.

Uno de los problemas que se han presentado, desde el comienzo, ha sido la imposibilidad de cubrir la enorme demanda, dado lo extendido de la enfermedad y el surgimiento, de nuevas olas de contagio. Por eso, en la mayoría de los países se dio prioridad en el acceso a la vacunación a personas vinculadas a los servicios de salud y seguridad. Además de los grupos de riesgo.

Pero a estas dificultades, se han agregado, una serie de casos y situaciones que muestran, graves irregularidades a la hora de aplicarlas a las personas que lógicamente eran prioritarias.

Argentina y Perú

Hemos vistos que en estos dos países han sucedido algunos de los casos mas graves. En nuestro país se ha llegado a destituir al Ministro de Salud, por haberse comprobado que gestionó de manera personal, el suministro de vacunas a amigos y parientes. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia, aún cuando el funcionario era, uno de sus más cercanos y confiables colaboradores.

Pero a partir de esta situación se conocieron muchos más casos, en los que quedó en evidencia no sólo la falta de organización, sino también, evidentes actos de corrupción, como la falsificación de documentación para acceder a la vacuna por parte de personas cercanas al gobierno. Esto también se dio con administraciones provinciales y municipales.

En Perú al menos 487 personas entre los que se cuentan el ex presidente Martín Vizcarra, varios miembros de su gabinete y también funcionarios del actual gobierno de Francisco Sagasti, fueron vacunadas de forma que se sospecha irregular a finales de 2020.

Los involucrados recibieron dos dosis de la vacuna que llegó a Perú como un cargamento extra cuando el país era parte de la fase III del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, que ya mostraba resultados prometedores.

Así este grupo de casi 500 personas -que también incluía a familiares y amigos de funcionarios, ministros y otros políticos peruanos- tuvo acceso privilegiado y secreto a la vacuna a finales de 2020.

Paraguay

Paraguay inició el pasado lunes 22 de febrero la campaña de vacunación contra el coronavirus con 2.000 trabajadores de la salud que recibieron la vacuna Sputnik V durante esta primera etapa. En tanto, horas antes de empezar la campaña de vacunación, el ministro de salud del país, Julio Mazzoleni había lanzado una advertencia desde su cuenta de Twitter: “A quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas se lo va a destituir”.

De todas formas, Paraguay solo dispone de 4.000 dosis de Sputnik V, que arribaron al país como parte de un lote de un millón de vacunas adquiridas al Fondo Ruso de Inversión Directa. Se espera recibir 4,3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, una coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud que busca brindar un acceso global equitativo a las vacunas.

Chile

En Chile para el 25 de febrero se habían vacunado 3.125.171 lo que representa el 16% de la población, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Es decir, más del 20% de la población objetivo (15,2 millones) ha recibido al menos una de las dos dosis. Y aunque si bien solo 55.500 personas han recibido la doble dosis –un 0,4% del total–, es el país de América Latina que se encuentra a la cabeza de las inmunizaciones y está entre los más destacados del mundo. Puesto que las estadísticas de Our World in Data de la Universidad de Oxford sitúan a Chile como el quinto país con más dosis puestas por cada 100 habitantes, solo por detrás de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

Hasta el momento, Chile ha firmado acuerdos para vacunas con los laboratorios de Pfizer /BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson y del mecanismo COVAX. Y espera entonces recibir más de 10 millones de dosis de Sinovac (4 millones llegarán antes que inicie marzo), 10 millones de Pfizer/BioNtTech (se espera que se complete una carga de 2 millones de dosis para antes de marzo) y 11 millones de dosis de AstraZeneca (5 millones de dosis para abril o mayo), Johnson & Johnson (ha comprometido 4 millones) y la alianza Covax. Las autoridades sanitarias estudian, además, la posibilidad de comprar ocho millones de dosis de Sputnik V a los rusos.

Uruguay

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Uruguay es el último país de Sudamérica al que le han llegado vacunas, ya que se espera que para el fin de semana de publicación de este artículo arriben las primeras dosis de la vacuna del mecanismo COVAX a las que se sumarán más de tres millones de dosis de Pfizer (que empezarán a llegar a los primeros días de marzo) para alcanzar las 700.000 vacunados por mes según planes del Gobierno. La “demora” en el arribo de vacunas ha generado críticas junto a pedidos de explicaciones por parte de la oposición al Gobierno de Lacalle Pou. 

Brasil

Hasta el 25 de febrero, Brasil ha inoculado a 6.002.050 personas lo que representa casi el 3% de su población de 210 millones de personas, aunque el Ministerio de Salud puso como población objetivo a 170 millones excluyendo a menores de 18 años, mujeres embarazas y personas contraindicadas para recibir la dosis. En tanto, el Ejecutivo firmó un acuerdo con la farmacéutica india Bharat Biotech para adquirir 20 millones de dosis de Covaxin, que aún no ha sido aprobada en el país.

El Gobierno ha dicho que tendrán prioridad los trabajadores de la salud y del sector educación, la población indígena, mayores de 60 y hasta 74 años, comunidades ribereñas, desamparados, personas con antecedentes de salud de riesgo, fuerzas de seguridad, transporte y reclusos. Las vacunas se distribuyen a los estados y municipios, que son los encargados de establecer mecanismos de aplicación de la vacuna.

Por lo tanto, las vacunas ya incluidas en los acuerdos previos son AstraZeneca /Oxford y Sinovac (China) de las cuales esperan recibir 46 millones de dosis de la vacuna (6 millones listas para aplicar y la materia prima para crear 40 millones más).

Venezuela

El país se encuentra como es sabido, en una situación extremadamente excepcional, tanto en lo político como en lo sanitario. Desde el comienzo de la crisis provocada por la Pandemia, además, el acceso a información independiente y confiable sobre la situación del país ha sido casi nula.

Lo que se ha conocido, porque además, el mismo Nicolás Maduro y miembros de su fuerza política lo dieron a conocer, es que se dio prioridad a militantes y partidarios, convirtiéndose en uno de los casos mas flagrantes de desigualdad y corrupción.

La desigualdad y la falta de confianza

Mucho se ha hablado sobre qué cambiaría en la humanidad a partir de la Pandemia. Ciertamente, en ámbitos como los tecnológicos, comunicacionales y económicos, las transformaciones parecen mas evidentes y hasta obvias. Pero en lo político y social, no. Claramente no.

Varias administraciones están haciendo las cosas bien, pero la desconfianza, nos parece, ha crecido a raíz de que son muchos los casos que muestran irregularidades. Estamos en el momento justo para revertir la situación.

Los ciudadanos debemos estar más atentos que nunca, a la hora de exigir que se cumplan las normas y las leyes que permitan una distribución justa y equilibrada de las vacunas. Es un tarea en la que, las redes sociales, con todos sus límites, pueden servir de instrumento, para mostrar y denunciar irregularidades.

Las fallas de nuestras democracias en Latinoamérica particularmente, aparecen en toda de su magnitud en situaciones como una Pandemia. Cierta corrupción estructural sigue siendo un drama, nos referimos sobre todo al rol y modo de acción del funcionario público. Los actos contrarios a la ley, que se reflejan en el continuo aprovechamiento de la función pública para beneficio personal, generan una constante desconfianza en el sistema político.

Queda mucho por hacer, para mejorar en nuestras democracias, sobre todo en materia del control de la corrupción en el ejercicio de la función pública. Pero en esta situación de emergencia en la que está en juego la vida de millones de personas, estamos más obligados a evitar de manera firme, todo tipo de injusticia en la distribución de las vacunas. Una tarea, reiteramos, en la que los ciudadanos todos, debemos participar.

Por Bruno Iriarte y Fernando González                                                                 28/02/2021

Fuentes: www.bbc.com/mundo – www.elmundo.es – www.ourworldindata.com – www.cnnespanol.com

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